Ana Bedia: "Envejecer no puede significar perder derechos"

Ana Bedia, directora de 65YMÁS, ha hablado en ‘Revolución sénior’, el espacio semanal el programa 'Más de uno Madrid', de Onda Cero Madrid, presentado por Pepa Gea, sobre las dificultades con las que se encuentran las personas mayores en su relación con la Administración y la Justicia.

Bedia ha participado recientemente en el DATAfórum Justicia 2026, celebrado este año en A Coruña (Galicia), en una mesa redonda sobre la relación de los colectivos vulnerables con la Justicia y ha detallado cuál es la realidad con la que se encuentran los mayores cuando tienen que hacer un trámite administrativo o acudir a los tribunales.

Bedia explica que "la realidad es muy preocupante. Los mayores se encuentran primero y de sopetón con el muro del edadismo institucional, la forma de discriminación por edad que más sufren los mayores, según los expertos. Me refiero a ese paternalismo y esa infantilización con la que la administración, y lamentablemente la sociedad en general, trata a los mayores, y que además los considera un todo homogéneo a partir de la edad de jubilación. Pues bien, esta situación  acaba llevando a diseñar servicios sin contar con el usuario final, asumiendo que ya les ayudará un hijo o un nieto o a tomar decisiones sobre estas personas sin tenerlas en cuenta.  Esto mina su autonomía, les arrebata su independencia y les priva de derechos."

Ejemplos de edadismo institucional

La existencia de una edad límite para renovar DNI (al cumplir los 70 años pasa a ser de carácter permanente) o que directamente a los 70 ya no puedas, aunque quieras, estar en una mesa electoral, son algunos ejemplos de edadismo institucional de la Administración, que aparta al mayor sistemáticamente. 

Y llevado al ámbito judicial, nos encontramos con situaciones tan graves como en las que jueces, influidos por prejuicios edadistas, no escuchen a los mayores y acaben en situaciones tran graves como las que terminan con mayores internados contra su voluntad en residencias y de las que hemos hablado y que denunciado en este espacio. 

Otra gran dificultad es la brecha digital. Si bien es cierto que los mayores cada vez están más digitalzados (las encuestas hablan de que un 75% de los sénior lo está),  el porcentaje de no digitaliziados no debe ignorarse. La Administración en general y la Justicia en particular no tienen que dejar a nadie atrás. 

Muchos mayores y no tan mayores se encuentran con webs laberínticas y cero amigables, y con trámites online o certificados digitales tan complejos que hasta la propia Nadia Calviño, cuando era ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, en 2023, reconoció que necesitó ayuda para sacárselo. 

Otra gran dificultad es el lenguaje judicial. Que es tan enrevesado y en ocasiones es estan difícil de descifrar, que cuando recibes una notificación judicial no sabes muy bien si te están condenando o absolviendo.

Y por último, la combinación de trámites interminables, la lentitud burocrática y los elevados costes económicos generan una enorme barrera que, en la práctica, aleja la justicia de las personas mayores.

Otro tema importante es que muchos mayores desconocen sus derechos y aquí es donde los expertos señalan la situación especialmente vulnerable de las mujeres muy mayores y sin estudios que se quedan desvalidas cuando fallece su marido, que era el que se ocupana de todos los trámites y gestiones burocráticas.

Por otra parte, Bedia señala que existen iniciativas y buenas prácticas que tratan de solventar estas dificultades. Se trata de las iniciativas que "no obligan al mayor a adaptarse al sistema, sino que adaptan el sistema a la persona". 

Por ejemplo, se están viendo buenos resultados en oficinas de ventanilla única donde un mismo gestor resuelve varios trámites a la vez, evitando el 'peregrinaje' del mayor de un edificio a otro. También funcionan muy bien las líneas de atención especializada y acompañamiento, así como ofrecer trato preferente a mayores y asesoramiento personalizado y presencial.

Bedia indica que "vivimos más años, pero el objetivo es vivirlos con plenitud de derechos. En este sentido, hay que reforzar urgentemente la protección frente a la vulnerabilidad económica y el abuso".

Para garantizar su autonomía, la Justicia debe ser proactiva y preventiva. Es fundamental la información y la formación sobre los recursos existentes para garantizarlos y facilitar su acceso.  También hay que desterrar el paternalismo: porque proteger a una persona mayor no significa anularla ni decidir por ella, sino darle el blindaje jurídico y el apoyo necesario para que su voluntad se respete hasta el último momento.

Las asociaciones de mayores reclaman formar a los profesionales de la justicia en derechos de los mayores y en lenguaje no edadista, y piden agilizar los procesos que afecten a los mayores y la aplicación efectiva de los ajustes de procedimiento, es decir hacer cumplir lo establecido en la legislación, que obliga a los órganos judiciales a aplicar de oficio o a instancia de parte todos los ajustes necesarios para las personas mayores en los procesos judiciales. En definitiva, piden trato especializado y preferente.

Bedia explica que los mayores reclaman que envejecer no puede significar perder derechos y reclaman reiteradamente que se impulse el desarrollo de una Ley Integral de los Derechos de las Personas Mayores: que aborde de forma transversal las discriminaciones por edad, garantice la protección de la autonomía, prohíba privaciones de libertad sustentadas en prejuicios edadistas y blinde por ley el acceso presencial, comprensible y prioritario a la Justicia. Y todo para que se traduzca en políticas que garanticen la dignidad, seguridad y participación reales de los mayores.

Por su parte, Fernando Ónega, presidente de 65ymás recientemente fallecido, pedía que al igual que existe un Ministerio de la Juventud e Infancia, exista un Ministerio Mayores o Secretaria General (Canadá, Dinamarca, Suecia o Nueva Zelanda). En definitiva, un organo de máxima autoridad que coordine de manera transversal todo lo que afecta a un tercio de la ciudadanía: desde la sostenibilidad de las pensiones a la sanidad, el abordaje de la soledad no deseada y la vigilancia férrea frente a cualquier tipo de dadismo.

Mira la intervención de Ana Bedia en DATAfórum Justicia 2026: