Los mayores se rebelan contra el maltrato y piden una Ley: "Necesitamos 500.000 firmas"

Promueven una iniciativa legislativa popular para proteger a los mayores frente al maltrato

El maltrato a las personas mayores sigue siendo una realidad invisibilizada. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de cada seis personas de más de 60 años han sufrido algún tipo de abuso en su entorno comunitario. Un trato inadecuado y degradante que, además de consecuencias inmediatas, puede tener secuelas físicas y emocionales a largo plazo.

Para poner fin a este lacra, la Asociación Para el Bienestar de la Tercera Edad "Candelaria" (ABTE), cuya actividad principal se desarrolla en la ciudad de Granada, ha presentado una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) con el objetivo de proteger al colectivo frente al maltrato, en todas sus dimensiones. 

Y es que, según explica a 65YMÁS Francisco Miguel Contreras, vicepresidente, abogado y coordinador jurídico de esta organización sin ánimo de lucro, la legislación actual –Código Penal, Constitución y Ley de Dependencia– se ha demostrado insuficiente e ineficaz. 

La asociación @AbteAsociacion presenta una Iniciativa Legislativa Popular para proteger a los mayores frente al maltrato. Necesitan 500.000 firmas para que pueda convertirse en Ley. pic.twitter.com/xhQI8KiN1r

— 65YMÁS (@65ymuchomas) June 10, 2025

Actualmente, contextualiza, el Código Penal contempla claramente delitos como el maltrato físico o el abandono, pero en otros aspectos como el emocional o económico no es tan preciso. 

Y todo ello, sumado a la dispersión legal actual y a la falta de un "criterio unificado a nivel nacional" dificultan la detección y la respuesta, haciendo que "mucha gente se quede sin ser atendida". 

Sobre todo, añade, cuando este tipo de situaciones se dan en el entorno cercano, puesto que no se suele denunciar por el "vínculo económico y emocional". 

Por todas estas razones, prosigue el vicepresidente de ABTE, han presentado esta ILP para que se cree una Ley, "no meramente sancionadora, sino fundamentalmente preventiva", que especifique claramente "qué tipo de maltrato existe, de qué manera se detecta, cómo se puede evitar y cómo se debe atender en caso de que se produzca".

El texto, que ya ha sido "admitido a trámite", pretende dotar a las administraciones y profesionales (sociales, sanitarios, judiciales, policiales, educativos...) de herramientas e "indicadores claros", facilitando la denuncia y la intervención coordinada.

Además, puntualiza Contreras, esta ILP busca también cumplir con las recomendaciones de las Naciones Unidas y otros organismos que "han subrayado la necesidad de desarrollar marcos legales sólidos que provengan de estos abusos, protejan su dignidad y garanticen su bienestar". "Era algo que hacía falta, pero nadie se atrevía a dar el paso", afirma.

500.000 firmas 

Ahora bien, todavía queda camino por recorrer para que pueda ser una realidad. En los próximos días, se iniciará el periodo de recogida de firmas, que será tanto físico como digital, y que durará nueve meses, prorrogables a otros tres. 

En total, comenta el abogado, serán necesarios un mínimo de 500.000 apoyos, por lo que llama a participar a toda la sociedad y recuerda que es un problema "transversal", que incumbe al conjunto de la población. 

Además, pide el apoyo de todas las instituciones y de otras entidades de la sociedad civil, para que se involucren con esta ILP y se pueda proteger a los más vulnerables de todo tipo de abusos. "Debería ser materia de Pacto de Estado", comenta. 

La ILP

Según se estipula en el texto, al que ha tenido acceso 65YMÁS, la legislación que se propone se aplicaría a todas las personas mayores de 65 años en todo el territorio nacional y busca abordar diversas formas de maltrato, incluyendo el físico, psicológico, económico, negligencia y social (edadismo).

Entre las medidas y puntos clave que contempla se encuentran:

• La implementación de campañas públicas de sensibilización y educación dirigidas a erradicar estereotipos y prevenir situaciones de abuso.
• La garantía de formación específica y obligatoria para los profesionales que trabajen con este colectivo.
• El establecimiento de protocolos de actuación obligatorios en centros sociales, residencias y servicios sociales para la detección temprana del maltrato y su notificación a las autoridades competentes.
• La previsión de medidas de protección inmediata para las personas mayores en situación de riesgo o maltrato.
• La garantía de asistencia integral (jurídica, psicológica y social) y gratuita para las víctimas de maltrato.
• La tipificación de infracciones administrativas (leves, graves y muy graves) con sus correspondientes sanciones.