La regulación de la pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) continúa pendiente, mientras más de 150.000 profesionales esperan conocer las condiciones en las que podrán trasladar sus derechos económicos desde sus mutualidades alternativas al sistema público de la Seguridad Social. Abogados, procuradores, arquitectos y otros trabajadores vinculados a mutualidades privadas reclaman al Gobierno poder trasladar sus aportaciones a la Seguridad Social para que esos años computen de cara a la jubilación. Cuatro organizaciones profesionales han reclamado al Gobierno que acelere la aprobación del reglamento. Su objetivo es que antes de las elecciones generales del 29 de noviembre, esas cantidades puedan inttegrarse en el RETA. Mientras tanto, desde el colectivo también se pide que la futura norma tenga en cuenta a quienes opten por continuar en su mutualidad.

El Consejo General de la Abogacía Española, el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, el Consejo General de Procuradores y el Consejo General de la Arquitectura Técnica han trasladado a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, la necesidad de culminar cuanto antes el desarrollo reglamentario de la pasarela.

Las cuatro instituciones consideraban que el Consejo de Ministros representa una oportunidad para impulsar la aprobación de la norma y dar respuesta a una reivindicación que se prolonga desde hace más de tres años. A su juicio, la regulación debe proporcionar seguridad jurídica a los profesionales afectados y permitirles tomar decisiones informadas sobre su futuro. Las organizaciones sostienen que todavía existe margen para avanzar en la tramitación del reglamento, pese a la disolución de las Cortes y a la convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre.

No ha sido posible en el Consejo de Ministros de este martes día 20 de octubre y aunque aún hay plazo, el tiempo pasa. El plazo legal para desarrollar esta medida termina a finales de octubre, pero el real decreto todavía está pendiente de tramitación. Concretamente, el Ejecutivo debería aprobarlo hasta un mes antes, el 29 de octubre.

Quienes se acercan a la jubilación, los más afectados

La pasarela al RETA busca ofrecer una vía para que los profesionales que cotizan a través de mutualidades alternativas puedan trasladar sus derechos al sistema público, de acuerdo con las condiciones que establezca la regulación. Para quienes están próximos a la edad de jubilación, conocer esas condiciones resulta especialmente importante, ya que determinarán cómo se computan sus aportaciones y qué efectos tendrá el traslado sobre su futura pensión.

La Mutualidad de Procuradores también ha pedido al Gobierno que apruebe el reglamento antes de las elecciones generales. La entidad considera que se trata de una "cuestión de Estado" que no debería quedar condicionada por el cambio de ciclo político. Asimismo, subraya la importancia de que los mutualistas conozcan las condiciones del traslado de sus fondos y la conversión de sus aportaciones en periodos cotizados.

Mutualistas por el Futuro pide proteger a quienes permanezcan

Junto a las reclamaciones para acelerar la aprobación de la norma, Mutualistas por el Futuro (MxF) ha pedido que el desarrollo reglamentario contemple las distintas situaciones del colectivo y garantice los derechos tanto de quienes decidan pasar al sistema público como de quienes opten por seguir en sus mutualidades.

La asociación respeta el derecho de los mutualistas a reclamar mejores condiciones de protección social y a movilizarse para conseguirlas, pero advierte de que no debe darse por hecho que todos desean acogerse a la pasarela. Por ello, defiende que el diálogo incorpore la pluralidad del colectivo y que la futura regulación haga efectiva la libertad de elección.

MxF reclama un procedimiento de traslado ordenado y jurídicamente seguro, que respete los derechos económicos de quienes se marchen y de quienes permanezcan. También considera necesario preservar los recursos colectivos de las mutualidades para garantizar su estabilidad y proteger a los mutualistas que decidan continuar en ellas.

En este sentido, la asociación pide que la norma distinga entre el capital individual que pudiera quedar tras la conversión y el capital colectivo, y que delimite con claridad qué corresponde a cada mutualista.

El desarrollo reglamentario deberá, por tanto, concretar las condiciones de una decisión que afecta al futuro de miles de profesionales: cómo podrán trasladarse al sistema público quienes así lo deseen y qué garantías tendrán quienes prefieran permanecer en sus mutualidades.