Mayores polimedicados sin necesidad: los consejos farmacoterapéuticos, la solución del Gobierno

El anteproyecto de la nueva Ley de los medicamentos y productos sanitarios, impulsado por el Ministerio de Sanidad y aprobado en abril de 2025 en primera vuelta, incluye varias medidas que podrían ayudar a limitar la polimedicación de las personas mayores y, en particular, la inadecuada. 

Y es que se trata de un verdadero problema de salud pública con serios riesgos para la salud. Según el informe Utilización de fármacos crónicos en las personas polimedicadas de 65 y más años y su relación con la morbilidad, cerca de tres de cada 10 personas de más de 65 años consume cinco o más pastillas de forma recurrente.

Este fenómeno se explica, en parte, por la prevalencia de enfermedades crónicas en este grupo de población, pero también tiene relación con fallos en el sistema sanitario como: la prescripción en cascada, la falta de revisión periódica, la automedicación y uso de remedios alternativos, la fragmentación de la atención o la falta de longitudinalidad.

"La prescripción potencialmente inapropiada (PPI) en estudios multicéntricos españoles alcanza hasta el 33% en mayores de 64 años y se asocia con un aumento del 91% en ingresos hospitalarios por eventos adversos, un 60%, en deterioro funcional y, un 26%, en reacciones adversas, siendo más frecuente en personas que viven en residencias", afirman a 65YMÁS desde el Ministerio de Sanidad y enumeran los potenciales peligros: interacciones farmacológicas, efectos adversos, dificultad para cumplir el tratamiento correctamente, disminución de la adherencia, errores de medicación y deterioro funcional y cognitivo en personas mayores, aumentando el riesgo de fragilidad. 

Consejos de Coordinación Farmacoterapéuticos

En ese sentido, para apostar por la racionalidad y evitar errores, el anteproyecto de Ley plantea crear, a nivel de las Zonas Básicas de Salud (ZBS), una herramienta clave: los Consejos de Coordinación Farmacoterapéuticos. 

Según el texto, esta herramienta estará gestionada por un farmacéutico de atención primaria y se compondrá "por una representación de los profesionales de medicina de atención primaria, los profesionales de enfermería de atención primaria, los profesionales farmacéuticos titulares de las oficinas de farmacia situadas en dicha ZBS, los centros sociosanitarios y el servicio de farmacia hospitalaria perteneciente al hospital más directamente vinculado".

"Asimismo, se podrá abrir la participación a miembros de la sociedad civil vinculados al uso de los medicamentos, si se considerada adecuado, si estos lo solicitaran al coordinador del Consejo", añade el anteproyecto.

Así, según estipula literalmente el documento, las funciones de los consejos, que se reunián con, "al menos, una periodicidad trimestral", serán:

• Abordar los fallos de coordinación en la prescripción, dispensación y seguimiento de los medicamentos que se observen por parte de los grupos participantes.
• Establecer los cauces de comunicación efectivos, eficientes y pertinentes, entre los diferentes agentes relacionados con el manejo de los medicamentos en el ámbito de la ZBS.
• Trabajar, en el ámbito de la ZBS, la adecuación a problemas de abastecimiento o dificultades de suministro que pudieran surgir con algún medicamento o alguna presentación de los mismos.
• Detectar necesidades singulares de formación para mejorar el manejo de los medicamentos en el ámbito de la ZBS y plantear intervenciones formativas al respecto.

Cabe señalar que estos órganos, si se terminan incluyendo en la norma final, deberían ser gestionados por las comunidades autónomas y ser instaurados por estas, una vez apliquen la normativa en su ordenamiento regional. 

Ahorro de 500 millones de euros

Esta mejora de la prescricpión se espera que además, se traduzca en un menor gasto para las arcas públicas y el bolsillo del ciudadano.

Según se estipula en el propio anteproyecto de ley, las medidas de racionalización, dentro de las cuales se encuentra la mejora de las recetas, pueden traducirse en un ahorro de 500 millones de euros. 

Cabe recordar que ya hace dos décadas se calculaba que en torno al 70% del gasto farmacéutico del Sistema Nacional de Salud –13.855.066.160 euros en 2025– era realizado por los mayores. Un porcentaje, que cada vez será superior –las personas de más de 65 años son ya más del 20% de la población– y que se traduce en estimaciones como que, según los cálculos de la AIREF, el porcentaje del PIB destinado a Sanidad podría pasar del 6% a superar el 8% en 2050 debido al envejecimiento poblacional. 

En el propio anteproyecto se explica que uno los objetivos de esta norma es buscar medidas para afrontar los costes que vendrán acompañados con la transición demográfica.

El documento explica que el farmacéutico es el principal gasto sanitario a partir de los 55 años y que su peso aumenta con la edad, superando el 60% del gasto total a partir de los 75 años.

Asimismo, se habla de que una mayor longevidad se asocia a una mayor tasa de enfermedad crónica y a un mayor consumo de recursos, lo que explica gran parte del crecimiento de este desembolso. 

De esta manera, la reforma busca adaptar el sistema a los "retos demográficos" abordando el ciclo del medicamento de forma "holística" para asegurar que las necesidades de salud de la población sean cubiertas de forma sostenible. 

Otros aspectos clave del anteproyecto

Estos son otros de los puntos clave del anteproyecto:

• Regulación de precios: establece mecanismos para controlar los precios de los medicamentos, evitando que sean excesivamente altos y garantizando su accesibilidad para la población.
• Promoción de genéricos: fomenta el uso de medicamentos genéricos, que suelen ser más económicos y tienen la misma eficacia que los de marca, lo que ayuda a reducir costos.
• Educación y capacitación: incluye programas de formación para profesionales de la salud y pacientes, con el fin de mejorar el conocimiento sobre el uso adecuado de los medicamentos y evitar la automedicación irresponsable. 
• Control de publicidad: regula la publicidad de medicamentos para evitar mensajes engañosos que puedan llevar a un uso inapropiado.
• Farmacovigilancia: implementa sistemas de seguimiento y monitoreo de los efectos secundarios de los medicamentos, asegurando que se detecten y gestionen posibles riesgos para la salud. 
• Acceso equitativo: busca garantizar que todas las personas, independientemente de su situación económica, tengan acceso a los medicamentos esenciales.

¿Qué se hace para evitar la polimedicación inadecuada?

Cabe recordar que el problema de salud pública que supone la polimedicación lleva en la agenda de las comunidades y del propio Ministerio de Sanidad desde hace varios años.

Todas las autonomías e incluso ciertas diputaciones tienen programas o iniciativas en favor del mayor polimedicado y de la racionalización y la adherencia terapéutica.

Según daban a conocer en un comunicado de Sanidad, "entre 2021 y 2024", las acciones desplegadas habrían logrado una reducción del consumo de fármacos del 8% en mayores de 65 años. Asimismo, "se habría registrado una mejora del 15% en la adherencia terapéutica, lo que refleja avances en el seguimiento farmacológico, la conciliación terapéutica y la educación sanitaria".

"Desde la EAC (Estrategia Atención a la Cronicidad) se viene trabajando en la Optimización de la terapia farmacológica en los pacientes con tratamientos crónicos, con especial atención a los pacientes polimedicados, con la creación a raíz del nuevo documento de desarrollo 2025-2028 de un grupo de trabajo para el desarrollo de un modelo común de revisión estructurada en el SNS", aseguran desde Sanidad.