El vodevil con los jubilados anticipados con largas carreras

El vodevil con los jubilados anticipados con largas carreras Miia

Con la celebración de las próximas elecciones generales, se cumplirá una nueva etapa en el vodevil político y sindical en que se ha convertido el trato al colectivo de pensionistas jubilados de forma anticipada con 40 o más años cotizados y que ven su pensión penalizada para toda su vida, como una suerte de cadena perpetua (en este caso, una condena ni siquiera revisable).

Un vodevil se caracteriza por enredos, infidelidades y un continuo abrir y cerrar de puertas. Este es justamente el trato recibido por nuestro colectivo. A lo largo de más de 10 años, se ha logrado que Congreso, Senado y 16 Parlamentos autonómicos hayan aprobado Proposiciones no de Ley (PNL) y Mociones (algunas votadas por unanimidad por todos los grupos políticos) para eliminar las penalizaciones. Sin embargo, se trataba de figuras no vinculantes (no obligan), y el Gobierno sencillamente ignoró las mismas, en lo que suposo un claro ninguneo a las máximas instituciones democráticas del país y, en consecuencia, un desprecio a la ciudadanía que éstas representan. 

Este año 2026, PSOE y PP votaron en junio en contra de una enmienda (vinculante) para eliminar las penalizaciones. Finalmente, en septiembre fue aprobada la ”toma en consideración” de una Proposición de Ley de Podemos en el Congreso (vinculante) con la abstención de PP y voto negativo de Vox. Ya se había pasado a la etapa de presentación de enmiendas. Varios grupos que votaron 'sí', en su intervención en el Congreso dejaron entrever cómo serían sus futuras enmiendas (un eufemismo de lo que en realidad suponen recortes a la PL). La portavoz de Sumar anunció un trato diferente a las jubilaciones anticipadas según fueran voluntarias o involuntarias, así como establecer una tabla que relacionara los años cotizados con una diferente edad para poder acogerse a la jubilación. Por su parte, el portavoz del PSOE reclamó la necesidad de análisis en el Pacto de Toledo (lo mismo el PP).

El anuncio de elecciones generales ha supuesto la disolución de las Cortes y que esa PL haya decaido y se tenga que empezar de nuevo el proceso después de las elecciones. Sin embargo, el Gobierno anunció que todos los martes previos a las elecciones, se establecerían medidas sociales a través del Consejo de Ministros. Lamentablemente, ninguna de las medidas anunciadas hasta ahora han sido para paliar la injusticia con el colectivo de pensionistas con largas carreras de cotización, a pesar de su voto afirmativo en el Congreso. El vodevil continúa. Otra puerta “abierta” que se vuelve a cerrar.

A nivel de Europa, en septiembre 2025 fue aprobada la admisión a trámite, en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, de una denuncia por discriminación a este colectivo interpuesta por cerca de 2.000 pensionistas. En ese caso, la representante del PSOE ni siquiera se presentó a la sesión de votación y Vox votó a favor (en otro ejemplo de múltiple hipocresía política). Esa Comisión remitió carta al Gobierno Español en noviembre 2025 exigiendo explicaciones al respecto de esa discriminación. Pues bien, el Gobierno de España, 12 meses después, no se ha dignado responder al Parlamento. Es indignante.

Como se puede observar, han sido 10 años de cambio continuo en la orientación de los votos, dependiendo de si la figura a votar era vinculante o no, en un espectáculo bochornoso de incoherencia y falta de principios políticos. La consecuencia de todo ello es que la injusticia e indignidad que sufre ese colectivo continúa vigente, mermando la cuantía de su pensión de por vida.

Destacar asimismo la respuesta oficial de la ministra de Seguridad Social en el Congreso. Afirma que la solución a las largas carreras de cotización ya se produjo en la Reforma 2021, por medio de la creación de un “complemento”. Pues bien, los datos oficiales del propio Ministerio la desmienten. En efecto, ese “complemento” de una media de solo 28 euros mensuales, lo percibe únicamente el 10% de los afectados y representa el 1,5% del importe de las penalizaciones. En definitiva, el 90% del colectivo y el 98,5% del importe de las penalizaciones continúa penalizado con la misma intensidad. Ese “complemento” no llega a ser ni un ridículo parche. Esta es la triste realidad de ese mal llamado “complemento”.

