El adelanto electoral frena una ley clave para acabar con la polimedicación inadecuada de mayores

La convocatoria de comicios anticipados frena grandes leyes sanitarias que afectan a los sénior

El adelanto electoral frena una ley clave para acabar con la polimedicación inadecuada de mayores Miia

El anuncio este lunes de la convocatoria de elecciones generales anticipadas para el próximo 29 de noviembre (29-N) por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, supone la disolución anticipada de las Cortes Generales y la entrada del Ejecutivo en situación de Gobierno en funciones. Esta decisión provoca el decaimiento automático de todas las iniciativas legislativas que se encontraban en tramitación parlamentaria en el Congreso y el Senado, obligando a que cualquier futura norma deba iniciar de nuevo su recorrido tras la constitución de las nuevas Cámaras. 

El Gobierno en funciones no podrá aprobar nuevos proyectos de ley ni acordar medidas normativas de calado, lo que paraliza también las negociaciones laborales sobre la profesión sanitaria. En el área sanitaria, la convocatoria anticipada de elecciones motivada por la crisis de la vivienda, paraliza de forma directa la agenda impulsada por la ministra Mónica García, dejando en el camino casi una decena de proyectos de ley del Ministerio de Sanidad que se encontraban en distintas fases de debate parlamentario. Entre ellos, destacan algunas que afectarán especialmente a personas mayores como la reforma de la Ley del Medicamento, que incluye varias medidas que podrían ayudar a limitar la polimedicación de las personas mayores; la tramitación del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud la ley del tabaco o las tasas de alcohol permitidas en la conducción. También habrá que ver lo que hará el ministerio de Sanidad con la crisis actual de desabastecimiento de medicamentos para la menoapausia.

Ley de los Medicamentos y Productos Sanitarios

Aprobada por el Consejo de Ministros el 21 de julio de 2026 y entrada en el Congreso el 24 de julio, esta norma constituía una profunda reforma del marco farmacéutico con varias medidas que podrían ayudar a limitar la polimedicación de las personas mayores, un verdadero reto para la salud pública. En concreto, la ley buscaba facilitar el acceso más temprano a los medicamentos innovadores, reforma el modelo de financiación y precio, reforzaba el papel de genéricos y biosimilares, buscaba introducir mecanismos para gestionar la incertidumbre, aumentar la transparencia del proceso del sistema y proteger los medicamentos estratégicos y garantizar su suministro. También otorgaba a enfermeros y fisioterapeutas la competencia de prescripción de medicamentos dentro de sus ámbitos. 

Esta ley se encuentra actualmente en la Comisión de Sanidad, en fase de presentación de enmiendas, con tramitación urgente. El plazo para presentar enmiendas, inicialmente fijado para el 29 de septiembre, ha sido ampliado hasta el 7 de octubre de 2026.  En cuanto al sistema de precio y financiación, no estaría todo perdido porque el Ministerio tramita un real decreto específico que complementa al RD de Evaluación de Tecnologías Sanitarias que ya fue aprobado. Estas normas, sobre el que el diario 65YMÁS organizó una foro de debate con Gobierno y expertos, no tiene que pasar por el Congreso de los Diputados por lo que el Ministerio de Sanidad podría darle un empujón al RD de Financiación y Precio, aún por aprobarse.

 

Proyecto de Ley del Estatuto Marco

 

Normativa orientada a reformar el régimen laboral de los profesionales de los servicios de salud y acabar con las guardias de 24 horas, uno de los proyectos estrella de Mónica García. Tras aprobarse en segunda vuelta en septiembre de 2026, contaba con la oposición del colectivo médico y había provocado la convocatoria de una huelga indefinida a partir del 28 de octubre. 

El Congreso de Ministros aprobó en segunda vuelta el Proyecto de Ley del Estatuto Marco el uno de septiembre. La Mesa del Congreso dio el visto bueno a su tramitación formal el 15 de septiembre. La norma está ahora en fase de enmiendas en la Comisión de Sanidad, con el plazo ampliado hasta el siete de octubre. Con la disolución de las Cortes la norma decaería y previsiblemente también lo haría la convocatoria de huelga médica indefinida.

