Saiz, sobre las dudas de sostenibilidad de las pensiones: "Activar la cláusula no sería dramático"

Alerta en las pensiones: en un año habrá un nuevo examen para saber si hacen falta ajustes

El Gobierno pide otro informe a la AIReF sobre pensiones ante las presiones de Bruselas

"No existe un número mágico de la sostenibilidad. Es decir, no hay una cifra a partir de la cual alguien pueda concluir que un sistema de pensiones es sostenible o no", ha afirmado la ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz, en su comparecencia ante el Pacto de Toledo.

Lejos de la contenida euforia que el Gobierno expresó hace dos meses, al conocer el examen de la (@AIReF_es) a la reforma de pensiones (informe sobre la regla de gasto), este lunes Saiz ha defendido que los números les hacen ser positivos, pero aun así, el Gobierno va a cambiar las reglas de evaluación (reforma del Real Decreto 100/2025, de 18 de febrero) y, en lugar de esperar hasta 2028, ha pedido a la AIReF un informe adicional antes del 1 de junio de 2026, "para tener una imagen actualizada de la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones".

Durante su comparecencia de este lunes, la ministra se ha mostrado cauta y ha pedido prudencia para no confundir ni asustar, "ya que cuando los ciudadanos escuchan que el sistema no es sostenible, lo que entienden es que no cobrarán su pensión el próximo mes".

Sin embargo, sobrevuela la duda y hasta cierta alarma, puesto que este adelanto del chequeo al sistema se produce tras conocer que el nivel de gasto está dentro de los límites, pero por un límite bastante justo, pues el tope es de un gasto medio neto del 13,3% del PIB y ahora mismo está en el 13,2%.

No obstante, ante las dudas del Pacto de Toledo sobre la sostenibilidad del sistema, la ministra ha quitado dramatismo a una eventual activación de la cláusula de cierre en pensiones, asegurando que este mecanismo "garantiza la sostenibilidad a largo plazo. Si se detecta un exceso de gasto, el Gobierno debe proponer nuevas medidas y aprobarlas con las mayorías suficientes, cuyo impacto corrector será evaluado por la AIReF", ha explicado.

"No debemos ver la acción de la cláusula como algo catastrófico. Está precisamente para dar certidumbres, no para generar miedo. Si no se llegara a un acuerdo, la Ley lo que establece es que se activaría este mecanismo automático" para salvaguardar la sostenibilidad.

Ni un año de respiro 

Pero lo cierto es que, según el informe de la AIReF, la sostenibilidad de las pensiones pende de un hilo, en concreto, de una décima de Producto Interior Bruto (PIB). Y que en menos de un año, este organismo fiscalizador va a evaluar de nuevo la senda de ingresos y gastos de la Seguridad Social, y de su análisis dependerá el que se tengan que adoptar o no nuevas medidas de ajuste.

Y mucho antes, en noviembre de 2025, el Pacto de Toledo tiene que iniciar la elaboración de unas "nuevas recomendaciones al cumplirse cinco años de la aprobación de las que están en vigor", ha detallado Elma Saiz durante su comparecencia en el Congreso. Con esto, les ha puesto deberes a los grupos políticos de esta comisión parlamentaria, que puede recomendar asimismo nuevas medidas de sostenibilidad del sistema.

A vueltas con las transferencias a la Seguridad Social

La intervención de la ministra en el Pacto de Toledo había generado expectación también por un posible choque con la AIReF, que en su informe del 31 de marzo ha incluido transferencias del Estado por valor de 0,3 décimas del PIB en la casilla de ingresos a la hora de examinar el gasto de pensiones. Y también ha sido muy crítica con la salud financiera de las administraciones públicas a largo plazo.

Tras publicarse el informe, Bruselas ha exigido al Gobierno que excluya las transferencias de la partida de ingresos, lo que podría dificultar que se cumpla con los límites fijados para determinar si el gasto está en niveles sostenibles.

