Envejecer no es vivir solo: la autonomía portuguesa pide una red a domicilio
Casi la mitad de los portugueses de 65 años o más declara dificultades en tareas cotidianas
Dos noticias portuguesas de esta semana colocan la misma cuestión en primer plano desde ángulos opuestos. Por un lado, los datos del Inquérito Nacional de Saúde difundidos por Público indican que casi la mitad de las personas de 65 años o más tuvo en 2025 dificultades para realizar al menos una tarea doméstica corriente: comprar, cocinar, limpiar, gestionar el dinero, tomar la medicación o utilizar el teléfono. Por otro, la Seguridad Social clausuró en Olhão un hogar clandestino donde vivían 22 mayores, la mayoría de entre 80 y 89 años, en condiciones de falta de higiene, alimentación e hidratación insuficientes, escasez de personal y cuidados básicos deficientes.
No son dos episodios aislados, sino dos piezas de un mismo rompecabezas. Cuando la autonomía disminuye, la demanda de ayuda crece; cuando la red pública y comunitaria no llega, aparecen soluciones privadas de fortuna, a veces ilegales. La residencia clandestina de Olhão no debe interpretarse como una anomalía pintoresca, sino como una señal de un mercado de necesidad: familias que no pueden cuidar a tiempo completo, pensiones que no permiten pagar una plaza adecuada y una oferta formal que no siempre está disponible cerca del hogar.
La noticia tiene también un dato que invita a no caer en el derrotismo. En junio de 2026, según cifras del Ministerio de Trabajo citadas por Jornal de Notícias, 72.285 personas mayores recibían servicio de apoyo domiciliario. Es una cobertura importante, pero su crecimiento parece haberse ralentizado alrededor de los 71.000-72.000 usuarios durante los últimos años. Y el apoyo domiciliario no es una categoría homogénea: puede incluir higiene personal, limpieza o comidas, pero no necesariamente enfermería, fisioterapia, acompañamiento nocturno o adaptación de la vivienda. El número bruto, por tanto, no basta para saber si la ayuda responde a la dependencia real.
Portugal aprobó recientemente un Estatuto de la Persona Mayor que prioriza, en principio, la permanencia en casa. Es una orientación acertada. El hogar conocido conserva vínculos, recuerdos y capacidad de decisión; una mudanza forzosa puede acelerar el aislamiento y la pérdida de control. Pero la preferencia por envejecer en casa solo es un derecho si existe una infraestructura que lo sostenga. Dejar a una persona sola con una visita breve y una bandeja de comida no es autonomía: es desplazar la responsabilidad desde el Estado hacia la familia y, con frecuencia, hacia una mujer de la familia.
La alternativa exige una red territorial. Centros de salud, servicios sociales municipales, asociaciones y cuidadores profesionales deben compartir información con garantías y detectar antes las señales de fragilidad. Una dificultad para gestionar medicamentos puede anticipar una caída; la imposibilidad de usar el teléfono puede impedir pedir ayuda; una casa sin ventilación o con un baño inaccesible convierte una limitación moderada en dependencia severa. La prevención sale más barata y es más humana que una urgencia hospitalaria o una institucionalización precipitada.
La autonomía tiene también una dimensión digital. Pedir una cita, renovar una receta, consultar una prestación o denunciar un abuso se hace cada vez más por internet, pero precisamente quienes más pueden necesitar esos servicios son quienes encuentran más barreras. La solución no consiste en mantener a los mayores al margen de la tecnología, sino en ofrecer formación cercana y, sobre todo, una alternativa humana que no desaparezca. Un teléfono atendido, una ventanilla y un trabajador social de referencia son infraestructuras de igualdad, igual que una rampa o un ascensor.
También hay que hablar de los trabajadores. No habrá cuidados de calidad con empleos precarios, salarios insuficientes y formación irregular. El apoyo domiciliario necesita profesionales capaces de reconocer síntomas, prevenir maltrato, respetar decisiones y coordinarse con el sistema sanitario. Y necesita continuidad: demasiadas personas distintas entrando y saliendo del hogar dificultan la confianza, justo cuando la persona mayor puede estar más vulnerable. Invertir en cuidados es crear empleo, sí, pero sobre todo es reconocer que cuidar no es una tarea doméstica invisible, sino una función social cualificada.
El caso de Olhão muestra por qué la supervisión no puede limitarse a reaccionar después de una denuncia. El Instituto de la Seguridad Social informó de que el establecimiento ya había impedido en dos ocasiones el acceso de los inspectores; fue necesaria una comunicación al Ministerio Público para entrar. En 2025 se cerraron 120 residencias por falta de condiciones y, en cinco años, 568; 119 cierres fueron urgentes por peligro inminente. Son cifras que reclaman inspecciones con medios, canales de denuncia accesibles y una protección efectiva para quien denuncia, además de plazas alternativas cuando se ordena un cierre.
España reconoce el mismo dilema: el deseo de envejecer en casa convive con listas de espera de ayuda a domicilio, desigualdades entre municipios y una carga familiar que no se reparte justamente. La experiencia portuguesa sugiere una prioridad clara para ambos países: medir la calidad de vida por la capacidad de seguir decidiendo, no solo por el número de camas residenciales o de usuarios atendidos. Una vivienda adaptada, transporte accesible, conexión telefónica y compañía regular pueden valer tanto como una plaza asistencial.
Envejecer con dignidad no significa negar la residencia cuando es necesaria; significa que la residencia sea una opción segura, regulada y elegida, no el destino de quien se quedó sin alternativas. Y significa que permanecer en casa no sea una condena a la soledad. Portugal ha vuelto a mirar de frente ese desafío esta semana. La pregunta que debería acompañar a cualquier política de longevidad es sencilla y exigente: ¿qué apoyos necesita una persona para seguir siendo autora de su propia vida, incluso cuando ya no puede hacerlo todo sola?
