El último Pleno del Congreso antes de las vacaciones de verano ha avalado siete de las ocho medidas presentadas, entre las que se incluye el nuevo decreto anticrisis frente a las consecuencias del conflicto de Oriente Medio. La única que se queda pendiente para septiembre ha sido la senda de déficit y los objetivos de estabilidad presupuestaria que el Gobierno había planteado para los Presupuestos de 2027, lo que provocará que el Ejecutivo continúe con la presentación de las cuentas públicas con una hoja de ruta fiscal más estricta para las comunidades autónomas.

Respecto al paquete anticrisis, el Congreso ha convalidado el paquete anticrisis con la abstención de PP y Podemos, el voto en contra de Vox y el apoyo del resto del hemiciclo. Aunque el Gobierno aprobó un primer paquete de medidas para contener las consecuencias de la guerra iniciada en Irán, especialmente en materia de hidrocarburos, aquel decreto ley contenía limitaciones temporales y algunas de las medidas decayeron al final de junio. La continuidad del conflicto y las tensiones en los precios energéticos obligaron al Ejecutivo a aprobar un segundo paquete de alivio fiscal. Como todo decreto ley, las medidas están en vigor desde su aprobación en Consejo de Ministros el pasado 29 de junio, pero ahora el Congreso tenía que decidir si se convalidaba o se derogaba y, finalmente, ha decidido mantenerlo activo.

Rebaja al impuesto de hidrocarburos

Entre las medidas del nuevo paquete se incluye la reducción del impuesto especial a hidrocarburos, que supone una rebaja de 15 céntimos/litro, en julio; 10 céntimos, en agosto; y 5 céntimos, en septiembre. Pese a este alivio fiscal, decae la rebaja del IVA al 10% de los carburantes que se había incluido en el primer paquete de medidas anticrisis, en línea con las recomendaciones recibidas desde Bruselas. No obstante, el decreto ha incluido una cláusula automática, de vuelta a los 20 céntimos por litro de apoyo, en caso de que el conflicto se recrudezca y la inflación de los carburantes vuelva a disparar.

De la misma manera, el texto asegura que se revisará cada mes, de manera constante, la evolución con respecto al IPC del año anterior, y en el caso de haber variaciones que indiquen que está por encima del 15%, se activarán nuevamente las reducciones tanto para electricidad como para gas en función de ese resultado. En resumen, la cláusula de reactivación será para gasóleo, gasolina, gas y electricidad. De su lado, se mantiene el descuento equivalente a los 20 céntimos/litro a los carburantes para los profesionales en el caso del sector primario y del sector del transporte. Además, en el caso de la agricultura, se le añaden 165 millones de euros adicionales de ayuda para la compra de fertilizantes a los 500 que ya estaban disponibles.

Lista de gasolineras incumplidoras

Asimismo, la norma fija que la CNMC pondrá en marcha un sistema de seguimiento de los márgenes brutos de todas las estaciones de servicios para controlar que estas cumplen con las medidas establecidas en el decreto ley. No obstante, el Gobierno sólo ha detectado hasta la fecha un comportamiento anómalo en 52 estaciones de servicio. En cuanto a la fiscalidad energética, la norma desarrolla la eliminación estructural progresiva del impuesto sobre la producción de energía eléctrica, una demanda que PP y Junts han reclamado en reiteradas ocasiones esta legislatura.

La eliminación se hará ajustando los tipos de manera progresiva. El impuesto tenía un tipo del 7% este año 2026. En los dos trimestres que quedan ese tipo pasará a estar en el entorno del 5%, en el año 2027 en el entorno del 3,5% y en el año 2028 pasará a desaparecer. Según los cálculos del Gobierno, la eliminación de este impuesto permitirá a la industria aumentar su producción en 2.600 millones de euros anuales y crear unos 3.700 empleos.

