Portugal negocia su presupuesto mientras la inflación devora las pensiones
Portugal inicia las negociaciones del Presupuesto del Estado para 2027 con una inflación del 3,2%
Hay semanas que condensan todas las contradicciones de un país. En Portugal, la última de septiembre de 2026 ha sido una de esas. Mientras el Gobierno de Luís Montenegro abría las reuniones con los partidos parlamentarios para negociar el Presupuesto del Estado de 2027, el Consejo de Finanzas Públicas (CFP) publicaba su actualización de perspectivas económicas con un dato que debería quitar el sueño a cualquier pensionista: la inflación cerrará 2026 en el 3,2%, muy por encima del 2,2% de 2025, y la meta del 2% del Banco Central Europeo no se alcanzará hasta 2030. Portugal encadena ya cinco meses consecutivos con los precios subiendo por encima del 3%, una secuencia que no se veía desde 2023. Y la pregunta es inevitable: ¿quién absorbe ese golpe?
La respuesta, como casi siempre, es que lo absorben quienes menos pueden permitírselo. El gasóleo ha superado los dos euros por litro, la cesta alimentaria básica ronda los 260 euros mensuales y la electricidad sigue en máximos históricos. El CFP lo explica con claridad quirúrgica: el choque energético —derivado del conflicto en Oriente Medio y de la inestabilidad en el estrecho de Ormuz— ha puesto fin a la trayectoria de moderación de precios y se extiende ya a los transportes, la alimentación y los bienes industriales. En su escenario más adverso, con el petróleo por encima de 100 dólares el barril, la inflación podría dispararse al 4,7% en 2027. No es una predicción: es una posibilidad que el propio regulador fiscal considera suficientemente verosímil como para modelarla.
Para más de dos millones de pensionistas portugueses, estos números no son abstracciones macroeconómicas. Son la diferencia entre llegar a fin de mes o no. La mitad de las pensiones del país no alcanzan los 500 euros. La actualización aplicada en enero fue del 2,8%, insuficiente cuando la inflación real —la que se mide en la gasolinera, en el supermercado, en la factura de la luz— la supera ampliamente. Montenegro intentó taponar la hemorragia con un suplemento extraordinario anunciado el 18 de septiembre en horario de máxima audiencia: 200 euros para las pensiones más bajas (hasta 537 euros), 150 para las de hasta 1.074 euros y 100 para las que no superan los 1.611 euros. Además, rebajó tramos del IRPF y activó ayudas al transporte. Medidas con impacto inmediato, sin duda. Pero con una limitación de fondo que el Partido Comunista Portugués no tardó en señalar: son transferencias puntuales que no se consolidan en la pensión base ni generan derechos futuros. Son aspirinas, no tratamiento.
El debate del Presupuesto de 2027 ha arrancado con esta tensión como telón de fondo. El Partido Socialista se ha declarado «sorprendido» porque la propuesta gubernamental no incluya apoios específicos frente al aumento del coste de vida, y ha subrayado que el Gobierno prevé para 2027 una inflación «prácticamente idéntica» a la de 2026, lo que significa que la presión sobre las familias no va a remitir. Mário Centeno, gobernador del Banco de Portugal, ha elevado la crítica al afirmar que el Ejecutivo ha «dilapidado» los colchones y excedentes presupuestarios heredados, y ha advertido de que «estamos jugando con fuego». El PCP exige un aumento intercalar de 50 euros por pensionista con carácter retroactivo desde julio, argumentando —con la aritmética como aliada— que la Seguridad Social acumuló un excedente de 4.415 millones solo en el primer cuatrimestre, con un Fondo de Estabilización que roza los 50.000 millones. El coste de la medida no llegaría a los 1.000 millones. Las cuentas dan; la voluntad política se mueve más despacio que los precios.
Para un lector español mayor de 50 años, la comparación con nuestro sistema es tan inevitable como reveladora. España optó en 2022 por vincular las pensiones al IPC, un mecanismo imperfecto pero que garantiza, al menos, que las prestaciones no pierdan poder adquisitivo de forma sistemática. Portugal mantiene una fórmula de actualización que, en un contexto de inflación persistente, deja a los jubilados siempre un paso por detrás de los precios. Además, la edad de jubilación portuguesa ha subido a 66 años y 9 meses —dos meses más que el año anterior—, las penalizaciones por jubilación anticipada se han endurecido, y la reforma laboral «Trabalho XXI», que incluía medidas relevantes para los mayores de 50 como la posibilidad de que un jubilado anticipado volviera a trabajar en la misma empresa, fue rechazada en el Parlamento. A ambos lados de la frontera, la presión sobre los mayores se intensifica, pero Portugal carece del blindaje indexador que España, con todas sus tensiones, sí tiene.
El contexto productivo agrava el problema. Un informe de la Business Roundtable Portugal publicado esta misma semana revela que el valor generado por hora trabajada equivale al 66,9% de la media de la UE, por debajo incluso del 67,9% que registraba en el año 2000. Portugal crea empleo —la tasa ha alcanzado un récord del 79,6%—, pero lo hace en sectores de bajo valor añadido: hostelería, agricultura, servicios administrativos. Es un modelo que genera puestos precarios y salarios comprimidos: el 21% de los asalariados cobra exactamente el salario mínimo de 920 euros. Ese modelo de empleo de baja calidad es la semilla de las pensiones miserables del futuro, y ningún suplemento extraordinario puede compensar un déficit estructural de productividad que se arrastra durante décadas.
Montenegro gobierna en minoría, sobrevivió a una moción de censura justo antes de su discurso del 18 de septiembre y negocia el presupuesto con el populista Chega. Carece de la mayoría necesaria para impulsar reformas estructurales, y en ese escenario los bonos puntuales sustituyen a las políticas de fondo. El Parlamento rechazó esta misma semana «todas las propuestas para mitigar el coste de vida», según recogió la televisión pública RTP, lo que da una medida exacta de la parálisis institucional. Mientras tanto, la discusión del presupuesto se ha fijado para el 27 y 28 de octubre, con votación final el 24 de noviembre. Semanas de negociación en las que los pensionistas portugueses seguirán pagando la diferencia entre una inflación del 3,2% y una revalorización del 2,8%, que es la forma educada de decir que cada mes son un poco más pobres.
La pregunta que debería inquietar a cualquier ciudadano peninsular mayor de 50 años no es si Montenegro ha acertado con su paquete de medidas —que son, en el mejor de los casos, aspirinas para una fiebre crónica—, sino cuánto tiempo puede sostenerse un modelo que crea empleo de baja calidad, penaliza a los jubilados anticipados, sube la edad de retiro y compensa la pérdida de poder adquisitivo con transferencias que no se consolidan. Portugal necesita un pacto social serio sobre pensiones, productividad y protección del poder adquisitivo de los mayores. Lo que tiene, de momento, es un primer ministro negociando presupuestos con quien puede, mientras la inflación sigue devorando pensiones.