Hasta aquí el relato y crónica de un nuevo acto del sainete y farsa política vívida en los 10 últimos años y que está actualmente llegando a su clímax, justo antes del acto de desenlace y apoteosis.

Veamos a continuación, de forma resumida y esquemática, los hechos y datos (realidades objetivas y estadísticas oficiales) que los grupos políticos están negando al colectivo cuando no aceptan eliminar las penalizaciones:

1.- Es negar el principio de contributividad que establece el Pacto de Toledo, en base al cual el esfuerzo (años de cotización) ha de mantener relación equilibrada con las prestaciones (pensión). ¿Qué mejor ejemplo de Contributividad que haber cotizado 40 o más años?

2.- Es negar la triple discriminación respecto a:

   a) Propio RGSS y Autónomos. Donde 36 años y 6 meses son suficientes para cobrar la pensión completa. Anteriormente eran solo 35 años.

   b) Clases Pasivas del Estado. Se pueden jubilar a los 60 años, con 35 de servicio y pensión completa.

   c) Regímenes especiales (taurinos, artistas, Policia local y autonómica, etc.) que se pueden jubilar a los 59/60 años, con 35 de servicio y pensión completa.

3.- Es negar que tanto el Pacto de Toledo como los reglamentos de las Clases Pasivas del Estado y los regímenes especiales establecen “derechos adquiridos” que les protegen ante cambios en la Ley. Sin embargo, el RGSS y Autónomos se ven continuamente afectados por cambios como, por ejemplo, que la edad ordinaria de jubilación pase de 65 a 67 años o que los años de cotización para recibir pensión íntegra hayan pasado de 35 a 37 (en 2027). Es una discriminación de libro.

4.- Es negar que el Informe del anterior ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, al Pacto de Toledo (PT), en el que se fundamentó la Reforma 2021, aparte de mostrar datos tergiversadores y sesgados, de forma y manera inaceptable, ni siquiera facilitó estudio actuarial alguno que avalara su informe. Era un requerimiento imprescindible. Ese informe, sorprendentemente, a pesar de ser decisivo, no fue respondido ni comentado por ningún miembro del PT (de ningún grupo político). Tampoco los sindicatos participantes en la Mesa de Diálogo Social hicieron mención alguna. En su día publiqué en prensa mi respuesta a ese informe infame.

5.- Es negar que, de acuerdo con datos oficiales, la reforma 2021 de Escrivá no solo no ha disminuido la discriminación que sufre el colectivo, sino que la ha aumentado. En efecto, la edad de jubilación anticipada y los años cotizados en el momento de la jubilación solo han aumentado en RGSS y Autónomos. Sin embargo, en Clases Pasivas del Estado y regímenes especiales incluso han disminuido.

6.- Es negar que España es el único país de nuestro entorno geográfico y social que no establece un número de años de cotización que aseguran jubilación anticipada sin penalizaciones. Es negar que 40 años son suficientes, por ejemplo, en Francia, Grecia, Luxemburgo, etc.

7.- Es negar que la situación en España es especialmente negativa. De acuerdo con las estadísticas de la Comunidad Europea, somos un país situado en los primeros puestos de desempleo en mayores de 50 años y en desempleo de larga duración, el cual afecta de forma mayoritaria a mayores de 50 años.

Es negar que diversos estudios muestran que en España el desempleo entre el colectivo de mayores de 50 años es estructural y crónico. El edadismo es la triste realidad en nuestro país.

En este contexto tan negativo, ¿alguien puede negar que esta situación aboca a la jubilación anticipada penalizada?

8.- Es negar que, de acuerdo con las estadísticas oficiales del Ministerio de Trabajo, los accidentes de trabajo mortales y graves tienen muchísima más incidencia entre los trabajadores de más de 50 años. 

