Aprobado en el Congreso el decreto anticrisis que incluye la bajada del IVA de gasolina, luz y gas

El Pleno del Congreso ha convalidado este jueves el Real Decreto-ley 7/2026, por el que se aprueba el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio con el único voto en contra de Vox, la abstención del PP y Podemos y el apoyo del resto del hemiciclo. En concreto se ha contado con 175 votos a favor, 33 en contra y 141 abstenciones. Este decreto ley incluye las bajadas de impuestos a los combustibles, el gas y la electricidad, ya aprobadas el pasado viernes 20 de marzo en un Consejo de Ministros extraordinario, pero que debían ser confirmadas en la Cámara Baja.

La convalidación ha salido adelante con el apoyo del Gobierno y sus socios y también de Junts, que condicionó voto a cambio de la exención de IVA a autónomos que ganen menos de 85.000 euros. Entre los que se han abstenido, Podemos y el Partido Popular, que ha dudado hasta el último momento. Fuentes del PP indican que el decreto incluye parte de las bajadas de impuestos que el PP viene reclamando desde hace tiempo, por lo que su voto no podía ser un no, aún así, han reclamado más medidas como la rebaja del IRPF. Y Vox, con todos sus diputados en contra.

Las medidas se irá adaptando "a la evolución del conflicto"

El decreto aprobado este jueves incluye un total de 80 medidas, que movilizarán 5.000 millones de euros, entre las que destaca la rebaja del IVA de los carburantes y en las factura de gas y electricidad al 10%, ya vigente desde el pasado domingo tras la publicación del decreto en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Además, confirma otras rebajas fiscales en la producción y distribución de energía, con lo que se pretende un mayor alivio en el precio que pagan los consumidores. El plan anticrisis también incluye ayudas a la agricultura, la ganadería, la pesca y las industrias electrointensivas, sectores más expuestos a la volatilidad de los precios de la energía. 

"Es un plan para aliviar la factura de la luz a millones de hogares, ahorrar en el combustible, ayudar a los autónomos y una apuesta estructural por la transición energética", ha señalado el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, encargado de defender el decreto anticrisis. Como ejemplo, Cuerpo ha puesto de relieve que 20 millones de hogares verán reducida su factura mensual de la luz en un 15% de media o un 25% si se trata de hogares vulnerables gracias al refuerzo del bono social eléctrico. El ministro ha explicado además que la respuesta del Gobierno al impacto de la guerra en Irán se irá adaptando a la evolución del conflicto, pero ha puesto en valor que España parte de una situación "estructuralmente más fuerte" para hacer frente a este tipo de 'shocks'.

IVA al 10% para la gasolina y gasóleo

Además, el titular de Economía ha resaltado que la rebaja del IVA al 10% en los carburantes, combinada con la reducción del impuesto de hidrocarburos al mínimo que permite la normativa europea, se traducirá en una rebaja que puede llegar hasta los 30 céntimos por litro dependiendo del carburante. Esto supone un ahorro de unos 20 euros por depósito para un coche medio.

Sin embargo, este ahorro no se está trasladando del todo a todas las gasolineras. Facua ha denunciado que una de cada cuatro gasolineras aprovechó la bajada del IVA para "aplicar otra subida de precios" este domingo. Así, tras la bajada del IVA y a la espera de verificar cuántas gasolineras comienzan a repercutir en sus precios la bajada del impuesto sobre hidrocarburos, la subida del gasóleo del 2 al 22 de marzo alcanzó en la Península una media de 34 céntimos y la de la gasolina 11 céntimos.

Cambios en la factura de la luz y protección a vulnerables

El decreto también incluye la rebaja del IVA al 10% de la luz y el gas, además de la suspensión temporal del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE), del 7%, y la reducción del Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE) del 5% al tipo mínimo del 0,5%, fijado por la Unión Europea. 

