36 horas en urgencias con 70 años: el colapso sanitario que deja atrás a los mayores portugueses
Un hombre de 70 años pasó 36 horas olvidado en las urgencias del Hospital Amadora-Sintra
Las cifras, por sí solas, ya deberían bastar para provocar un terremoto político. Pero en el Portugal de septiembre de 2026, las esperas de 11 horas en urgencias se han convertido en paisaje cotidiano, en dato estadístico que se lee con la misma indiferencia con que se consulta la previsión meteorológica. Hasta que alguien pone nombre y edad a la estadística. João tiene 70 años y es enfermo crónico. El sábado 29 de agosto, tras ser derivado por el INEM desde su casa en Massamá, ingresó en las urgencias del Hospital Fernando da Fonseca —conocido como Amadora-Sintra— a las tres de la tarde con síntomas compatibles con un accidente cerebrovascular, algo que ya había sufrido en 2024. No salió de allí hasta la madrugada del lunes 31 de agosto: treinta y seis horas después. Su expediente, según relató su esposa Maria do Céu al diario Observador, había quedado literalmente «olvidado».
Al día siguiente, una mujer de 96 años fue trasladada por los bomberos al mismo hospital. Esperó 16 horas sentada en una silla, sin cama disponible, sin ser observada por ningún médico. «Es inhumano», declaró su hija Teresa Trindade a SIC Notícias. Y añadió algo que debería avergonzar a cualquier responsable político: «No tengo nada que decir del personal, son esforzados, intentan hacer lo mejor, pero sin huevos no se pueden hacer tortillas».
Estos dos casos no son incidentes aislados en un mal fin de semana. Son la manifestación más cruda de una crisis estructural que lleva años gestándose en el Serviço Nacional de Saúde (SNS) portugués y que golpea con especial saña a quienes más dependen de él: los mayores. El Hospital Amadora-Sintra —que atiende a más de 300 pacientes diarios en urgencias, muchos de ellos sin médico de familia asignado— lleva meses registrando tiempos de espera que triplican, cuadruplican y hasta multiplican por once lo recomendado por el protocolo de triaje de Manchester, que establece una hora como plazo máximo para la primera observación de un paciente clasificado como urgente.
Los números son demoledores. El 2 de septiembre, el portal del SNS registraba una espera media de 10 horas y 52 minutos para pacientes urgentes en el Amadora-Sintra. En el Hospital Garcia de Orta, al sur de Lisboa, la cifra era de 6 horas y 39 minutos. En el Hospital Fernando Fonseca, más de 80 personas aguardaban su turno para la primera observación. La ministra de Salud, Ana Paula Martins, reconoció que las próximas semanas serían de «gran presión» en las urgencias de Lisboa y Vale do Tejo. Y el director ejecutivo del SNS, Álvaro Almeida, admitió sin rodeos que los problemas estructurales del Amadora-Sintra «no tendrán solución a corto plazo», al tiempo que calificó los tiempos de espera de «inaceptables». Inaceptables, sí, pero que se aceptan día tras día porque nadie encuentra —o nadie quiere encontrar— la palanca para revertirlos.
El diagnóstico es conocido. Desde el segundo semestre de 2025, la urgencia del Amadora-Sintra ha perdido once médicos internistas de su equipo fija. En abril de 2026, el director del servicio de urgencias presentó su dimisión y nadie ha ocupado el puesto desde entonces. El hospital funciona, en la práctica, sin jefe de urgencias en plena temporada de mayor afluencia. La apertura en septiembre del nuevo Hospital de Sintra, que debería haber aliviado la presión, apenas ha tenido impacto, según los datos disponibles: desvió profesionales pero no redujo significativamente las colas en el Amadora-Sintra.
Para los mayores de 50, este colapso no es solo un problema sanitario: es una amenaza existencial. Las personas de más edad son quienes con mayor frecuencia necesitan urgencias hospitalarias por accidentes cerebrovasculares, infartos, caídas, crisis respiratorias y descompensaciones crónicas. Son también quienes peor toleran las largas esperas, quienes más riesgo corren de complicaciones por una atención tardía y quienes menos recursos tienen para recurrir a la sanidad privada como alternativa. En Portugal, donde más del 24% de la población tiene más de 65 años, la degradación de las urgencias no es un fallo del sistema: es una sentencia.
La comparación con España resulta instructiva, aunque no necesariamente consoladora. El sistema sanitario español también sufre presión en urgencias —las esperas para intervenciones quirúrgicas y consultas de especialistas se han disparado en la última década—, pero la estructura de atención primaria, más capilar y con mayor capacidad de filtro, evita en buena medida el fenómeno portugués de las urgencias como «única puerta de entrada al sistema». En Portugal, más de 1,3 millones de ciudadanos carecen de médico de familia asignado, lo que convierte la urgencia hospitalaria en el consultorio de cabecera de facto para millones de personas. Cuando un anciano de 70 años con sospecha de ictus termina olvidado durante un día y medio en una silla de plástico, el problema ya no es la gestión hospitalaria: es el diseño mismo de un sistema que ha renunciado a la atención primaria como primera línea de defensa.
Hay algo profundamente perturbador en la normalización de estos relatos. Que un país miembro de la Unión Europea, con la calificación crediticia más alta de su historia reciente y un superávit presupuestario, sea incapaz de garantizar que una mujer de 96 años sea atendida antes de cumplir un día entero sentada en una silla de hospital, dice algo sobre las prioridades colectivas que ninguna cifra macroeconómica puede maquillar. La Fitch puede subir la nota a A+, pero las urgencias del Amadora-Sintra siguen suspensas.
La cuestión que deberíamos plantearnos, a uno y otro lado de la frontera ibérica, no es si nuestros sistemas sanitarios pueden mejorar —evidentemente, pueden—, sino si estamos dispuestos a exigir que lo hagan antes de que la próxima víctima sea nuestro padre, nuestra madre o nosotros mismos. Porque cuando un sistema de salud tarda 36 horas en acordarse de un anciano con sospecha de ictus, lo que se ha olvidado no es un expediente: es la dignidad misma del envejecimiento. Y eso no tiene cura con más presupuesto si no viene acompañado de una revolución en las prioridades. Los mayores portugueses —y los españoles, que caminamos por senderos demasiado parecidos— merecen algo mejor que una silla de plástico y una promesa de que «no hay solución a corto plazo».