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Ley de Universalidad del Sistema Nacional de Salud

Acumulaba dos años y cinco meses de paralización parlamentaria con 83 prórrogas de enmiendas. La última, prevista hasta el próximo siete de octubre. La norma buscaba consagrar por ley el derecho a la atención sanitaria completa para personas migrantes en situación irregular y recuperar una cartera común única de servicios. Es el proyecto de ley promovido por Mónica García que más tiempo lleva paralizado en la Comisión de Sanidad, pese a que se tramitó como urgente. 

Esta ley viene de un proyecto de 2022, del mandato de Carolina Darias, que terminó decayendo con la disolución de las Cortes por Elecciones generales. El proyecto pretende llevar a una ley el principio de universalidad de SNS del Real Decreto-ley de 2018 que ya reconocía esta características del sistema y este derecho ciudadanos españoles y personas migrantes en situación administrativa. La ley también plantea recuperar una cartera común de servicios sanitarios única y establecer garantías para evitar nuevos copagos.

 

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Ley antitabaco que prohibía fumar en las terrazas

Es la tercera gran reforma para limitar el consumo de tabaco en España después de las de 2005 y 2010, y uno de los proyectos principales de la legislatura en materia de salud pública. Esta norma incluía garantizar nuevos espacios sin humos, como terrazas, playas, piscinas y eventos musicales y deportivos al aire libre. El proyecto extiende también las mismas restricciones a cigarrillos electrónicos y a los nuevos productos de nicotina. Otras de las grandes novedades era la prohibición del consumo de tabaco en menores de 18 años y las nuevas limitaciones a la publicidad, promoción y venta de estos productos.

El Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley frente al tabaquismo el pasado 21 de julio de 2026. Está en el Congreso desde el 24 de julio y está en la Comisión de Sanidad en fase de enmiendas. Los grupos parlamentarios habían pedido hasta ahora dos ampliaciones de plazo para estas enmiendas. En el momento de su aprobación en el Consejo de Ministros desde el departamento de Sanidad esperaban que esta fuera una de las leyes que recabara los apoyos necesarios y saliera adelante antes del fin de la legislatura.

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Bajada de tasa máxima de alcohol al volante

La proposición de ley del Grupo Socialista relativa a la reducción de la tasa máxima de alcohol en la conducción queda en el aire tras la disolución de las Cortes Generales. La ley socialista obtuvo el aval del Congreso para su tramitación el pasado 29 de septiembre. La norma proponía la modificación del artículo 76 de la ley de Tráfico introduciendo como infracción grave "conducir con tasas de alcohol superiores a 0,1 miligramos por litro de aire espirado o 0,2 gramos por litro en sangre, hasta 0,25 miligramos por litro de aire espirado o 0,5 gramos por litro en sangre".

También se establecía como infracción muy grave "conducir con tasas de alcohol superiores a 0,25 miligramos por litro de aire espirado o 0,5 gramos por litro en sangre, o con presencia en el organismo de drogas", modificando el artículo 77. Para dichas infracciones, se fijaban sanciones con multa de 1.000 euros. De haber prosperado, la escala de pérdida de puntos quedaba fijada en dos puntos para quienes condujeran con una tasa superior a 0,1 y hasta 0,25 miligramos por litro de aire espirado; cuatro puntos para tasas superiores a 0,25 y hasta 0,5 miligramos; y seis puntos cuando se supere el límite de 0,5 miligramos.

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Ley de Gestión Pública del SNS

La ey de Gestión Pública del Sistema Nacional del Salud está diseñada para derogar la Ley 15/1997 y restringir la entrada del sector privado en la gestión sanitaria pública, la norma llegó a las Cortes en mayo de 2026 y acumulaba nueve prórrogas en el periodo de enmiendas. Su elaboración  estaba atascada en el Ministerio hasta que en diciembre del año pasado estalló el escándalo de Ribera Salud tras filtrarse audios del entonces CEO del grupo, Pablo Gallart, en una reunión en el Hospital de Torrejón (Madrid). En estos audios se le escuchaba pedir que se rechazaran pacientes y se descartaran tratamientos que no fueran rentables.

