Un estudio realizado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) en colaboración con el Ministerio de Consumo revela que cerca de 1.400.000 personas se encuentran en grave riesgo de exclusión financiera, ya sea por la ausencia de oficinas bancarias, como por la falta de capacidades digitales para poder operar en cajeros o por internet.
Los resultados del estudio, que recoge la experiencia de 2.007 vecinos de municipios de menos de 5.000 habitantes, revelan que el 20% de estas localidades carece de oficina bancaria, lo que obliga a sus residentes a recorrer una media de 11 km hasta la oficina más cercana. Y es que, aunque el servicio de oficina móvil llega hasta algunos de estos municipios, su frecuencia de paso es baja: solo lo hace una vez cada dos semanas, de media.
La progresiva digitalización de los servicios bancarios tampoco facilita el acceso de los usuarios, más bien todo lo contrario: el uso de la tarjeta como medio de pago es minoritario frente al efectivo entre los mayores de 25 años; lo mismo que el uso de Internet para operaciones bancarias, especialmente entre los más mayores: solo lo hacen uno de cada cuatro mayores de 65 años y la mitad de los mayores de 55 años. En la mayor parte de los casos esta falta de uso se debe a la falta de conocimientos digitales o bien por miedo a un posible fraude.
Por todo ello, OCU exige al Ministerio de Economía, al Banco de España, a la Asociación Española de Banca y a la Federación Española de Municipios y Provincias la puesta en marcha de medidas para:
1. Garantizar el acceso a los servicios bancarios. "Es necesario mantener una infraestructura física que incluya servicios bancarios esenciales, como el acceso al efectivo, que debería tener la consideración de “servicio universal” para garantizar el acceso sencillo a la población, como ocurre en otros servicios (telecomunicaciones o postales)", señala la OCU.
2. Desarrollo de tecnologías inclusivas que permitan realizar operaciones en cajeros automáticos de manera similar a la de oficinas: identificación biométrica, videollamadas, comandos de voz.
3. Mejorar la protección y seguridad de los mayores. "A la falta de seguridad y de habilidades digitales, el miedo al fraude o a cometer errores se suma la dependencia de terceros para realizar operaciones bancarias. El abuso financiero es la segunda causa de abuso en mayores. Hay que desarrollar una normativa para protegerles y facilitar dependencias públicas, equipos informáticos y entornos seguros para realizar operaciones bancarias", subraya.
4. Impulsar programas de alfabetización digital y financiera para proporcionar a las personas mayores conocimientos prácticos sobre habilidades digitales y financieras básicas que les permitan manejar sus finanzas evitando la exclusión o la dependencia de terceros
