Escribo como abogado, pero también como persona que, si la vida sigue su curso, será dependiente dentro de unas décadas. Me dirijo a quienes ya sois mayores, a quienes cuidáis y a quienes, como yo, sabéis que algún día podéis necesitar ayuda para vivir con dignidad.
La noticia es muy buena: el Gobierno ha aprobado, mediante el Real Decreto ley 17/2026, la mayor inyección de dinero en dependencia desde 2006.

• Este año se añaden 2.097 millones de euros para el nivel mínimo y 121 millones para el nivel acordado.2
• La aportación del Estado sube hasta 5.513 millones en 2026 y superará los 7.200 millones en 2027.1
• Se actualiza el “suelo” que el Estado paga por cada persona dependiente: 660 €/mes para el Grado III, 260 € para el Grado II, 90 € para el Grado I y 4.930 € para el nuevo Grado III+ (ELA y otras enfermedades de alta complejidad).

Como abogado de personas mayores, me alegro de verdad. Es, seguramente, la mejor noticia desde que se aprobó la Ley de Dependencia en 2006. Pero también estoy enfadado. Porque esto demuestra algo muy duro: se hace ahora porque se ha querido hacer ahora. Y eso significa que, si se hubiera querido, se podría haber hecho antes.

El propio Real Decreto ley 17/2026 reconoce que:

• a partir de 2011 hubo una reducción importante de la aportación estatal y se cargó el peso sobre las Comunidades y las familias;
• en 2016, el Estado aportaba apenas 1.191 millones, frente a más de 6.113 millones de las Comunidades y de las personas usuarias;
• entre 2016 y 2020, la financiación estatal se estancó y fue insuficiente para atender las necesidades y garantizar la calidad.

Mientras tanto, la lista de espera crecía y los tiempos de tramitación llegaban a 421 días de media en 2021.1 El Observatorio Estatal para la Dependencia calcula que, en estos casi veinte años, casi un millón de personas han fallecido estando en lista de espera.
Por eso, cuando ahora se aprueban más de 2.200 millones extra en un año y se anuncia que se superarán los 7.200 millones en 2027, la pregunta que me hago es inevitable: Si hoy se puede, ¿por qué no se pudo antes? Si hoy se reconoce la urgencia, ¿no era igual de urgente cuando la gente esperaba más de un año o moría sin ser atendida?

El derecho a recibir una prestación en situación de dependencia no puede depender de la consignación presupuestaria. No puede ser que un derecho que la Ley reconoce como subjetivo, y que la Constitución respalda (arts. 10, 41 y 49 CE), se ejerza o no según haya o no un decreto ley ese año, según convenga o no al Gobierno de turno.

La reforma de la Ley 39/2006 que se tramita en el Congreso incorpora una enmienda que obliga al Gobierno a financiar al menos el 50% del sistema, blindando por ley ese compromiso. El RDL 17/2026 es el primer paso para cumplirlo. Cuando se quiere, se puede (así lo ha demostrado el Gobierno).

Ahora toca querer siempre y cumplir, por fin, lo que la Ley de Dependencia y la Constitución llevan casi veinte años diciendo: que la dependencia no es una ayuda “si hay dinero”, sino un derecho que debe ser efectivo para todas las personas, en todo el territorio y en tiempo útil.