Prohibición de despedir a empresas que accedan a ayudas

De igual forma, se prorrogan las condiciones a las empresas beneficiarias de las ayudas, manteniéndose la exigencia de Plan de Movilidad Sostenible para trabajadores y la prohibición de despido por causas derivadas del conflicto para empresas beneficiarias de ayudas vinculadas a la guerra. Otra de las medidas que se incluyen en el real decreto-ley es la flexibilización para el despliegue de fondos de Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Según fuentes de Economía, se ha acordado permitir realizar las inversiones más allá de la fecha límite a finales de agosto de aquellos hitos que estén cumplidos pero para los que aún no se hayan completado las inversiones.

El primer Real Decreto-ley aprobado el pasado 20 de marzo ya estableció para todo 2026 el escudo social desplegado por el Gobierno, mediante los descuentos extraordinarios del bono social eléctrico (42,5% para vulnerables y el 57,5% para vulnerables severos), el incremento de la ayuda mínima del bono social térmico a 50 euros y la prohibición del corte de suministros básicos (agua y energía) a hogares vulnerables. En total, estas nuevas medidas, de tres meses de vigencia, supondrán un apoyo fiscal adicional de 1.825 millones en términos fiscales presupuestarios para el año 2026, a los que habría que sumarles otros 2.700 millones del descenso en recaudación para el 2027 y 2028 que supone esa eliminación progresiva del impuesto sobre la producción.

En cuanto a las medidas estructurales, para seguir acelerando la implantación de generación renovable y la producción de biogás con el máximo retorno socioeconómico para los territorios próximos a las instalaciones y con el mínimo impacto ambiental, se habilita al Organismo Nacional de Normalización (UNE) a desarrollar con normas técnicas el sello de excelencia social, territorial y ambiental que permite disfrutar de una tramitación preferente a los mejores proyectos.

El Congreso tumba de nuevo la senda de déficit

El Pleno del Congreso ha tumbado este jueves por segunda vez la senda de déficit y los objetivos de estabilidad presupuestaria que el Gobierno había planteado para los Presupuestos de 2027. Fue el pasado 14 de julio cuando la mayoría absoluta que conforman PP, Vox, Junts y UPN dio al traste con los objetivos de déficit en una primera votación en la que se abstuvieron Podemos y la diputada de Compromís integrada en el Grupo Mixto, Águeda Mico. Tras esa derrota, el Gobierno volvió a aprobar este martes en Consejo de Ministros la misma senda de estabilidad y la remitió de nuevo al Congreso para un segundo intento, pero ha vuelto a fracasar. La senda planteada por el Ejecutivo fijaba el déficit del conjunto de Administraciones Públicas en el 1,8% del PIB para el próximo año, 1,6% en 2028 y el 1,5% en 2029.

De este conjunto, la mayor parte del déficit la asumirá la Administración Central, con el 1,5%, 1,4% y 1,3% para el periodo 2027-2029. De su lado, en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera se dio luz verde, pese al voto en contra de los consejeros del PP, a que las comunidades tengan un objetivo de déficit del 0,1%. Durante el debate de la senda, el ministro de Hacienda, Arcadi España, ha apuntado que si se tumbaban los objetivos planteados por el Gobierno las comunidades autónomas dejarán de acceder a 5.849 millones de euros de margen adicional.

"Hoy tienen una nueva oportunidad para decidir, espero que hayan reflexionado y que no opten por el bloqueo, sino por la construcción y obtener más recursos para el conjunto de comunidades autónomas" , ha apuntado el ministro. Tal como se preveía, los comentarios del ministro no han surtido efecto y los objetivos se han vuelto a tumbar con los mismos votos. El Gobierno ya ha venido avisando que continuará la tramitación de los Presupuestos de 2027 con una hoja de ruta fiscal más restrictiva con las autonomías, pero que cumplirá con los márgenes fiscales que impone la Unión Europea. El objetivo del Gobierno es comenzar las negociaciones sobre los Presupuestos de 2027 con los grupos parlamentarios una vez los tenga atados en el seno del Ejecutivo, con el foco en poder presentar el proyecto a la vuelta del verano.