Más de 2,5 millones de declaraciones de la renta presentadas en España incluyen a personas con discapacidad, de acuerdo con los datos de 2022. Sin embargo, solo unas 11.500 familias recurren a mecanismos fiscales como lo son los planes de pensiones destinados a personas con discapacidad o el patrimonio protegido. Estas herramientas todavía son poco utilizadas y pueden ofrecer importantes ventajas tributarias y ayudar a las familias a preparar económicamente el futuro de un familiar con discapacidad.

¿Qué son los patrimonios protegidos y para qué sirven?

El patrimonio protegido es una fórmula pensada para facilitar el ahorro destinado a las personas con discapacidad. Pueden acceder a ella quienes tengan reconocida una discapacidad intelectual de al menos el 33% o una discapacidad física igual o superior al 65%.

A través de esta herramienta, la familia puede aportar dinero y otros bienes que quedarán destinados a cubrir las necesidades de la persona con discapacidad.

Una de las principales ventajas se encuentra en el tratamiento fiscal de estos aportes de dinero. Los que las realizan se pueden beneficiar de una reducción en su declaración de la renta, con un límite de 24.250 euros al año por cada patrimonio protegido y de 10.000 euros por persona aportante.

Por otro lado, la persona con discapacidad que recibe las aportaciones no tiene que tributar por ellas en el IRPF hasta un máximo equivalente a tres veces el IPREM.

De esta manera, el patrimonio protegido ayuda a las familias a reservar recursos para atender las necesidades de su familiar a largo plazo y facilitar su planificación económica.

Cómo constituir un patrimonio protegido

Para poner en marcha un patrimonio protegido es necesario que intervenga un notario, que se encargará de asesorar durante todo el proceso. Además, deben establecerse unas normas para determinar cómo se administrarán los recursos y quién se ocupará de gestionarlos.

En ciertas circunstancias también puede ser necesaria una autorización judicial específica para realizar operaciones de enajenación, es decir, actos de compra y venta de bienes.

La constitución del patrimonio se asocia también con la apertura de una cuenta corriente específica vinculada a este. Los aportes se deben formalizar ante un notario y pueden realizarse mediante diferentes tipos de bienes y activos, como dinero depositado en cuentas, fondos de inversión, acciones, seguros o incluso inmuebles.

Consejos prácticos para constituir un patrimonio protegido

Antes de recurrir a esta herramienta conviene tener en cuenta una serie de aspectos:

• Previsión económica: es recomendable analizar las necesidades que pueda tener la persona con discapacidad en el futuro para determinar cuánto ahorro será necesario
• Asesoramiento profesional: contar con un notario y un asesor financiero ayuda a establecer las condiciones de gestión y organizar cada uno de los aportes
• Cumplir los requisitos legales: los aportes económicos se deben formalizar ante un notario y ajustar a los requisitos legales para poder acceder a las ventajas fiscales
• Justificar los movimientos: el Ministerio Fiscal o la Agencia Tributaria pueden controlar las aportaciones, inversiones y desgravaciones. Por ello, es necesario poder demostrar que los recursos se destinan a las necesidades vitales de la persona con discapacidad.

Los patrimonios protegidos son una herramienta muy importante y ofrecen a las familias una manera de organizar recursos destinados al bienestar económico de un familiar con discapacidad, aunque todavía son pocas las que lo utilizan.

Una planificación adecuada y el asesoramiento profesional pueden facilitar la gestión del patrimonio y permitir que tanto el beneficiario como quienes realizan las aportaciones aprovechen al máximo las ventajas fiscales.