Nuevo modelo de residencias de mayores de Belarra: los familiares, "decepcionados"

Gobierno y CCAA llegan a un acuerdo: así serán las residencias de mayores

Castilla-La Mancha, única CCAA del PSOE que ha votado en contra de las residencias de Belarra

Madrid se rebela contra las residencias de Belarra: "Es inasumible"

65YMÁS accede al borrador enviado a las CCAA del polémico modelo de residencias de Belarra

 

El nuevo modelo de residencias, diseñado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y aprobado este martes por una mayoría de comunidades en el Consejo Territorial de Servicios Sociales, nace rodeado de polémica.

Y es que, tras meses de negociaciones, el nuevo Acuerdo sobre Criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia sigue sin contar con el apoyo de nueve autonomías –las gobernadas por el PP, Castilla-La Mancha, Cataluña y País Vasco–. Y tampoco ha sido bien recibido entre muchas empresas del sector y las propias organizaciones de familiares. 

Eso sí, el texto ha conseguido el voto a favor de una mayoría de comunidades –Extremadura, Canarias, Navarra, Valencia, Asturias, La Rioja, Baleares, Cantabria, Aragón y Melilla– y ha recibido el beneplácito de organizaciones de geriatras y gerontólogos, así como del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA).

Los sindicatos por ahora se muestran cautos y reservan su opinión para más adelante cuando se conozcan todos los detalles del acuerdo –se realizaron algunas enmiendas menores 'in voce' este martes–. Con todo, recuerdan que muchas de las medidas ya se quedaban cortas en los borradores y que no eran tan ambiciosas como lo fueron en un principio, cuando comenzaron las negociaciones. 

Por su parte, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha asegurado que se siente "especialmente satisfecha" de haber logrado "uno de los acuerdos más importantes de esta legislatura". "Tras mucho tiempo de negociación y de trabajo, hemos aprobado un acuerdo par mejorar la calidad de las residencias y de todo el Sistema de Atención a la Dependencia. Como todos los pactos importantes ha requerido muchas horas de diálogo pero finalmente lo hemos logrado de la mano de las CCAA", ha destacado.

Las nuevas residencias

Cabe recordar que el acuerdo estipula que las nuevas residencias deberán tener una capacidad máxima de 120 plazas en zonas urbanas –90, en ciudades medianas, y 75, en el mundo rural (con posibilidad de llegar a 120 por "motivos económicos")–; contar con un 65% de habitaciones individuales; ser hogareñas; aplicar una atención centrada en la persona; contar con una ratio de trabajadores (sanitarios y cuidadores) de 0,51 y dividirse en unidades de convivencia de 15 personas, entre otras medidas. 

Además, el documento no sólo impone condiciones a los centros de nueva construcción, también exige a los que ya estén en funcionamiento que agrupen al menos un 80% de sus plazas en unidades de convivencia y que aumenten sus plantillas de aquí a 2029, así como que eliminen las sujeciones, como muy tarde, en junio de 2025, si desean seguir concertando con la administración. 

Finalmente, por lo que se ha ido sabiendo, el acuerdo reforma asimismo la ayuda a domicilio, haciéndola más comunitaria y de proximidad, impulsa la teleasistencia y se compromete a crear mecanismos de control de calidad y a que se hagan públicos los documentos de inspección. 

El acuerdo "nace muerto"

No obstante, para la Federación Empresarial de la Dependencia (@FEDdependencia), el acuerdo "nace muerto", puesto que no hay garantía de que todo el dinero que vaya a poner el Estado sea suficiente para cubrir los gastos que implica la transición hacia el nuevo modelo. 

"Es papel mojado. ¿Cómo es posible que un acuerdo de ese calado salga adelante con la oposición de patronales, de ocho comunidades y de una ciudad autónoma? Es el 71% de la población. Si yo fuese Ione Belarra no estaría tan satisfecha", opina el presidente de la Federación, Ignacio Fernández-Cid. 

"¿Qué se va a conseguir con esta reforma? Pues que la nueva inversión se pare. Como el escenario es más inestable, pasará eso. Además, se compromete la viabilidad de los centros. En el momento que una residencia tenga una cama con alguien que venga con un cheque servicio, deberá acreditarse –aplicar el acuerdo–, así que se incrementarán los costes y tendremos que subir los precios. Porque, ¿quién va a pagar esto? Ni el Estado ni las CCAA tienen dinero", argumenta.  

"Necesitamos un sistema básico que iguale por debajo no por arriba, uno de mínimos. Este está muy por encima de las normativas de muchas CCAA y cuando toque pagar, el Estado mirará para el otro lado", advierte. 

Un punto de vista, que comparten varias comunidades autónomas de distinto signo político, como Madrid o Castilla-La Mancha, entre otras. 

