El Senado vuelve a excluir a los pensionistas de la pasarela al RETA para profesionales mutualistas

El Senado votará la Proposición en Pleno el próximo día 9 de julio

El Senado vuelve a excluir a los pensionistas de la pasarela al RETA para profesionales mutualistas Miia

De nuevo cambios en la proposición de ley que regula la pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) para profesionales adscritos a mutualidades alternativas. En el Senado, tras su debate en Comisión, el texto incorpora cambios respecto al remitido por el Congreso de los Diputados. Entre ellos, se vuelve a añadir la exclusión de los pensionistas —salvo en los supuestos de viudedad—, se recoge que el desarrollo reglamentario tendrá en cuenta la base mínima con un coeficiente entre el 0,67 y el 0,87, y se fija un plazo de tres meses para la aprobación del reglamento.

La Comisión de Seguridad Social del Senado ha aprobado, con estos cambios, el informe de la Ponencia sobre la Proposición de Ley relativa a las mutualidades alternativas y la pasarela voluntaria al RETA, con 17 votos a favor, ninguno en contra y 14 abstenciones. Hablamos de una medida que afectará a miles de abogados, procuradores, arquitectos, ingenieros y otros colegiados.

El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), que viene siguiendo de cerca la evolución de esta iniciativa por su impacto en numerosos profesionales afectados, considera imprescindible que esta fase de la tramitación sirva para mejorar el texto y ofrecer una respuesta efectiva a los mutualistas.

Al introducir cambios, la norma deberá volver al Congreso de los Diputados, para que la Cámara Baja decida si mantiene el texto que aprobó el pasado 11 de junio o acepta las modificaciones introducidas por el Senado. Antes, no obstante, el texto tendrá que ser votado en el Senado, aunque no se esperan sorpresas. Los cambios introducidos pertenecen al Partido Popular, que tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta.

Criticas

Durante el debate en comisión, el Grupo Parlamentario Socialista ha criticado los cambios introducidos por el PP.  La portavoz socialista de Seguridad Social, Rocío Briones, ha acusado a los populares de romper el acuerdo alcanzado tras meses de negociación con los colectivos afectados. Los populares, ha dicho, "han alterado el consenso construido durante la tramitación" y han intentado sacar adelante "un texto elaborado sin diálogo con el resto de los grupos". Los socialistas sostienen que el nuevo redactado deja sin resolver cuestiones esenciales sobre la futura pasarela al sistema público de pensiones, al remitir aspectos fundamentales al desarrollo reglamentario y no concretar con suficiente claridad qué profesionales podrán acogerse al mecanismo. 

 

Votación el 9 de julio

La iniciativa continuará ahora su tramitación parlamentaria con la votación prevista en el Pleno del Senado el próximo 9 de julio, tras lo cual deberá volver al Congreso de los Diputados.

Para el ICAM, esta fase resulta decisiva para garantizar que la pasarela sea realmente operativa, clara y capaz de ofrecer una respuesta efectiva a quienes durante años desarrollaron su actividad profesional en el marco de mutualidades alternativas. El ICAM reitera su posicionamiento claro en esta materia y pide a los grupos parlamentarios que escuchen a los afectados, actúen con responsabilidad y preserven el objetivo principal de la norma: ofrecer una solución justa, viable y jurídicamente segura, sin dejar a nadie atrás.

 

 

La institución subraya, asimismo, que esta cuestión no puede abordarse enfrentando a unos colectivos de mutualistas con otros. La respuesta legislativa debe atender la situación de los profesionales en activo y, al mismo tiempo, tratar con el máximo respeto y sensibilidad a los mutualistas pasivos, pensionistas y personas que ya han causado prestaciones o se encuentran en situaciones especialmente delicadas. La seguridad jurídica, la equidad intergeneracional y la protección de quienes han visto frustradas sus expectativas de previsión social deben ser principios compatibles, no excluyentes.

El ICAM solicita también al Gobierno que se abstenga de utilizar el veto presupuestario como instrumento para bloquear el debate parlamentario de esta iniciativa cuando no exista una justificación económica suficiente, concreta y verificable. Una cuestión de esta trascendencia social y profesional requiere transparencia, diálogo institucional y respeto a la función legislativa de las Cortes Generales.