Por un Ministerio de Mayores: el mejor homenaje a Fernando Ónega
Eduardo Ortega HernándezMartes 10 de marzo de 2026
6 minutos
Martes 10 de marzo de 2026
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La dignidad en la vejez y la necesidad de reconocer plenamente los derechos de las personas mayores en nuestras instituciones.
Hay trayectorias profesionales que trascienden la actividad que les dio fama. Fernando Ónega fue uno de los grandes maestros del periodismo español. Pero en los últimos años su voz adquirió una dimensión que desbordaba el análisis político o la crónica parlamentaria: se convirtió en una de las voces más firmes en la defensa pública de los derechos de las personas mayores. Su aportación no consistió únicamente en denunciar situaciones injustas. Fue más allá: contribuyó a situar en el debate público una cuestión que durante demasiado tiempo había permanecido en un segundo plano.
Fernando Ónega expresó con una claridad que interpela a toda la sociedad un problema que rara vez se reconoce de forma tan directa: “El problema de los mayores es que no nos ven”. Y añadió en más de una ocasión: “Hay un problema de desinterés general por los mayores. Empezando por arriba, la política, y llegando hasta abajo, la empresa y la sociedad”. Estas palabras describen una realidad que hoy empieza a analizarse también desde el ámbito jurídico: la invisibilidad institucional de las personas mayores.
No se trata únicamente de prejuicios sociales. Existe también lo que algunos autores comienzan a denominar edadismo estructural, una forma de exclusión silenciosa que se manifiesta cuando las decisiones políticas, económicas o normativas se diseñan sin tener en cuenta la realidad de quienes representan ya más de una quinta parte de la población. En una sociedad que envejece aceleradamente, esa invisibilidad resulta cada vez más difícil de justificar.
Frente a esa falta de atención institucional, Fernando Ónega decidió plantear una propuesta tan sencilla como provocadora: la creación de un Ministerio de Personas Mayores. Lo hizo con su estilo directo y persistente: “Os anuncio que seguiré en esa campaña hasta que consiga que lo creen, aunque solo sea por aburrimiento. Algún día veremos una pared que diga Ministerio, de lo que sea, y del mayor. Ahí queda la apuesta”. Y añadió con determinación: “No pararé hasta que creen un Ministerio de Mayores”.
Más allá de la fórmula administrativa concreta, la propuesta tenía un objetivo claro: romper la invisibilidad política de las personas mayores y reconocerlas como un grupo social cuya realidad debe ser tenida en cuenta en la acción pública. Desde una perspectiva institucional, la idea encierra algo más profundo: la necesidad de incorporar de forma estable la perspectiva del envejecimiento en el diseño de las políticas públicas.
Pero quizá la aportación más relevante de Fernando Ónega fue situar el debate en un plano todavía más profundo: el de la dignidad. En numerosas ocasiones defendió con firmeza que debía reconocerse expresamente el “derecho a envejecer con dignidad”. Él mismo explicaba el origen de esa reivindicación: “Yo empecé a proponer en varios actos del diario 65YMÁS el tema de que figurase por escrito el derecho a una vejez digna porque me parecía una tremenda injusticia...”.
Desde una perspectiva jurídica, esa reivindicación de Fernando Ónega conecta directamente con el artículo 10 de la Constitución Española, que sitúa la dignidad de la persona como fundamento del orden político y de la paz social. Pero también enlaza con el artículo 50 de la Constitución, que establece que los poderes públicos deberán garantizar, mediante pensiones adecuadas y servicios sociales suficientes, el bienestar de las personas mayores.
La dignidad no disminuye con la edad. Tampoco se condiciona por la situación económica, el estado de salud o la dependencia. Es un atributo inherente a toda persona y, por tanto, también a quienes han alcanzado edades avanzadas.
Con la muerte de Fernando Ónega, España pierde a una de las voces que con mayor claridad supo defender esta causa.
Maestro de periodistas, pero también maestro en el compromiso cívico. En los últimos años se situó, con naturalidad y convicción, en la trinchera de la defensa de los derechos de las personas mayores. No es casualidad que varias de las principales asociaciones que representan a este grupo de población hayan lamentado su pérdida destacando que “hemos perdido a un gran defensor de nuestros derechos”. Ese reconocimiento tiene un valor especial porque proviene precisamente de quienes representan a millones de personas mayores que encontraron en su voz un aliado.
El verdadero legado de Fernando Ónega consiste en continuar la causa que defendió con tanta insistencia: situar a las personas mayores en el centro de la agenda pública. La propuesta de un Ministerio de Personas Mayores debe entenderse en ese contexto. No como una estructura destinada a hacer política hacia fuera, sino como un instrumento para hacer política hacia dentro: garantizar que en cada ministerio —sanidad, vivienda, transporte, economía o justicia— se tengan en cuenta los intereses y preocupaciones de las personas mayores. Ese enfoque ya existe en diversos países europeos, donde las políticas públicas incorporan de forma sistemática la perspectiva del envejecimiento. España, como una de las sociedades más longevas del mundo, no puede permanecer ajena a esa evolución.
Porque reconocer plenamente los derechos de las personas mayores no es únicamente una cuestión demográfica o social. Es también una cuestión de justicia jurídica y de dignidad constitucional.
Fernando Ónega defendió esta causa con una cualidad poco frecuente: autoridad moral. No necesitó estridencias ni discursos inflamados. Le bastaba con la claridad de sus ideas y la coherencia de su trayectoria. Tal vez por eso una de las frases que mejor resume su figura sea la que el Rey dedicó a su memoria: “Ónega no levantaba la voz, nunca le hizo falta para tener autoridad, se la ha ganado a pulso”.
Quizá ese sea el mejor homenaje posible: que la voz que él alzó para defender la dignidad de las personas mayores no se apague con su ausencia, y que su reivindicación continúe hasta que el reconocimiento jurídico y político de las personas mayores ocupe, por fin, el lugar que merece en nuestro ordenamiento.


