El Defensor del Pueblo confía en que "el cambio hacia un nuevo modelo de atención residencial, mucho más centrado en las personas, su autonomía personal y sus derechos fundamentales, pueda llevarse a efecto en los años venideros", según consta en su Informe Anual correspondiente a 2023, recogido por Europa Press.
En el documento de cerca de 400 páginas, la institución recuerda que, en 2023, inició una actividad complementaria de supervisión directa del funcionamiento de los centros residenciales para "comprobar las condiciones" en que se atiende a los mayores, "respetando al máximo su autonomía personal y eliminando todas aquellas prácticas que puedan derivar en restricciones de los derechos fundamentales o en un indeseable proceso de institucionalización".
En el primer año, el Defensor del Pueblo examinó cinco centros para personas mayores y dependientes, de titularidad pública (autonómica, diputaciones provinciales, local), en las provincias de Segovia, Ávila y Valladolid. Castilla y León es la comunidad con mayor número de centros y plazas para mayores en relación con su población. Además, se solicitó una información inicial a las comunidades de Cantabria y Galicia.
"Esta institución va a seguir con esta supervisión directa y, a partir de las quejas que recibe, los cambios normativos y de organización que vayan adoptando las diferentes Administraciones sociales que hagan realidad ese nuevo paradigma", ha subrayado.
Según ha apuntado la institución que lidera Ángel Gabilondo, "un punto de partida para contrastar cómo se producen esos cambios en el modelo residencial" son los criterios comunes sobre acreditación de centros residenciales acordados en 2022 por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).
Al respecto, el Defensor ha señalado que aquel acuerdo no fue adoptado por unanimidad y que algunas comunidades le trasladaron que, al haber votado en contra, no se consideraban vinculadas a esos criterios comunes. "Pero al mismo tiempo, pusieron de relieve que los centros en su comunidad autónoma incluso mejoraban algunas de las previsiones que contiene el acuerdo. Tampoco señalaban una disconformidad de fondo con los criterios consensuados", ha señalado.
El Defensor del Pueblo entiende que las líneas generales que contiene ese acuerdo son "válidas como guía para verificar las mejoras y los avances que se producen en cuestiones destacadas por esta institución en los últimos años, como son: la efectiva coordinación con el sistema sanitario; el incremento y mejora de la actividad inspectora; el fomento de la participación en los centros; o el control sobre todas las situaciones de restricción de derechos fundamentales".
Residencias de mayores en Canarias
Por otro lado, el Defensor del Pueblo comprobó que la Administración responsable de supervisar la atención en los centros residenciales de mayores en Canarias "toleraba" la práctica seguida en algunos centros de restringir visitas y comunicaciones de algunos mayores usuarios, "por la mera indicación de sus tutores legales o curadores representativos".
Tras sus recomendaciones, la Consejería informó de que las implementaría, requiriendo a las entidades prestatarias del servicio que "justifiquen adecuadamente la privación de comunicación y visitas". También indicó haber suscrito un convenio de colaboración con la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife y la Fiscalía Provincial de Las Palmas, para la comunicación de estos casos.
