Bruselas expedienta a España por el retraso en aplicar la nueva ley que protege el derecho a reparar
Se fomenta el consumo sostenible al facilitar la reparación de productos en lugar de reemplazarlos
La Comisión Europea ha expedientado a dieciocho Estados miembro, entre ellos España, por incumplir los plazos para trasladar a su legislación nacional la directiva que reconoce el derecho de los consumidores a exigir la reparación de artículos como los teléfonos móviles o electrodomésticos incluso después de que expire la garantía.
El procedimiento de infracción arranca con el envío de una carta de emplazamiento que señala las irregularidades y abre un plazo de dos meses para que las autoridades nacionales corrijan las irregularidades detectadas.
En este caso, Bruselas remite a las autoridades españolas la apertura de dos expedientes sancionadores ya que además de no transponer la directiva a tiempo, tampoco aplica en los tiempos acordado con la UE la revisión que amplía el ámbito de la norma para incluir aparatos de calefacción de interior como chimeneas, radiadores eléctricos portátiles o calefactores de suelo en el catálogo protegido por el derecho a la reparación.
Si los Estados miembro advertidos no resuelven las dudas de Bruselas, los servicios comunitarios podrán avanzar a la segunda fase del procedimiento incoado con el envío de un dictamen motivado que da un nuevo plazo de uno o dos meses al diálogo, antes de que se aborde la tercera fase, que implica denunciar al país incumplidor ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).
Junto a España, los Estados miembro apercibidos con expediente son Bélgica, Bulgaria, República Checa, Estonia, España, Francia, Croacia, Italia, Chipre, Letonia, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovenia y Suecia.
Según defiende la Comisión Europea en un comunicado, la directiva fomenta el consumo sostenible al facilitar la reparación de productos en lugar de su sustitución y obliga a los fabricantes a ofrecer reparaciones a un precio y en un plazo razonables, así como a facilitar información clara sobre sus servicios de reparación.
De este modo, la directiva ayuda a los consumidores a ahorrar dinero, reducir los residuos, prolongar la vida útil de sus productos y disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero.
