Alerta en las pensiones: en un año habrá un nuevo examen para saber si hacen falta ajustes

El Gobierno pide otro informe a la AIReF sobre pensiones ante las presiones de Bruselas

La AIReF alerta de que la sostenibilidad del sistema de pensiones no ha mejorado

El pasado 31 de marzo, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF @AIReF_es) publicó su primer examen a la reforma de pensiones (informe sobre la regla de gasto), donde descartaba activar la cláusula de salvaguarda, un instrumento que obligaría a tomar medidas de ajuste, como subir las cotizaciones. En detalle, la ley establece que esa cláusula entrará en vigor si el gasto neto previsto para sostener las pensiones supera el 13,3% del PIB entre 2022 y 2050. No es el caso, pues la AIReF sitúa este porcentaje en el 13,2% del PIB. 

Sin embargo, este jueves han saltado las alarmas, ya que el Gobierno encargará un informe adicional a la AIReF y cambiará las reglas de evaluación de las pensiones, y para ello va a reformar el Real Decreto 100/2025, de 18 de febrero, que establecía qué criterios debía tener en cuenta la AIReF para su chequeo. Entre los cambios ahora propuestos por el Ejecutivo, figura que en adelante no se considerarán las transferencias del Estado a la Seguridad Social como ingresos (frente a lo que el Ejecutivo sostenía anteriormente).

El Ministerio de Seguridad Social, que dirige Elma Saiz, asegura que este nuevo informe, que realizará la AIReF antes de un año, no supone un nuevo examen, pero lo cierto es que de las evaluaciones que realice la AIReF depende en gran medida que haya (o no) que adoptar medidas de ajuste en pensiones (por la vía de los ingresos, de los gastos o un mix de ambos).

Nuevo informe: recomendaciones de Bruselas y de AIReF

¿Por qué ha cambiado el Gobierno de idea sobre las transferencias, y ha pedido un informe extra? Fuentes del Ministerio de Saiz afirman que ambas acciones tienen por objetivo "la transparencia y el rigor" así como atender a las recomendaciones que realizó la AIReF en su primer examen de pensiones.

Hay que recordar que la AIReF, presidida por Cristina Herrero, recomendó integrar la regla de gasto de pensiones alineándola con los objetivos del marco fiscal, tanto europeo como nacional, para simplificar el sistema actual. Además, pide homogeneizar los periodos de revisión, pues la regla de pensiones se revisa cada 3 años y el Plan Fiscal tiene una vigencia de 4 años aunque es objeto de seguimiento anual.

Según ha confirmado este jueves el Gobierno, ve necesario modificar la normativa, "a pesar de su corta vigencia", para incorporar en el texto "una referencia tanto a la sostenibilidad del sistema público de pensiones como a la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas", en línea de lo reclamado por la AIReF. Asimismo, con el informe adicional pretende tener en cuenta "los grandes shocks en los datos definitivos macroeconómicos de los últimos años y disponer de suficientes datos para evaluar las reformas económicas", detalla el equipo de Elma Saiz.

La CE urge a contener el alza de costes en pensiones

Sin embargo, los expertos creen que el nuevo informe encargado a la AIReF, y el cambio de criterio de evaluación del Ministerio respecto a las transferencias, se deben sobre todo a las presiones de Bruselas. 

La Comisión Europea ha publicado recomendaciones clave para España, centradas en impulsar la competitividad, la sostenibilidad y la equidad social, tal como detalla Rafael Domenech (@rdomenechv), responsable de Análisis Económico de BBVA Research, en sus redes sociales. Entre ellas, agilizar la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, incluyendo el capítulo REPowerEU.  Y, en el capítulo que afecta a las pensiones, Bruselas urge a España a "mejorar la sostenibilidad fiscal: se recomienda contener el aumento de los costes de pensiones y sanidad relacionados con el envejecimiento, y mejorar la calidad y eficiencia del gasto público a través de revisiones de gasto", explica este experto.