El Ministerio aceleró la preparación del proyecto de ley que, entre otras cuestiones, limita la gestión indirecta a situaciones excepcionales y con la exigencia de justificar que no es posible la prestación directa, además de una evaluación previa y garantías de sostenibilidad, eficiencia y calidad. El Consejo de Ministros dio su visto bueno definitivo al proyecto de ley el 12 de mayo y llegó al Congreso dos días después. La iniciativa se encuentra actualmente en fase de enmiendas. El plazo para presentarlas se ha ampliado hasta en nueve ocasiones y ahora está fijado hasta el siete de octubre.

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Ley de las Organizaciones de Pacientes

La tramitación de este proyecto de ley hasta su llegada al Congreso de los Diputados ha sido una de las más rápidas por parte del Ministerio de Sanidad. Ha pasado un año desde que Sanidad sacó a consulta pública previa el anteproyecto y terminó enviando al Congreso el proyecto el pasado 11 de junio. Los grupos parlamentarios ampliaron el plazo de enmiendas hasta en dos ocasiones. La norma se encuentra en otra fase, la de debate de totalidad, que estaba pendiente de afrontar en el Pleno del Congreso después de que Junts presentara una enmienda de devolución al Gobierno que, previsiblemente, no apoyaría la mayoría parlamentaria. El proyecto de ley tiene muchas posibilidades de seguir adelante su tramitación y contar con los apoyos suficientes para convertirse en una realidad si finalmente no hay adelanto electoral.

La norma crea por primera vez un marco jurídico específico para las organizaciones de pacientes de ámbito estatal y las reconoce como interlocutoras ante la Administración. Garantiza su participación en la elaboración y evaluación de políticas sanitarias y en los órganos de gobernanza del SNS. Entre otras medidas, asegura ocho representantes de estas organizaciones en el Comité Consultivo del SNS, crea un Censo Estatal de estas organizaciones y una Mesa de Participación de Pacientes y establece principios de transparencia, independencia y rendición de cuentas.

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Ley de equidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud

Se trata del segundo proyecto de ley más antiguo de los impulsados por Mónica García. llegó al Congreso un mes después del de Universalidad y, como este, formaba parte también de un proyecto anterior de Carolina Darias que no llegó a aprobarse por la convocatoria electoral de 2023. El Gobierno actual aprobó el proyecto de ley que modifica diversas normas para consolidar la equidad y la cohesión del Sistema Nacional Salud en junio de 2024, y ese mismo mes llegó al Congreso de los Diputados, donde se ha sometido a prórroga para presentar enmiendas hasta 79 veces y sobre el que las asociaciones de mayores han pedido reformas urgentes.

La norma busca reforzar la equidad y cohesión del SNS mediante una mayor participación de pacientes y profesionales, la evaluación del impacto en salud de determinadas normas, una compensación más homogénea entre comunidades por la atención a pacientes desplazados, la armonización de las exenciones de aportación farmacéutica y ortoprotésica, y nuevas herramientas para la evaluación de tecnologías sanitarias y el uso de datos de salud.

Otras medidas afectadas

Otras medidas sanitarias que decaen son la  Ley de Prevención del Consumo de Alcohol en Menores, que está estancada en el Congreso desde marzo de 2025 tras acumular 55 ampliaciones de plazo, pretendía prohibir el consumo de alcohol en centros educativos y deportivos, así como vetar la publicidad de bebidas alcohólicas a menos de 150 metros de recintos escolares o sanitarios. Tampoco la reforma del artículo 43 de la Constitución, cuya tramitación para blindar el derecho al aborto dentro del marco constitucional estaba iniciada, no saldrá adelante.

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Es uno de los proyectos que ha aprobado el Gobierno en los últimos meses, pero tras la convocatoria electoral los cambios que ya ha hecho el Gobierno en materia de copago farmacéutico no se verán afectados, ya que se aprobó el pasado mes de mayo un RD Ley que convalidó el Congreso que introducía nuevos tramos de renta y porcentajes de aportación dirigidos a reducir la carga económica para las personas con rentas bajas y las que necesitan tratamientos de larga duración.

Con la convalidación del RD Ley de copagos en el Congreso, el Pleno acordó tramitarlo además como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. La Mesa del Congreso dio el visto bueno a su tramitación en junio y permanece en la Comisión de Sanidad en periodo de enmiendas desde entonces.

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