Este jueves el Pleno del Congreso tiene varias citas importantes. Por un lado, se debatirá y votará en una sesión extraordinaria, el nuevo decreto ley que incluye ayudas fiscales para hacer frente a las consecuencias del conflicto en Oriente Medio, y por otro, se producirá el segundo debate y votación de la senda de déficit y los objetivos de estabilidad fijados para los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2027, tumbado hace una semana, por no tener suficientes apoyos.

También está prevista la convalidación o derogación de la jubilación parcial anticipada del personal laboral de las Administraciones Públicas y las enmiendas introducidas por el Senado al texto de la Pasarela al RETA, con la incógnita de si estarán excluidos los mutualistas jubilados, entre otra normas pendientes de convalidad a pocos días de la pausa veraniega. 

Medidas anticrisis: rebaja al impuesto especial de Hidrocarburos

Respecto a las medidas anticrisis, incluyen la prórroga del alivio fiscal a los carburantes para los hogares y la eliminación progresiva del impuesto sobre la producción de energía. Como todo decreto ley, las medidas están en vigor tras su aprobación en Consejo de Ministros el pasado 29 de junio, pero tiene que remitirse al Congreso en un plazo de treinta días para decidir si se convalida o se deroga.

Entre las medidas del nuevo paquete se incluye la reducción del impuesto especial a hidrocarburos, que supone una rebaja de 15 céntimos/litro, en julio; 10 céntimos, en agosto; y 5 céntimos, en septiembre. Pese a este alivio fiscal, decae la rebaja del IVA al 10% de los carburantes que se había incluido en el primer paquete de medidas anticrisis, en línea con las recomendaciones recibidas desde Bruselas. No obstante, el Gobierno ha incluido una cláusula automática, de vuelta a los 20 céntimos por litro de apoyo, en caso de que el conflicto se recrudezca y la inflación de los carburantes vuelva a disparar.

De la misma manera, el Gobierno ha asegurado que revisará cada mes, de manera constante, la evolución con respecto al IPC del año anterior, y en el caso de haber variaciones que indiquen que está por encima del 15%, se activarán nuevamente las reducciones tanto para electricidad como para gas en función de ese resultado. En resumen, la cláusula de reactivación será para gasóleo, gasolina, gas y electricidad. De su lado, se mantiene el descuento equivalente a los 20 céntimos/litro a los carburantes para los profesionales en el caso del sector primario y del sector del transporte. Además, en el caso de la agricultura, se le añaden 165 millones de euros adicionales de ayuda para la compra de fertilizantes a los 500 que ya estaban disponibles.

La CNMC publicará una lista de gasolineras incumplidoras

Además, la norma fija que la CNMC pondrá en marcha un sistema de seguimiento de los márgenes brutos de todas las estaciones de servicio para controlar que estas cumplen con las medidas establecidas en el decreto ley. No obstante, el Gobierno sólo ha detectado hasta la fecha un comportamiento anómalo en 52 estaciones de servicio. E

n cuanto a la fiscalidad energética, la norma desarrolla la eliminación estructural progresiva del impuesto sobre la producción de energía eléctrica, una demanda que PP y Junts han reclamado en reiteradas ocasiones esta legislatura. La eliminación se hará ajustando los tipos de manera progresiva. El impuesto tenía un tipo del 7% este año 2026. En los dos trimestres que quedan ese tipo pasará a estar en el entorno del 5%, en el año 2027 en el entorno del 3,5% y en el año 2028 pasará a desaparecer. Según los cálculos del Gobierno, la eliminación de este impuesto permitirá a la industria aumentar su producción en 2.600 millones de euros anuales y crear unos 3.700 empleos.

Prohibición de despedir a empresas que accedan a ayudas

De igual forma, se prorrogan las condiciones a las empresas beneficiarias de las ayudas, manteniéndose la exigencia de Plan de Movilidad Sostenible para trabajadores y la prohibición de despido por causas derivadas del conflicto para empresas beneficiarias de ayudas vinculadas a la guerra. Otra de las medidas que se incluyen en el real decreto-ley es la flexibilización para el despliegue de fondos de Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.  Según fuentes de Economía, se ha acordado permitir realizar las inversiones más allá de la fecha límite a finales de agosto de aquellos hitos que estén cumplidos pero para los que aún no se hayan completado las inversiones.

El primer Real Decreto-ley aprobado el pasado 20 de marzo ya estableció para todo 2026 el escudo social desplegado por el Gobierno, mediante los descuentos extraordinarios del bono social eléctrico (42,5% para vulnerables y el 57,5% para vulnerables severos), el incremento de la ayuda mínima del bono social térmico a 50 euros y la prohibición del corte de suministros básicos (agua y energía) a hogares vulnerables.

Apoyo fiscal adicional

En total, estas nuevas medidas, de tres meses de vigencia, supondrán un apoyo fiscal adicional de 1.825 millones en términos fiscales presupuestarios para el año 2026, a los que habría que sumarles otros 2.700 millones del descenso en recaudación para el 2027 y 2028 que supone esa eliminación progresiva del impuesto sobre la producción.

En cuanto a las medidas estructurales, para seguir acelerando la implantación de generación renovable y la producción de biogás con el máximo retorno socioeconómico para los territorios próximos a las instalaciones y con el mínimo impacto ambiental, se habilita al Organismo Nacional de Normalización (UNE) a desarrollar con normas técnicas el sello de excelencia social, territorial y ambiental que permite disfrutar de una tramitación preferente a los mejores proyectos.

