El nuevo modelo de Dependencia de Belarra no conseguirá acabar con las macrorresidencias

El nuevo Acuerdo para la Acreditación y Calidad de Centros y Servicios del SAAD, propuesto por el Ministerio de Derechos Sociales que dirige Ione Belarra, no acaba con todas las macrorresidencias, tal y como se pretendía en un principio en otros borradores a los que tuvo acceso 65YMÁS.

Según ha podido saber este diario, el texto actual no obliga a reducir el tamaño de los macrocentros que ya estén en funcionamiento –hay unos 1.200 en España, el 22% del total–. Además, las macrorresidencias tampoco deberán tener un 65% de habitaciones individuales, sino un mínimo de un 25% en ciudades densamente pobladas, un 20% en localidades de tamaño medio y un 10% en el entorno rural.

Eso sí, estos edificios, ya tengan 90 o 400 camas, deberán: dividirse en unidades de 15 usuarios con ambiente hogareño; cumplir con las ratios de personal establecidas en el Acuerdo, es decir, llegar al 0,51 de aquí a finales de 2029; implementar nuevos modelos de atención libres de sujeciones en un plazo de tres años y fomentar la participación de las familias y de los usuarios, entre otros puntos. 

No más macrorresidencias de 'nueva construcción'

No obstante, lo que sí que incluye el texto es la no concertación con macrorresidencias de nueva contrucción.

Es decir, que para lograr la acreditación, los nuevos centros deberán de tener como máximo 120 plazas en grandes urbes, 90, en ciudades medianas, y 75, en el entorno rural, y además, tendrán que edificarse en suelo urbano próximo a la actividad social y comunitaria y cumplir con el resto de requisitos –ratios, participación, unidades, sujeciones, etc.–.

Con la aplicación de estas medidas, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 prevé la creación de 34.000 empleos en residencias. 

Se votará a finales de mes

Por ahora, sólo se trata de una propuesta, puesto que el proceso de negociación con las autonomías sigue abierto y el texto podría sufrir alguna modificación. Se prevé que a finales del mes de junio el documento sea sometido a votación en el Consejo Interterritorial.

Ahora bien, de momento, cabe matizar que la propuesta del Ejecutivo no cuenta todavía con el apoyo de los agentes sociales –ni de sindicatos ni de patronal– y tampoco de las organizaciones de familiares, por distintas razones: los primeros, porque creen que el acuerdo no acaba con la precariedad; los segundos, por falta de concreción económica –véase, quién asume realmente el coste de la reconversión, al margen de las promesas–; y los terceros, por considerar que la reforma es insuficiente –ratios, número de plazas, participación de las familias, etc.–. 

Y tampoco se sabe aún si alguna de las comunidades que anunciaron su abstención o su voto negativo cambiarán de opinión. Cabe recordar que, el 25 de mayo, Madrid, Galicia, Andalucía, Murcia, Ceuta, Castilla-La Mancha, Extremadura, País Vasco y Cataluña (9) mostraron su oposición, Castilla y León y Asturias (2) anunciaron que se abstendrían y Navarra, Baleares, Aragón, Comunidad Valenciana, Canarias, La Rioja, Cantabria y Melilla comunicaron su intención de apoyar el acuerdo.