El día 24 de octubre de 2026 nos manifestaremos en Madrid cargados de razones para defender los derechos que en estos últimos ocho años hemos conseguido, y para exigir al Gobierno que dé respuesta positiva a nuestras demandas pendientes.

En el mes de junio hicimos pública nuestra posición respecto al último informe de la AIReF sobre su evaluación del SPP, un informe que confirmaba que no era necesario adoptar nuevas medidas de ajuste para garantizar el Sistema Público de Pensiones, pero se dirigía al Gobierno para que cambiara la Ley con el fin de que el dinero de las pensiones se utilizara también para reducir el déficit público derivado de una política fiscal que beneficia a los ricos o para financiar el incremento del gasto en defensa.

En esta manifestación del 24 de octubre lo repetiremos más alto y más claro. Ni lo permitimos en 2018, ni lo hemos permitido en 2026, ni lo permitiremos en 2027, gobierne quien gobierne. Nuestras pensiones son parte de nuestro salario y no toleraremos que se reduzcan para que unos pocos sigan haciendo negocio con las guerras, especulen con las materias primas y los precios y batan récords históricos de beneficios. La acumulación y concentración de riqueza cada vez en menos manos está en el origen de las guerras y en la ley del más fuerte, cuyo exponente más cruel es el genocidio sionista en Palestina.

No vamos a aceptar cambiar pensiones por armas

En esta próxima manifestación nos dirigiremos públicamente al Gobierno porque hasta la fecha no hemos recibido respuesta a las cartas que, haciendo uso del derecho de petición recogido en la Ley Orgánica 4/2001, enviamos a la ministra Elma Saiz, a Félix Bolaños y a Carlos Cuerpo el 27 de julio de este año. En esas cartas les demandábamos modificar el RDL 2/2023 para igualar la pensión mínima al SMI neto, eliminando la referencia al umbral de la pobreza, la revalorización de las pensiones en función del IPC real y el restablecimiento de la paga compensatoria del poder adquisitivo perdido a final de cada año.

El tiempo pasa y las oportunidades se pierden y hoy, en octubre, las personas pensionistas tenemos menos capacidad de compra que en enero y la pensión, para el 51,3% de las personas pensionistas, no nos permite llegar a final de mes y garantizar una alimentación sana, la salud, los servicios de cuidados que necesitamos o una vivienda confortable. El dato demoledor de la subida del IPC en septiembre en un 4,9% (y todo indica que va en aumento) empobrece severamente la vida de las personas más vulnerables. No aceptamos que, por la vía del incremento de los precios, los oligopolios financieros, las empresas energéticas, los fondos buitre y las grandes cadenas de distribución metan la mano en nuestros bolsillos para seguir, año tras año, batiendo récords de beneficios. Tampoco toleramos la privatización de las pensiones ni los Planes Privados de Empresa (PPEs).

Nosotras y nosotros instamos públicamente al Gobierno a que, antes de que finalice el año, garantice por ley:

1. Equiparar la pensión mínima con el salario mínimo interprofesional neto y, de esta forma, reducir la enorme y vergonzosa brecha de género en las pensiones.
2. Compensar la pérdida del poder adquisitivo de las pensiones, incrementándolas en función del IPC real y recuperando la paga compensatoria de final de año existente antes de la reforma de 2021.
3. Asimismo, se deben derogar los coeficientes reductores de la jubilación anticipada con 40 o más años cotizados. Esta es una reivindicación del movimiento pensionista que, a través de Asjubi40, ha llegado al Congreso para su debate. Esta exigencia hace justicia con miles de pensionistas castigados de por vida, tras toda una vida de trabajo. Urge convertir esta propuesta parlamentaria en una realidad definitiva. Una vez más tenemos que decir que luchar merece la pena.
4. Presentar la auditoría de las cuentas de la Seguridad Social, recogida en la ley y no realizada todavía.

Depende de la voluntad política de los gobiernos y del poder legislativo que esto sea posible. Solo hace falta valor y voluntad política para hacerlo.

Asimismo, las organizaciones de pensionistas que formamos parte de la Unidad de Acción apoyamos todas las movilizaciones que tienen el común denominador del reparto equitativo de la riqueza y garantizar derechos sociales básicos para todas las personas. Garantizar el derecho a la vivienda, defender la sanidad y la educación públicas y los servicios de cuidados públicos y comunitarios, incrementar el poder adquisitivo de los salarios, mejorar las condiciones de trabajo y defender las libertades democráticas son parte de la misma resistencia popular. Nos identificamos con las movilizaciones para acabar con el negocio de la vivienda y los fondos buitre (con frecuencia vinculados a los fondos privados de pensiones) que lo fomentan, y mostramos nuestra solidaridad y apoyo a las personas que son expulsadas de sus casas utilizando la violencia y vulnerando el derecho básico a una vivienda y a la propia vida. La vivienda no es un producto financiero, es un derecho.

En defensa del derecho a techo, de salarios y pensiones dignas, apoyamos activamente la huelga general convocada por los sindicatos el día 11 de noviembre. La lucha y la movilización son nuestra garantía para defender y conquistar derechos y garantizar a todas las personas unas condiciones de vida dignas.

Las organizaciones pensionistas firmantes de la Unidad de Acción hacemos un llamamiento a la participación en las movilizaciones que se van a seguir desarrollando, reforzando la unidad de acción con todas las organizaciones sociales, insistiendo en la especial coincidencia de intereses con la juventud y la clase trabajadora, con el común denominador de exigencia de salarios, vivienda y pensiones públicas dignas, reafirmándonos en que la movilización de la mayoría de la sociedad es el factor determinante para avanzar en derechos y libertades democráticas, cerrando el paso así a la ola de conservadurismo que recorre el mundo.

¡Gobierne quien gobierne, las pensiones públicas y los derechos se defienden!