Jubilación parcial del personal laboral de las AAPP

También se votará este jueves la convalidación del Real Decreto-ley 19/2026, de medidas urgentes en materia de jubilación parcial anticipada del personal laboral de las administraciones públicas. La norma fue desbloqueada el pasado 29 de junio por el Consejo de Ministros, con el objetivo de recuperar un derecho que estos empleados públicos ya tenían, pero que se paralizó tras la entrada en vigor de la última reforma de pensiones.

CCOO ha solicitado a los grupos parlamentarios que apoyen la norma es fruto de meses de negociación y movilizaciones y permitirá recuperar el derecho a la jubilación parcial del personal laboral del sector público, suspendido tras la aprobación del Real Decreto-ley 11/2024, al no contemplar la singularidad de las administraciones públicas respecto al contrato de relevo indefinido. Con el desbloqueo definitivo de este retiro parcial, se volvería a garantizar el acceso a esta modalidad de jubilación al personal laboral, asegurando al mismo tiempo la estabilidad de las nuevas incorporaciones.

Pasarela al RETA, con pensionistas como incógnita

El Pleno del Congreso de los Diputados debatirá y votará también las seis enmiendas introducidas por el Senado al texto de la denominada Pasarela al RETA, el mecanismo destinado a permitir que profesionales adscritos a mutualidades alternativas puedan trasladar sus fondos al sistema público de pensiones. La Cámara Baja tendrá la última palabra sobre las modificaciones aprobadas por el Senado el pasado 9 de julio.

Al haberse introducido cambios en la Cámara Alta, el Congreso deberá decidir cuáles de esas enmiendas se mantienen y cuáles decaen antes de que la norma pueda culminar la tramitación de la proposición de Ley de modificación del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con las mutualidades alternativas reguladas en sus disposiciones adicionales 18ª y 19ª. 

Segunda votación de la senda de déficit

El Congreso acogerá este jueves también, en un Pleno extraordinario, el segundo debate y votación de la senda de déficit y los objetivos de estabilidad presupuestaria fijados para los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2027, con una mayoría de PP, Vox, Junts y UPN que ya ha manifestado su rechazo a la misma. Tanto la senda del déficit que tienen que asumir las administraciones públicas como los objetivos presupuestarios son el paso previo a la presentación del proyecto de Presupuestos en el Congreso, que el Gobierno calcula para la vuelta del verano.

El Congreso evaluó el pasado martes por primera vez la propuesta del Gobierno, que fija el déficit del conjunto de administraciones públicas en el 1,8% del PIB para el próximo año, 1,6% en 2028 y el 1,5% en 2029. De este conjunto, la mayor parte del déficit la asumirá la Administración Central, con el 1,5%, 1,4% y 1,3% para el periodo 2027-2029. De su lado, el déficit concedido a las comunidades autónomas es del 0,1%, lo que supone un margen fiscal de unos 5.849 millones de euros.

El PP, Vox, Junts y UPN decidieron votar en contra de la propuesta, que tampoco consiguió el respaldo unánime de los socios del Gobierno, pues Podemos y la diputada de Compromís integrada en el Grupo Mixto, Águeda Mico, se abstuvieron, dejando un resultado final de 167 votos a favor, 178 en contra y 5 abstenciones.

Tras esa derrota, el Gobierno ha vuelto a aprobar la misma senda de estabilidad en Consejo de Ministros y la presentará en el Congreso, donde previsiblemente volverá a decaer el día 23. Si esto ocurre, el Ejecutivo continuará la tramitación de los Presupuestos de 2027 con una hoja de ruta fiscal más restrictiva con las autonomías, pero que cumplirá con los márgenes fiscales que impone la Unión Europea, una argucia respaldada por la Abogacía del Estado. El objetivo del Gobierno es comenzar las negociaciones sobre los Presupuestos de 2027 con los grupos parlamentarios una vez los tenga atados en el seno del Ejecutivo, con el foco en poder presentar el proyecto a la vuelta del verano.

Techo de gasto récord

Un apartado importante que acompaña a los objetivos de estabilidad pero que no se somete a votación es el del límite de gasto no financiero, conocido como 'techo de gasto', que para 2027 se eleva a la cifra récord de 226.032 millones de euros, un 6,6% más que en 2026.

Pese a la cifra histórica, Junts viene expresando su malestar en este punto porque el 96% le corresponde al Estado y el 4% a las comunidades autónomas. En cuanto a la deuda pública, el Gobierno prevé que registrará una senda descendente en los próximos tres años, pasando del 97,6% en 2027 al 96,4% en 2028 y al 95,3% en 2029.

En lo que respecta a otros puntos de los objetivos de estabilidad, se establece que la Administración Central y la Seguridad Social tendrán por delante una reducción de hasta el 77,6% en 2027. Para 2028, el recorte de deuda tendrá que caer al 77% sobre el PIB, mientras que en 2029 el objetivo será del 76,6%.

Para las comunidades, el objetivo es del 18,9% en 2027, cifra que mantiene la coherencia con lo marcado para 2026, que es el 19,7%. Para 2028, la ratio de deuda deberá reducirse al 18,3%, y para 2029, la reducción será hasta el 17,7%.

En el caso de las entidades locales, el objetivo de deuda en 2027 y 2028 será del 1,1%, y en 2029 deberán reducirla hasta el 1%. Además, el ministro de Hacienda ya ha comunicado que la regla de gasto ha quedado fijada en el 4% en 2027; en el 3,8% en 2028 y en el 3,6% en 2029.