Entre las medidas aprobadas se recoge también la prohibición de interrumpir suministros esenciales a hogares más vulnerables, la extensión hasta finales de este año todos los descuentos extraordinarios del bono social eléctrico, así como el refuerzo de "forma sustantiva" del bono social térmico. 

Deducciones de IRPF para placas solares y bombas de calor

Además el Gobierno insiste en medidas para reforzar la apuesta por las energías renovables –con deducciones en el IRPF a la instalación de paneles solares, bombas de calor y puntos de recarga–, nuevas ayudas para la climatización de edificios o el impulso de las inversiones en renovables, que se enmarcan en ese el plan de "naturaleza estructural". De igual forma, se prevén deducciones en el IRPF del 15% para la compra de vehículos eléctricos y enchufables.

Asimismo, se incluyen medidas para la "agilización" de la instalación de renovables, salvando así los 'cuellos de botellas' que pudieran existir, facilitando el incremento de la capacidad de almacenamiento eléctrico mediante baterías o la declaración de utilidad pública de bombeo hidroeléctrico. Sánchez ha reclacado que todas estas medidas buscan seguir en el camino iniciado hace siete años por el Gobierno de "descarbonización y electrificación" de la economía y ganar así en soberanía energética. 

Ayuda de 20 céntimos en el combustible a sectores afectados

Agricultores, ganaderos y pescadores, así como los transportistas, tendrán un descuento de 20 céntimos por cada litro de combustible que reposten en sus vehículos, incluyendo camiones, autobuses, ambulancias o furgonetas, para amortiguar el impacto que el sector está recibiendo por las consecuencias de la guerra. Además el ICO va a reemitir avales para autónomos y pymes. La ayuda será abonada por la Agencia Tributaria y las administraciones forales correspondientes en País Vasco y Navarra.

Estos descuentos se activan para capear esta crisis y para contener, por supuesto, en todo lo posible, los precios de la cesta de la compra", ha explicado el presidente. Además del descuento de 20 céntimos en los carburantes, los profesionales de la agricultura también podrán acceder a una ayuda equivalente para la compra de fertilizantes, que también se han visto afectados por la guerra y pueden desencadenar un aumento del precio de productos como el aceite.

Márgenes empresariales, supervisados

El decreto también incluye mayor control de los márgenes empresariales de las empresas de suministro de combustible, una de las demandas de Sumar para reforzar la supervisión de los márgenes de estas empresas a través de Competencia, así como la habilitación al Consejo de Ministros para establecer limitaciones a sus beneficios. Para ello, se modificará la Ley del sector de hidrocarburos, concretamente el artículo 116, para aclarar la competencia sancionadora de la CNMC en ese ámbito, al tiempo que se plantea un esquema de seguimiento más cercano de la evolución con informes periódicos y recabando información adicional de los distintos agentes.

Sánchez ha justificado esta medida apelando a la "mayor transparencia" y "capacidad de respuesta" en caso de que se puedan producir "desmanes que por pura codicia puedan perpetrar" algunas empresas, y ha indicado que medidas de este tipo las están llevando a cabo en muchos otros países para proteger a los consumidores y usuarios.

Prohibición de despidos por efectos económicos de la guerra

Entre las medidas aprobadas se incluye además la prohibición del despido en las empresas que reciban ayudas públicas relacionadas con los efectos del conflicto. Otra de las iniciativas destinadas a las empresas será el impulso a la entrada en vigor de los planes de movilidad sostenible, que obligará a las compañías de más de 200 personas trabajadoras o 100 por turno a que faciliten los desplazamientos de su plantilla al centro de trabajo.

El texto que se vota este jueves incluye también la decisión del Gobierno de mantener "la suspensión de la causa de disolución por pérdidas ya acordada previamente respecto del COVID-19" con carácter transitorio. De esta forma para el ejercicio 2026 "no se considerarán las pérdidas empresariales sufridas en 2020 y 2021, a los efectos de la causa de disolución prevista en el artículo 363.1.e) del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital".