El Congreso mantiene 'congeladas' una veintena de leyes procedentes de decretos ley aprobados con urgencia por el Gobierno y que, tras ser convalidados, los grupos forzaron que se tramitaran como proyectos de ley para poder introducir cambios. Pese a que todas ellas formalmente se tramitan por el procedimiento abreviado, una decena de ellas ha cumplido ya un año en el cajón de las iniciativas paralizadas porque la Mesa del Congreso no pone fin a los plazos para la presentación de enmiendas.
Una de esas 'leyes urgentes' es el plan de medidas frente a la crisis derivada de la guerra de Ucrania, aprobado en marzo con fecha de caducidad (30 de junio) y que ahora el presidente Pedro Sánchez ha prometido prorrogar tres meses más, lo que exigirá un nuevo decreto ley.
En la misma situación de 'hibernación' se encuentran otras 25 iniciativas legislativas, según los datos de la Cámara recogidos por Europa Press. Entre ellas no sólo hay reformas auspiciadas por la sociedad civil, el Senado o parlamentos autonómicos, sino también proposiciones de ley de los socios parlamentarios e incluso de los partidos que integran el Gobierno de coalición.
PSOE y Podemos marcan los ritmos en la mesa
El órgano que impone los tiempos para inicio de la tramitación de las iniciativas es la Mesa del Congreso, donde el PSOE y Unidas Podemos tienen mayoría frente al PP y Vox. Sin embargo, socialistas y morados ni siquiera unen sus fuerzas para activar la tramitación de sus propios textos.
La mayoría de la veintena de decretos leyes reconvertidos en proyectos de ley que están pendientes contienen medidas urgentes de apoyo a distintos sectores puestas en marcha con motivo de la pandemia, incluido el llamado 'escudo social' y sus prórrogas. Todas ellas están en vigor porque fueron convalidadas en su momento, pero está por ver si finalmente los grupos podrán modificarlas.
El más longevo está a punto de cumplir dos años 'olvidado'. Se trata de un proyecto de ley de julio de 2020 con medidas para hacer frente al impacto del Covid en el sector del transporte y la hostelería.
Año y medio de parón suman ya otros tres decretos transformados en proyectos de ley destinados apoyar al turismo y el comercio, a reducir la brecha de género, a modernizar la Administración Pública o a activar instrumentos de adaptación al Brexit.
Seis meses sin avances acumula el decreto destinado a reformar el impuesto de pluvalías, casi lo mismo que el que busca fomentar la movilidad eléctrica, el autoconsumo y el despliegue de renovables, pese a que todos debían tramitarse con urgencia.
25 proposiciones de ley
Las iniciativas legislativas que no parten del Gobierno y no registran avances ya son 25. Casi un tercio provienen del Senado y otras tres lo hacen de asambleas autonómicas: del Parlamento catalán espera una reforma de la Ley de Memoria, del balear otra para la protección de Mediterráneo y del vasco la destinada a la creación de un fondo de compensación para víctimas del amianto (en este caso, están presentadas las enmiendas parciales pero no se ido más allá).
También se sigue ampliando el plazo para enmendar dos leyes del PNV, una para eliminar el recurso previo ante el Tribunal Constitucional y las sanciones por incumplir sus sentencias y otra para reformar la legislación sobre secretos oficiales; así como otras dos del PDeCAT sobre morosidad e incentivos al mecenazgo, respectivamente.
ERC por su parte, aún no ha visto arrancar la discusión sobre su propuesta para la prevención de abusos sexuales en centros educativos ni tampoco la relativa a los bebés robados que firmó en septiembre de 2020 junto con Unidas Podemos, PSOE, Bildu y el Grupo Plural.
A la lista se añade también una propuesta de reforma del Reglamento del Congreso, planteada por el PSOE para regular la actuación en los 'lobbies' la Cámara Baja y otra del PNV que busca cambiar las normas internas de la institución para que se pueda controlar el cumplimiento de las mociones o proposiciones no de ley que aprueba la Cámara.
Con la única firma de Unidas Podemos están pendientes la reforma del Código Penal para la despenalización de los llamados delitos de opinión y evitar la cárcel en casos como las injurias a la Corona, los ataques a los símbolos del Estado y el enaltecimiento del terrorismo y la que defiende una Ley General de Salud Mental.
Iniciativas de ciudadanos que llevan esperando seis años
Entre las que 'duermen el sueño de los justos' figuran también sendas Iniciativas Legislativas Populares (ILP) que llegaron a la Cámara en 2016 tras el esfuerzo de sus promotores para recabar medio millón de firmas, como exige la ley. Una busca modificar los ratios de enfermeras para garantizar un buen servicio en los centros de salud, y la otra acabar con el copago en los servicios de dependencia. A ellas se suma otra ILP, registrada hace casi dos años, para reconocer como personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor y su cuenca.
Tampoco acaba de arrancar la propuesta de reforma de la Constitución para sustituir el término 'disminuidos' por el de 'personas con discapacidad' en el artículo 49. El Gobierno la envió al Congreso el en mayo de 2021, pero PP y Vox no la respaldan y podría descarrilar ya que requiere al menos el apoyo de los 'populares' puesto que necesita mayoría cualificada (210 votos) para salir adelante.
La ley de memoria
También hay pendientes varios proyectos de ley, cuya tramitación está paralizada, pese a que los grupos ya han presentado sus enmiendas de parciales. Es el caso, entre otras de la nueva Ley de Memoria Democrática, que el Gobierno ha preferido dejar en barbecho hasta lograr apoyos suficientes para garantizarse su aprobación.
Asimismo, espera para ser discutidas las enmiendas registradas durante el pasado otoño a la ley sobre la retribución del CO2 no permitido del mercado eléctrico y la que crea el Fondo de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico.