"Sin dinero, este acuerdo va a debilitar el sistema de Dependencia. Los fondos que va a dedicar el Gobierno son los que se adoptaron hace tiempo para otros fines, como reducir listas de espera o mejorar la calidad de los sistemas, es decir, unos objetivos que Castilla-La Mancha ha cumplido ya este año, pero que nada tienen que ver con el acuerdo que han planteado este martes", explica la consejera de Bienestar de esa comunidad, Bárbara García Torijano, a este diario.  

Por su parte, la consejera de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid, Concepción Dancausa, considera “inasumible” la propuesta del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y señala que tiene “un gran afán intervencionista y laminador de las competencias autonómicas, que no garantiza la financiación necesaria, obstaculiza la reducción de las listas de espera de la dependencia y deja pendiente de una decisión posterior cómo se coordinará la atención sanitaria en estos recursos”.

La patronal AESTE (@AESTE_oficial) considera, por su parte, "que el Gobierno comete un grave error al aprobar un documento de acreditación que nace con la oposición de sindicatos, familiares, profesionales, empresas del sector. Es un proyecto decorativo del Ministerio que nace sin ofrecer ninguna mejora real a la sociedad española, ni a las personas mayores en situación de dependencia. El documento de acreditación que ha aprobado hoy el Consejo Territorial tendrá serias consecuencias sobre la creación de nuevas plazas residenciales en nuestro país, frenando la inversión en nuevos centros, poniendo en grave riesgo de desaparición más de 50.000 plazas ocupadas actualmente por personas mayores, incrementando en un 50% el gasto de las personas atendidas y sus familias, y haciendo que se incremente de forma artificial la lista de espera de todas las comunidades autónomas".

Las familias se sienten decepcionadas

Por otro lado, para las familias, el documento logrado tampoco es satisfactorio, sobre todo, tras haber situado tan altas las espectativas en un comienzo, cuando se inició la negociación y tras el horror vivido durante la pandemia, que hizo saltar las costuras del sistema de Dependencia. 

Concretamente, las familias se oponen al texto al considerar que las ratios de personal son "raquíticas"; que no se garantiza un número suficiente de inspecciones; que el máximo de plazas es "excesivo"; que se mantiene "el caos" y no hay coordinación sociosanitaria; que los órganos de representación de las familias y de las usuarias "son deficientes"; que el plazo para la supresión de sujeciones es demasiado largo y que no se garantiza un "plan de construcción de residencias públicas". 

"Como familiares y usuarias, nos hemos sentido decepcionadas, porque esperábamos un Gobierno Central que hubiese mejorado radicalmente el entorno de la Dependencia y de sus servicios… Aun así, tenemos que valorar el paso dado por el Ministerio de Ione Belarra, puesto que es la primera vez que una administración pública invita a las familias y usuarias de las residencias a participar en los foros oficiales donde se debate el futuro de los cuidados. Ninguna CCAA nos ha tendido la mano amigablemente, desinteresadamente…", asegura el portavoz de la Plataforma Estatal de Familiares de Residencias (@La_Plataforma_1), Paulino Campos.

Ahora bien, "somos muy pesimistas con el siguiente paso, la traslación de este Acuerdo a las normativas autonómicas –deberá hacerse en un plazo de nueve meses–. Nadie o muy pocas autonomías van a mejorar el documento, ya de por sí laminado tras los sucesivos borradores. Por eso, a las familias y usuarias, a las trabajadoras también, nos queda plantear la batalla en todos los foros posibles, y en las calles también", reconoce. "De hecho, convocaremos una manifestación en Madrid en septiembre", adelanta Campos. 

A pesar de todo, desde la Plataforma también llaman al diálogo: "Invitamos a los gobiernos de las comunidades autónomas a un cambio de talante y de postura, ya que en sus manos quedan ahora las nuevas normativas que dibujarán los servicios de Dependencia del futuro". "Hacemos un llama­miento a todas las personas de bien, a toda la sociedad crítica, a usuarias, a familiares, a trabajadoras de la Dependencia, a los sindicatos, a los pensionistas, a los sanitarios, a los partidos políticos también, para que digamos bien alto que las personas mayores sí importan, que son ciudadanos de pleno de­recho, que estarán protegidos y que otro modelo de cuidados es posible", añade Campos.

Hoy hemos logrado alcanzar un acuerdo con las CC.AA para mejorar la calidad de las residencias y convertir en consenso político lo que ya es un amplísimo consenso social tras la pandemia.

Miramos al futuro y a la vejez con esperanza.

Gracias @nachoalvarez_ por hacerlo posible. pic.twitter.com/fRsiaIXEtQ

— Ione Belarra (@ionebelarra) June 28, 2022

CCOO cree que hay mejoras pero que el acuerdo parece "insuficiente"

Coincide en esa llamada al diálogo el secretario confederal de Protección Social y Políticas Públicas de CCOO (@CCOO), Carlos Bravo, quien explica que, aunque todavía deben ver todos los detalles del texto, por ahora, las medidas recogidas parecen poco "ambiciosas". 

