El agujero de 1.900 millones que Portugal no quiere ver
El déficit real de la Seguridad Social portuguesa asciende a casi 2.000 millones de euros
Hay pocas cosas tan reveladoras del carácter de una sociedad como la forma en que gestiona las malas noticias sobre su sistema de pensiones. Y lo que ha ocurrido en Portugal durante las últimas semanas constituye un caso de estudio sobre el arte de recibir un diagnóstico grave y decidir, colectivamente, que lo mejor es no hacer nada. El informe Reformar las Pensiones en Portugal: por un sistema sostenible, adecuado y justo, elaborado durante un año por un grupo de trabajo liderado por el economista Jorge Bravo y presentado el pasado 18 de agosto, ha dejado una conclusión que debería haber sacudido los cimientos del debate público luso: los superávits que la Seguridad Social portuguesa exhibía con orgullo eran, en palabras de los propios expertos, una «ilusión». Cuando se integra en las cuentas el déficit de la Caixa Geral de Aposentações —el régimen de los funcionarios públicos— y se corrigen partidas contabilizadas de forma incorrecta, el saldo real de 2025 arroja un agujero de 1.944 millones de euros. No un superávit: un déficit.
Para quienes hemos cumplido los cincuenta a este lado de la frontera, la noticia portuguesa tiene un eco inquietante. España lleva décadas debatiendo la sostenibilidad de su propio sistema, con reformas sucesivas del Pacto de Toledo y la última reforma de Escrivá aún en fase de despliegue. Según el informe Pensions at a Glance 2025 de la OCDE, publicado esta misma semana, España pasará de destinar el 13,6% del PIB a pensiones en 2024 al 16,9% en 2060, con un pico cercano al 19% alrededor de 2050 —el máximo de todos los países analizados—. Portugal, por su parte, subirá del 10,4% al 11,8%. La diferencia de trayectoria es significativa, pero en ambos casos el mensaje subyacente es el mismo: el reloj demográfico no se detiene, y cada legislatura que pasa sin reformar reduce el margen de maniobra.
Lo verdaderamente extraordinario del caso portugués no es el diagnóstico —que cualquier demógrafo serio habría anticipado—, sino la reacción del poder político. El mismo día en que se presentó el informe, el Ministerio de Trabajo del Gobierno de Luís Montenegro se apresuró a declarar que no habrá ninguna reforma estructural de la Seguridad Social en esta legislatura. «Es un asunto cerrado», sentenció la tutela. El ministro de Presidencia, António Leitão Amaro, fue aún más gráfico: «Antes de hablar de lo que hemos decidido, quiero hablar de algo que no vamos a decidir: la realización de una reforma estructural de la Seguridad Social». Recordó que el primer ministro ya dijo que «dimitiría si tuviera que cortar pensiones» y pidió a los portugueses que «no se asusten». Un mensaje tranquilizador en la superficie; profundamente preocupante en el fondo.
El propio presidente de la República, António José Seguro, abordó la cuestión desde la romería de la Senhora da Agonia en Viana do Castelo, donde proclamó que «las pensiones en Portugal son sagradas». La frase, pronunciada entre aplausos de una multitud festiva, tiene algo de conjuro protector: como si al declarar sagrado lo que está amenazado, la amenaza se disipara. Pero los números del informe Bravo no se disipan con retórica. Los expertos proponen una reforma sistémica de calado: sustituir el modelo actual de cálculo de pensiones por un sistema de cuentas nocionales de contribución definida —el modelo NDC que Suecia e Italia implantaron hace años—, crear una Garantía Integrada para la Vejez que refunda todos los mínimos sociales, recalibrar las penalizaciones por jubilación anticipada, reformar el Fondo de Estabilización y desarrollar instrumentos de ahorro complementario con inscripción automática.
Mientras tanto, la realidad fiscal portuguesa se deteriora a velocidad preocupante. El superávit estatal ha caído a apenas 282 millones de euros hasta julio, frente a los más de 2.000 millones del mismo período del año anterior. La inflación se ha acelerado hasta el 3,3% en agosto —desde el 3,0% de julio—, impulsada por un aumento del 12,2% interanual en los precios de la energía. Para los más de tres millones de pensionistas portugueses, cuya pensión media no alcanza los 400 euros, cada décima de inflación es un mordisco directo al poder adquisitivo real. La aritmética es implacable: un aumento de pensiones del 2,7% frente a una inflación del 3,3% significa que los jubilados portugueses están perdiendo poder de compra cada mes que pasa.
El contexto político tampoco invita al optimismo. André Ventura, líder de Chega —el partido de extrema derecha que se ha convertido en tercera fuerza parlamentaria—, ha anunciado esta misma semana una moción de censura contra el Gobierno de Montenegro, prevista para el 1 de septiembre. El detonante oficial es el escándalo del ministro de Administración Interna, Luís Neves, pero la maniobra inyecta una dosis adicional de inestabilidad en un momento que exigiría precisamente lo contrario: serenidad para abordar reformas de largo plazo. La paradoja portuguesa es que la moción de censura la presenta el partido que propone bajar la edad de jubilación, una medida que, según los propios expertos del informe, aceleraría el colapso financiero del sistema. En política, como en la vida, la urgencia de las soluciones rara vez coincide con la sensatez de las propuestas.
¿Qué lecciones puede extraer un lector español de este episodio? Al menos tres. La primera es que un sistema de pensiones puede parecer solvente en los titulares y esconder un déficit real tras artificios contables —algo que en España conocemos bien desde los tiempos en que el Fondo de Reserva se utilizaba como argumento tranquilizador—. La segunda es que la sacralización retórica de los derechos adquiridos puede convertirse en la coartada perfecta para no reformar a tiempo. La tercera, acaso la más amarga, es que cuando la demografía llama con insistencia, la respuesta de la clase política suele ser pedir que nadie se asuste y aplazar las decisiones difíciles para después de las siguientes elecciones. Portugal tiene todavía la oportunidad de reformar su sistema de pensiones con tiempo, con método y con consenso, como hizo Suecia en los años noventa. Pero cada legislatura que pasa sin actuar reduce el margen y aumenta la probabilidad de que la reforma llegue impuesta por los mercados o por Bruselas, no por los propios portugueses. Y entonces, que las pensiones sean sagradas no las protegerá de los números.
