La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha alertado de que el 50% de las viviendas españolas cuentan con aislamientos térmicos deficientes.
Según la organización, esta situación se debe principalmente al año de construcción de las viviendas, anteriores a 1980 por lo que no estaban sujetas a ningún Código Técnico de Edificación que obligara a poner unos espesores mínimos de material aislante en techos, paredes o ventanas.
Asimismo, la OCU ha advertido que es recomendable mejorar el aislamiento también en casas con problemas de humedades en las paredes, condensaciones en las ventanas o con etiqueta energética D o E, "especialmente si están ubicadas en una zona climática fría".
Las viviendas con etiqueta energética E estarían pagando 1.000 euros más al año en climatización, según estimaciones de la OCU. "El coste de aislar bien un piso de 90 metros cuadrados asciende a unos 11.500 euros, que podrían reducirse un 40% aprovechando las subvenciones", han explicado desde la organización.
Respecto a la zona climática D, la segunda más fría, los precios de una reforma varían entre 3.200 y 10.500 euros, según el nivel de la reforma. El ahorro podría oscilar entre los 165 y 975 euros al año. "Los costes del aislamiento siempre acaban amortizándose, sobre todo en una zona fría", han destacado.
El plazo depende del tipo y el importe de la subvención, que suele oscilar entre el 30% y el 80%, ya que existen ayudas directas a las obras de aislamiento, y subvenciones para rehabilitar viviendas en poblaciones que se encuentren en "reto demográfico" y deducciones fiscales para la inversión en la rehabilitación de la vivienda habitual. Estas ayudas se tienen que solicitar de forma telemática en cada comunidad autónoma.
En este sentido, la OCU ha pedido "agilizar la tramitación de las ayudas", simplificando el papeleo y creando una ventanilla única, al mismo tiempo que un control "más estricto" de la expedición del certificado energético.
Además, en el caso de los consumidores vulnerables, la organización ha manifestado que deberían poder beneficiarse de subvenciones de hasta el 100% del importe, incluyendo el IVA. "Estas subvenciones no deberían condicionarse a ser beneficiarios del bono social, ya que alrededor de 1,2 millones de personas que tienen derecho a él no lo conocen o no saben cómo tramitarlo", han argumentado.
