Junio ha comenzado con mucho calor y malas noticias para el bolsillo de los españoles tras el fin del IVA reducido en la factura de la luz y el gas desde este lunes 1 de junio. Este impuesto ha pasado desde el 10% – en el que estaba desde el pasado mes de marzo como parte del paquete anticrisis por la guerra de Oriente Medio aprobado por el Gobierno–  al 21% desde a partir de ahora debido a la moderación de la inflación, que ha hecho decaer parte del escudo anticrisis. La noticia ha caído como un jarro de agua fría entre las asociaciones de consumidores, que han mostrado su indignación por el final de estas rebajas fiscales coincidiendo con la llegada del calor y un mayor uso de aire acondicionado, ventiladores y otros sistemas de refrigeración.

Rechazo al que también se han sumado los socios del Gobierno y el PP. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha exigido un decreto "urgente" que prorrogue las rebajas fiscales de luz y gas. "Necesitamos un nuevo decreto de manera urgente para hacer frente a las consecuencias de esta situación, que recupere las medidas que han decaído", ha señalado. Mientras, el Partido Popular ha reclamado al Gobierno que rectifique y evite la vuelta del IVA de la electricidad y el gas al 21%, según ha declarado este lunes su portavoz, Borja Sémper. Tras estas declaraciones, la ministra portavoz, y titular de Inclusión, Elma Saiz, ha abierto la puerta a que esto suceda diciendo este lunes que "pronto volveremos a tener otro 'feedback' y ha recordado que hace dos semanas hubo una reunión con los agentes sociales para "poner en valor la buena respuesta que se ha dado y el impacto para paliar los efectos" de la guerra de Irán. 

Y es que hay que recordar que el Ejecutivo ha adelantado un mes la retirada de esas rebajas, que estaban planteadas inicialmente hasta el 30 de junio, debido a que los precios de luz y gas se han mantenido en abril por debajo de los niveles previstos por el Gobierno para mantener esta rebaja (situado en el 15% del Índice de Precios de Consumo). De este modo, el IVA aplicable a la electricidad y a gas natural, briquetas, pellets y leña ha vuelto desde este lunes al 21% y el del Impuesto Especial sobre la Electricidad, al 5,11%. No obstante, se mantiene la suspensión del impuesto del 7% sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica y las rebajas fiscales sobre los carburantes, al menos hasta el 30 de junio.

Consumidores reivindican protección a los más vulnerables

Desde la asociación de consumidores Facua han calificado de "injusto" que se aplique el IVA más elevado a suministros que son esenciales y básicos para la ciudadanía. La organización exige al Ejecutivo un cambio regulatorio estable para la factura eléctrica, afirmando que "es fundamental la consolidación de un impuesto reducido para no afectar aún más la castigada economía de los hogares españoles". Para contrarrestar la pérdida de recaudación de las arcas públicas, la asociación argumenta que esta "puede ser perfectamente compensada con un aumento en los impuestos directos que afecte a quienes más ganan –las grandes empresas–, de manera que no afecte a la financiación de otras cuestiones esenciales como sanidad o educación".

Desde la Asociación Española de Consumidores (Asescon) han criticado que el aumento impositivo se produzca precisamente "en un momento del año con una gran utilización por parte de los consumidores con necesidades de aires acondicionados por la ola de calor". La organización se ha mostrado contundente al declarar: "Desde la Asociación Española de Consumidores lamentamos el afán recaudatorio y fiscal del Gobierno de España en tanto que la situación económica de los consumidores es de tremenda vulnerabilidad hoy en día y subidas de impuestos les complicaría tremendamente su economía". Además, reprochan a las autoridades la falta de contención, señalando que "esto no se trata de subidas de precios sino de subidas de impuestos sin que exista un interés de recorte de gastos innecesarios por parte de las Administraciones Públicas que en lugar de ahogar a los consumidores deberían buscar equilibrios presupuestarios mediante recortes importantes".

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Subidas de entre un 15 y un 24% en la factura de la luz

Pero lo que preocupa realmente es el impacto en las facturas, sobre todo de luz ante la llegada del calor. Según los cálculos del gestor de suministros Selectra (@selectra_es), el fin del gravamen reducido supondrá un impacto especialmente visible para los hogares con tarifas del mercado libre. Una factura media de unos 250 kW al mes pasará de 56,32 euros con el IVA reducido al 10% a 64,78 euros con el nuevo escenario fiscal, un incremento cercano al 15%. En el mercado regulado (PVPC), el efecto inmediato será algo inferior. Tomando en cuenta los precios del mes de abril, una factura podría pasar de 49,42 euros a 51,45 euros pese al incremento fiscal. La razón es que el precio de la electricidad en el mercado mayorista bajó durante las últimas semanas, comparado con los precios de marzo y compensa parcialmente la subida de impuestos, pero alertan de que el impacto será mayor en junio debido al calor y el uso de sistemas de refrigeración.

Los cálculos aportados por Facua-Consumidores en Acción (@FACUA) alertan de un impacto aún más contundente, advirtiendo que el usuario medio con la tarifa semirregulada (PVPC) pagará casi 15 euros más, lo que supone una abultada subida del 24% en la tarifa semirregulada PVPC respecto al mes anterior. De haberse mantenido la rebaja de impuestos, el recibo de la luz de mayo del usuario medio se habría situado en los 65,73 euros, un 7,8% más que el mes anterior y 4,74 euros de subida, según cálculos de Facua. Cabe destacar que tanto la ley del IVA como la de impuestos especiales establecen que se repercuten los impuestos que estén vigentes en el momento de la emisión de la factura.

Las medidas fiscales sobre carburantes, vigentes hasta el 30 de junio

En el caso de las medidas fiscales sobre los carburantes --tipos reducidos del Impuesto sobre Hidrocarburos, IVA al 10% sobre gasolinas, gasóleos y biocarburantes, y devolución parcial del gasóleo profesional-- permanecerán vigentes hasta el 30 de junio.   

También continuarán en vigor las medidas sectoriales: ayudas a agricultores y transportistas, así como los descuentos reforzados del bono social eléctrico (42,5% para consumidores vulnerables y 57,5% para vulnerables severos).  El Gobierno seguirá monitorizando la evolución de los precios y seguirá reuniéndose con los agentes sociales y los sectores más afectados para ver si es necesario seguir manteniendo algunas medidas más allá del 30 de junio, suprimirlas o introducir nuevas.