Saiz no se ha pronunciado acerca de la nueva exigencia de Bruselas, pero ha dicho que su departamento tiene "algunas diferencias técnicas" con los cálculos que ha hecho la AIReF para estimar los ingresos. Eso sí, ha subrayado que "es una institución independiente" y en consecuencia, "le corresponde diseñar su propia metodología para valorar los impactos, incluido el gasto de las transferencias".

La nueva jubilación anticipada

Ante el Pacto de Toledo, la ministra ha avanzado algunos aspectos sobre el anticipo de la edad ordinaria de jubilación a algunas profesiones penosas, tóxicas o insalubres y que acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad.

Aunque el trabajador cese en su actividad laboral antes de haber cumplido la edad legal de jubilación, conservará su derecho a percibir íntegra la pensión de jubilación que le habría correspondido si el cese se hubiera producido una vez cumplida aquella edad, considerándose los años de bonificación de la edad hasta la edad ordinaria como tiempo cotizado.

Pero, eso sí, "la premisa clave es que el establecimiento de estos coeficientes reductores de la edad de jubilación solo procederá cuando no sea posible la modificación de las condiciones de trabajo", ha explicado la ministra.

En cuanto a los Indicadores objetivos, cuentan tanto las contingencias profesionales como las comunes (una novedad respecto al anterior procedimiento), y cuentan también la edad de la persona trabajadora y su género. "Sí, Señorías, estos indicadores por primera vez tendrán una perspectiva de género, de hecho la norma prevé la creación de un grupo de trabajo a fin de analizar y evaluar la dimensión de género en la fijación de coeficientes reductores de la edad de jubilación en aquellas ocupaciones o actividades profesionales con mayor presencia femenina", ha subrayado.

La aplicación de coeficientes reductores llevará ligado un incremento en la cotización a la Seguridad Social para ese colectivo, que se fijará en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada año. Este incremento consistirá en aplicar un tipo de cotización adicional sobre la base de cotización por contingencias comunes, tanto a cargo de la empresa como de la persona trabajadora. "Quiero dejar claro que en ningún caso la aplicación de los correspondientes coeficientes reductores podrá anticipar la edad de jubilación de los trabajadores a una edad inferior de 52 años", ha remachado Saiz.

Pico de tensión por el baby boom: 2030-mitad 2040

El fuerte incremento del gasto en pensiones, previsto hasta 2050, se deriva básicamente del empeoramiento de la ratio de dependencia (esto es, la relación entre la población inactiva de 65 años o más y la población empleada entre 20 y 64 años), es decir, del mayor número de 19 personas mayores sobre la población en edad de trabajar.

Así, bajo el escenario del Ageing Report (Comisión Europea), España pasaría de tener una población en la que 1 de cada 5 personas tienen más de 65 años, a que sean 1 de cada 3 en 2050. En este contexto, ha detallado la ministra, "es indudable que el gasto en pensiones crecerá de forma natural. Si tenemos un mayor segmento de la población en ese grupo de edad, es entendible que dediquemos más recursos".

Este envejecimiento no es un fenómeno que afecte únicamente a nuestro país, sino que hay un empeoramiento de la ratio de dependencia se produce en todo el continente. 

"Dado el reto del envejecimiento, en las próximas décadas, nuestro país experimentará tensiones demográficas inevitables, el grueso de cuyo efecto se concentrará entre 2030 y mediados de 2040", según cálculos del Gobierno.

Sin noticias de la reforma del plus de brecha

España está obligada a reformar el complemento de brecha de género en las pensiones contributivas, después de que la reciente sentencia del TJUE (Tribunal de Justicia de la UE) haya declarado que este plus discrimina a los hombres. En la actualidad, lo cobran 901.977 mujeres pensionistas. 

Los sindicatos CCOO y UGT reclaman al Gobierno que lleve a cabo una reforma "urgente" del complemento destinado a reducir la brecha de género. Así lo han demandado en la Mesa de Diálogo Social al Ministerio, poniendo de relieve que es necesaria una rápida adaptación de la normativa a la última sentencia del Tribunal de Justicia de la UE.