Sin embargo, reconoce, “es verdad que en los últimos días ha habido elementos que han mejorado" –en el último borrador se incluyó un punto en el que se garantiza que el 80% de los contratos del sector deberán ser indefinidos, tal y como adelantó 65YMÁS–. 

Por ello, apunta, "estamos a la espera de conocer el alcance total del acuerdo". "Por ahora, supone un avance, pero, tanto en materia de ratios como de calidad del empleo y del servicio, estamos lejos de los objetivos óptimos", valora.

Además, indica, todavía queda un año para cumplir con las metas fijadas en "el Plan de Choque de la Dependencia". "Los objetivos son acabar con las listas de espera y profesionalizar el sector", recuerda. Y para ello, matiza, no sólo hay que fijarse en "si se financia más o menos", sino también "en la calidad del servicio". 

"Habíamos avanzado mucho en la mesa de diálogo social, pero cuando el Ministerio se puso a trabajar con las CCAA rebajaron mucho el contenido. Ahora, se ha mejorado algo, pero no lo suficiente", opina, si bien queda a la espera de conocer todos los detalles.

Los mayores, CERMI y los geriatras, a favor

Finalmente, cabe destacar que la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (@seggeriatria) ha considerado "muy satisfactorio el acuerdo alcanzado hoy en el Consejo Interterritorial entre el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y las Comunidades Autónomas sobre el nuevo modelo de residencias".

"Los cambios en el modelo de atención planteados (atención centrada en la persona, con planes personalizados de apoyo, con participación de la persona y su familia en los mismos, con una persona de referencia y con planificación avanzada hasta el final de la vida), un modelo que preserve la dignidad de las personas (garantizando derechos de libre elección y con una atención libre de sujeciones), así como los cambios organizativos (residencias más pequeñas, con unidades de convivencia reducidas y con mayor número de habitaciones individuales) y la mejor relación con los servicios sanitarios son las medidas ya adoptadas por otros países europeos y que ya han demostrado una mejora clara en la calidad de vida de las personas con mayor dependencia y carga de enfermedades crónicas de nuestra sociedad", han explicado.

No obstante, la SEGG también entiende que "para hacer efectivo el cambio de modelo" se debería analizar "la petición de mayor financiación del sistema que han realizado algunas comunidades autónomas y muchos proveedores de servicios. A este respecto, la SEGG recuerda que en España estamos dedicando un 0,74% del PIB a Cuidados de Larga Duración, cuando la media de los países de la Unión Europea es del 1,5%".

"Nuestro sistema de atención, fundamentalmente el residencial pero no solo, está obsoleto, absolutamente periclitado, ya lo estaba antes de la pandemia y con la pandemia ha colapsado, las deficiencias y carencias del modelo residencial para personas con grandes necesidades de apoyo ha supuesto que han sufrido con mayor intensidad los efectos de esta crisis", ha valorado el presidente del CERMI (@Cermi_Estatal), Luis Cayo Pérez Bueno, en declaraciones a Europa Press.

Después de la pandemia, el presidente del CERMI considera que era "ineludible y apremiante" afrontar este cambio y, aunque cree que el Acuerdo tiene "aspectos mejorables", destaca que servirá como "palanca" y permitirá dejar atrás "un sistema puramente asistencialista, deficitario en recursos, fragilizado en financiación, con personal insuficiente y mal pagado".

Por esta razón, Pérez Bueno no entiende el rechazo de una parte de las patronales y, sobre el reproche de algunas CCAA respecto a la financiación, ha dicho que "es verdad que los grandes cambios no se hacen sin recursos económicos" pero "si se espera a que haya dinero para hacer algo nunca va a haber dinero y siempre se estaría postergando". "Antes que el dinero, está el modelo, los principios y los derechos humanos", ha subrayado, añadiendo que se ha dado un plazo transitorio amplio hasta 2030.

Por último, el presidente de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (@CEOMA_ong), Juan Manuel Martínez, considera que el acuerdo es "positivo" pero cree que hay que hacer mucho más hincapié en que "el servicio se adapte a la persona mayor y no al revés".

Martínez ha indicado a Europa Press que quizá se podría haber mejorado el modelo sin necesidad de "establecer normas estrictas de plazas" –máximo de 120–, siempre que se cumpla con la reestructuración en unidades de convivencia de 15 personas, otra de las medidas contenidas en el Acuerdo.

En este sentido, ha apoyado que se avance hacia "unidades convivenciales pequeñas" y ha pedido que se "vigile" que se aplican los incentivos y las ayudas para la transformación de las residencias públicas y con plazas concertadas.

Igualmente, ha saludado la medida del incremento de las ratios (un profesional por cada dos residentes) y ha pedido también una subida de los sueldos de los trabajadores. En todo caso, ha reclamado que estas medidas se apliquen de forma inmediata y "no haya que esperar cuatro años" hasta que se hagan efectivas y ha pedido que se cuente con los mayores para este tipo de cambios pues, según ha dicho el presidente de CEOMA, no se han reunido con él para abordar el contenido de este nuevo modelo.