Sueldos bajos, carga física y emocional, turnos prolongados, trabajo nocturno, presión asistencial constante... No sólo los médicos están en pie de guerra por la mejora de sus condiciones laborales. La huelga por un Estatuto Marco propio coincide en el tiempo también con las protestas de los trabajadores del servicio de transporte sanitario quienes denuncian que sufren un gran precariedad. 

En concreto, estos conflictos laborales se sitúan actualmente principalmente en comunidades como Madrid, Canarias, Andalucía y Aragón. 

En Madrid

En el caso madrileño, los sindicatos critican que las empresas gestoras estarían bloqueando mejoras planteadas en el marco de la negociación colectiva desde hace más de un año. 

Según anunciaron recientemente las organizaciones sindicales USO, UGT y CCOO, los trabajadores irán a la huelga próximamente –aún se está definiendo el calendario–.  

"El conflicto del transporte sanitario de la Comunidad de Madrid entra en una fase de máxima tensión tras más de año y medio de negociaciones bloqueadas, movilizaciones y jornadas de huelga sin que las empresas concesionarias hayan mostrado una voluntad real de alcanzar un acuerdo digno para las plantillas del sector", explican en un comunicado de UGT, en el que avisan de que "las empresas continúan actuando con absoluta irresponsabilidad en un servicio esencial financiado con dinero público, manteniendo una estrategia de confrontación permanente mientras miles de profesionales sostienen diariamente la atención sanitaria urgente y programada de esta Comunidad".

“El problema ya no es solo laboral. Mantener artificialmente este conflicto supone abrir un escenario de enorme tensión en un servicio estratégico para la Comunidad de Madrid”, apostillan. 

Cabe recordar que, a finales de 2025, este colectivo ya realizó varios días de paros, el 4, 5, 9 y 10 de diciembre, "en defensa de sus derechos, su dignidad y de un servicio público esencial", según explicaban desde CCOO Madrid en un comunicado, en el que ya advertían que "la patronal" había "cruzado todas las líneas rojas", negándose a "consolidar derechos históricos, como el complemento por incapacidad temporal, la mejora del plus de nocturnidad o la subida de la antigüedad", planteando "propuestas regresivas que suponen una pérdida real de poder adquisitivo y de protección social" y rompiendo "la buena fe negociadora, retirando incluso compromisos que ya había aceptado en reuniones anteriores". 

En Canarias

En Canarias, se da una situación similar a la madrileña. Recientemente, CCOO, CSIF y USO presentaron un preaviso de huelga por el "bloqueo" que mantendrían las patronales. 

"El salario se negocia en convenio –expiró en 2024–, no se suplica a través de excusas externas”, afirmaba Enrique Espi, responsable del sector de ambulancias de FSC-CCOO Canarias, según se recoge en un comunicado, donde se asegura que CCOO considera "inaceptable" la postura empresarial en un servicio esencial para la ciudadanía.

El sindicato acusa "a las patronales de mantener bloqueadas cuestiones fundamentales como la actualización salarial, la reducción progresiva de la jornada laboral, la mejora de pluses vinculados a nocturnidad, festivos o penosidad, así como avances en conciliación y descansos".

En particular, añaden, reclaman "una actualización salarial del 21% correspondiente al periodo 2019-2025, además de un incremento del 4% para 2026. Frente a ello, una de las patronales, ARTS, plantea un 13% más un 4%, condicionado a futuras adendas administrativas o a las nuevas adjudicaciones públicas".

El calendario de movilizaciones contempla jornadas de huelga los días 8 y 19 de junio, además de paros indefinidos todos los viernes a partir de esa fecha. Unas protestas, finalizan, que no son un fin en sí mismo, "sino una medida para obligar a las patronales a desbloquear una negociación que considera estancada desde hace meses".

En Aragón

En Aragón, el conflicto se da entre los técnicos del Grupo Tenorio y la compañía. Las movilizaciones, lideradas por el sindicato SCS, llevan meses produciéndose en un contexto de un convenio colectivo con subidas salariales congeladas desde 2018 y de unas mejoras negociadas con la anterior adjudicataria, en 2022, pero que, legalmente, según una reciente sentencia del Tribunal Supremio, la nueva empresa concesionaria –Tenorio–, no tendría la obligación de aplicar.

En particular, la platilla lleva en huelga desde hace más de 1.000 días.  

En Andalucía

Finalmente, en el caso andaluz, trabajadores y trabajadoras de la UTE adjudicatarias del transporte sanitario en Córdoba llevaron a cabo la semana pasada una concentración junto al Edificio de Gobierno del Hospital Universitario Reina Sofía en el que se volvieron a "denunciar las precarias condiciones laborales en las que desarrollan su labor estos profesionales y su repercusión en la prestación de este servicio esencial a la ciudadanía", según recogen en una nota de prensa del sindicato CSIF.

El presidente del comité de empresa de SSGA y delegado sindical de CSIF, Sergio Rosa, lamentó los numerosos déficits que sufre este servicio desde que en septiembre de 2022 fue adjudicado, entre los que destacan "los importantes retrasos en las recogidas de los pacientes por parte de las ambulancias por la falta de una quincena de vehículos diariamente para traer y llevar pacientes que requieren tratamientos oncológicos o de diálisis, entre otros, y por las continuas averías que sufren al ser ambulancias viejas que provienen de otras zonas". “Estas situaciones generan un profundo descontento entre los pacientes y sus familiares, así como un fuerte estrés entre los conductores que han derivado en muchas bajas laborales”, subrayó.

Además, criticó que la UTE estaría "realizando despidos sin ninguna justificación, motivo por el cual los trabajadores que están siendo expulsados de la empresa y recurren a la Justicia están ganando esos juicios". 

Asimismo, añadían, "la plantilla del transporte sanitario se queja de cuestiones como la ausencia de ropa de trabajo, como es el caso de chubasquero, polo de manga larga o de chaquetones reflectantes, así como la obligación a los profesionales de realizar excesos de jornada que no se remuneran a no ser que el trabajador acepte un descuelgue del convenio".