La recomendaciones de Bruselas son, de hecho, una de las razones esgrimidas por el Ministerio para explicar el informe adicional de la AIReF para dentro de un año. En concreto, el equipo de Saiz subraya que el Ejecutivo está "firmemente comprometido con la sostenibilidad de las pensiones, y en ese contexto, en línea con las recomendaciones de la AIReF y la Comisión Europea, pedirá a la AIReF un informe adicional en junio de 2026. Este ejercicio de transparencia permitirá tener en cuenta las revisiones y datos de crecimiento y empleo más recientes".

"Es positivo que Bruselas presione para evitar la intromisión del Gobierno"

Varios expertos consultados por 65YMÁS ven la mano directa de Bruselas detrás del cambio de postura del Gobierno, en particular, sobre la forma de computar las transferencias del Estado a la Seguridad Social.

A Miguel Ángel García (@magarciadiaz), profesor de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) e investigador de Fedea (@socialfedea), le parece "un paso positivo que la Comisión Europea presione para evitar la intromisión del Gobierno en la interpretación de la cláusula de cierre de las pensiones", y hace énfasis en que, ya en su anterior informe, donde el órgano fiscalizador daba un aprobado raspado a la reforma, "la AIReF se vio obligada a emitir una opinión sobre el desafío del envejecimiento: el sistema de pensiones alcanzará un déficit del 3% del PIB en 2050, y a legislación constante, el déficit público será del 7% PIB en 2050, lo que resulta insostenible".

En su opinión, "con la modificación y los cálculos de la AIReF, el resultado será que se pasa el examen, pero solo por alguna décima del Producto Interior Bruto (PIB). Se podrá vender a la sociedad que el sistema garantiza la sostenibilidad financiera, cuando la realidad está muy lejos de ser así".

"Muchas transferencias no deberían tenerse en cuenta"

Para Enrique Devesa, doctor en Economía e investigador del IVIE (@Ivie_news), el hecho de que el Gobierno haya encargado un nuevo informe a la AIReF, para el 1 de junio de 2026, se debe a "una imposición de la Comisión Europea".

Este experto advierte de que las reglas que el Ministerio de Elma Saiz dio a la AIReF para que elaborara su informe del pasado 31 de marzo "fallan por la base, porque cumplir la regla de gasto no implica garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones. Además, muchas de las transferencias que se han incluido en el último informe trienal no deberían tenerse en cuenta, porque falsean la situación, la realidad".

A juicio de Devesa, "la situación del sistema de pensiones sigue siendo mala, con un déficit contributivo de 30.000 millones, a pesar de que la AIReF haya dado su aprobación inicialmente (regla de gasto), aunque con una seria advertencia de que el déficit va a seguir aumentando como consecuencia de la llegada a la edad de jubilación de la generación del baby boom". 

"La sostenibilidad financiera de un sistema de pensiones de reparto se basa en que no haya un déficit estructural, y esto solo se consigue evaluando el déficit contributivo del sistema", remacha.

"Sin transferencias, se activaría la cláusula de salvaguarda" 

Ángel de la Fuente, director ejecutivo de Fedea, es otro de los expertos que considera que el anterior examen de la AIReF se vio "muy condicionado" por el decreto dictado en febrero de 2025 por el Gobierno en el que, "actuando como juez y parte", regulaba algunos detalles "importantes" de los cálculos que debía tomar en cuenta la AIReF para su chequeo.

En concreto, denunciaba recientemente que dicho decreto abría la puerta a la "inclusión indiscriminada de incrementos de transferencias del Estado no destinadas a financiar pensiones no contributivas entre los ingresos adicionales atribuidos a la reforma". "Esto puede desvirtuar la sostenibilidad, porque permite reducir el gasto neto a base de contabilizar nuevos ingresos que realmente no son tales desde el punto de vista de las cuentas públicas consolidadas".

Este experto alerta de que "si se excluyeran las transferencias, el sistema de pensiones suspendería el examen de la AIReF y sería necesario activar la cláusula semiautomática de ajuste para poner en marcha medidas de recorte de gasto o aumento de ingresos.