Diversos estudios, como el de Fedea, advierten de las consecuencias negativas en la salud de los aumentos en la edad de jubilación. 

Necesario también revisar los datos relativos a enfermedades crónicas y su relación con las largas carreras de cotización. Asimismo, el coste social y económico que ello representa.

9.- Es negar que el coste anual oficial de eliminar las penalizaciones (3.300 millones de euros) supone únicamente el 1,7% del gasto en pensiones. Para ponerlo en contexto, el aumento de las pensiones 2027, de acuerdo con el IPC estimado a noviembre, representará un aumento mínimo del 3,6%.

10.- Es negar que ese coste bruto de 3.300 millones de euros, en realidad para las arcas públicas es un neto muy inferior. Habría que descontar el IRPF a tipo marginal de cada pensionista, así como el IVA por mayor consumo que ingresaría Hacienda. Otras ventajas son por ejemplo la creación de empleo fruto de un mayor nivel de consumo.

Hasta aquí el decálogo resumido de evidencias, hechos y datos oficiales objetivos.

Para aquellos grupos políticos (como el PP) que discuten que la eliminación de penalizaciones se aplique a los pensionistas actuales (proponen que sea solo para los futuros), recordarles que estas personas iniciaron su actividad laboral con 14,15 o 16 años. Que compaginaron trabajo con estudio nocturno. Que trabajaron con unas condiciones de seguridad e higiene lamentables. Además, con jornadas laborales de hasta 48 horas semanales (hoy en día se quiere pasar a 35), con permisos y dias de vacaciones muy inferiores a los actuales (recuerdo que eran 21). En realidad, en unas condiciones que actualmente serían consideradas intolerables y sancionables. Sería bueno que sus señorías preguntaran a sus padres cuáles eran las condiciones de trabajo en los años 50, 60 y 70. Pregunten por favor.

He oido también voces que, para justificar el inmovilismo, afirman que la Ley está para ser cumplida y que las penalizaciones son Ley y, en consecuencia, deben cumplirse. Mi respuesta es que una Ley ha de ser justa y si no lo es, hay que modificarla.

En los últimos años diversas leyes relativas a pensionistas han tenido que ser modificadas por sentencias de Tribunal de Justicia Europeo o por el Tribunal Supremo.

Mantener una Ley a sabiendas de que es injusta equivale a prevaricar.

Más de 900.000 personas están afectadas por las penalizaciones. No es solo un número, no. En realidad son 900.000 historias personales.

Más de 900.000 personas esperan el fin de esa injusticia, indignidad y discriminación.

El Gobierno está todavía a tiempo de ser coherente con lo que votó en septiembre de 2026. Puede hacerlo, a través del Consejo de Ministros, en lo que ha denominado “martes sociales” hasta las elecciones. Tiene los apoyos suficientes en la Diputación Permanente. Si no lo hace es porque no quiere. Esta es la realidad.

No más excusas. No más “marear la perdiz”.

Cada cual debe ser responsable de sus actos y también de sus inacciones.

Dicho esto, también se debería esperar, en un marco de coherencia política, que los grupos que votaron 'sí' a Ia a la PL de septiembre expresaran una queja formal y pública ante la inacción del Gobierno y que incluyeran en sus programas electorales de forma explícita el texto de lo solicitado en la PL: eliminación de las penalizaciones a las personas jubiladas antes de la edad ordinaria que cuentan con 40 o más años cotizados.

Respecto de los sindicatos “mayoritarios”, especialmente UGT, prefiero no decir nada porque sería algo realmente muy grueso. Creo que así queda suficientemente claro lo que han hecho con nuestro colectivo.

Estaremos muy pendientes del proceder de cada grupo político.

Las elecciones generales del 29 de noviembre están cada vez más cerca. Nuestro colectivo está altamente sensibilizado y movilizado. 

Hay mucho en juego. Basta de hipocresía.

Se trata de un tema de justicia. Se trata de un tema de dignidad.


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