ING, condenado a devolver a un cliente sénior el dinero estafado por un SMS que suplantaba a la DGT
La jueza señala que el afectado, de 77 años, actuó correctamente y pide responsabilidad al banco
El banco ING ha sido condenado a devolver a un hombre de 77 años los 930 euros que le sustrajeron mediante catorce cargos en su cuenta tras pinchar en un enlace que recibió por SMS que simulaba proceder de la Dirección General de Tráfico (DGT). La sentencia de la Plaza número 12 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Córdoba establece que el banco tendrá que pagar también los intereses legales desde la fecha de los cargos fraudulentos y de las costas procesales, rechazando los argumentos de la entidad, que trató de atribuir al afectado una supuesta negligencia grave.
En su sentencia, la jueza García Aldaria deja claro que "la identificación de entornos no seguros no está al alcance de cualquier usuario", por lo que considera que "pinchar el enlace que le ofrece el SMS fraudulento no supone una grave negligencia" por parte del afectado. Además, da un toque de atención a la entidad bancaria al no detectar movimientos sospechosos "por unos importes en sucesivas disposiciones efectuadas en un brevísimo periodo de tiempo y en distintos establecimientos comerciales desde lugares tan dispares como Alemania e Irlanda".
ING, condenado a reembolsar a un socio de FACUA Córdoba los 930 euros que le sustrajeron con 14 operaciones fraudulentas tras enviarle un SMS que simulaba una multa de la DGT https://t.co/hnPiJBbl2g
— Rubén Sánchez (@RubenSanchezTW) June 18, 2026
Presentó una denuncia, pero el banco se negó a devolverle el dinero
Los hechos se remontan a abril de 2025, cuando Pedro Fernández Mantero, de 77 años, recibió en su teléfono móvil un SMS que aparentaba proceder de la DGT y que le informaba de una supuesta multa de tráfico pendiente de pago. Tras acceder al enlace, una web que imitaba a la de Tráfico le pidió sus datos para pagar la sanción fake. Después de introducirlos, Pedro fue objeto de numerosos cargos en su cuenta de ING (uno de 280 euros y trece de 50 euros) por un importe total de 930 euros, según explican desde la asociación de consumidores Facua (@FACUA), que ha defendido el caso.
A pesar de que el afectado comunicó inmediatamente la incidencia a ING y presentó la correspondiente denuncia policial, la entidad rechazó devolverle las cantidades sustraídas de manera ilícita con el argumento de que es responsabilidad del cliente custodiar las tarjetas bancarias. "En el banco me dijeron que no me reembolsaban el dinero porque era yo quién había dado mis datos a los estafadores", cuenta el afectado. A raíz de ahí, Pedro decidió acudir a FACUA Córdoba, y la asociación presentó una nueva reclamación al banco, pero también fue desestimada. Tras esta segunda negativa, el afectado decidió acudir a los tribunales con el asesoramiento y el respaldo jurídico de FACUA Córdoba.

La sentencia concluye que el cliente actuó con diligencia
La sentencia, firmada el 29 de mayo de 2026, concluye que Pedro actuó con diligencia y que el banco no logró acreditar ni la existencia de una actuación fraudulenta por parte del cliente ni una conducta gravemente negligente que justificara trasladarle las pérdidas económicas derivadas de la estafa. Asimismo, destaca la rápida actuación de la víctima, quien comunicó los hechos a la entidad bancaria el mismo día en que detectó las operaciones sospechosas.
Por ello, ha resuelto condenar a ING Bank a pagar al afectado los 930 euros que le sustrajeron a través de un SMS suplantando a la DGT, más los intereses legales y las costas procesales. "Estoy encantadísimo con la gestión", concluye Pedro.

Derecho a reclamar la devolución
FACUA Córdoba recuerda que las víctimas de fraudes bancarios a través de técnicas como el phishing o el smishing tienen derecho a reclamar la devolución de las cantidades sustraídas siempre que no hayan cometido una negligencia grave.
La asociación anima a los afectados por este tipo de estafas a presentar reclamación ante su entidad financiera, denunciar los hechos ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y acudir a FACUA en caso de que el banco rechace asumir su responsabilidad.
