900.000 personas, 900.000 votos que este país no debería ignorar

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Que vengan elecciones no es nuestro problema. Es nuestra oportunidad para conseguir que un asunto pendiente desde hace años entre definitivamente en la agenda. El Congreso ha dado el primer paso hacia la supresión de penalizaciones por carreras largas de cotización. Pero conviene no confundirse: no se ha aprobado aún la reforma. Se ha empezado a discutir. Y ahora empieza lo importante.

No creo que debamos encerrarnos en una solución rígida antes de sentarnos a hablar. Hay que sentarse ya, hablar con todos y buscar una fórmula coherente con nuestras cuentas públicas, con nuestro entorno europeo y con lo que significa haber contribuido durante décadas.

Los que entraron con pantalón corto

Escribo con 42 años cotizados y un coeficiente reductor superior al 20%. En mi caso el impacto fue menor porque mi base superaba el tope de la pensión máxima. Pero mis compañeros no tuvieron ese amortiguador.

Muchos entraron en el Banco de Crédito Balear con catorce, quince o dieciséis años. Uniforme de botones, gorra de plato, pantalón corto. Telefonistas, correspondencia, recados. Por la noche estudiaban. Universidad, academias, formación de todo tipo y, en algunos casos, un segundo empleo. La mayoría tuvo que anticipar su jubilación a los 63 con reducciones vitalicias importantes.

Sigo en contacto con ellos. Les duele lo que pierden cada mes, claro. Pero duele todavía más sentir que haber empezado tan jóvenes y haber cotizado durante más de cuarenta años apenas obtiene un reconocimiento proporcional. Hace poco uno me lo resumió mejor de lo que yo sabría escribirlo: "No es cuestión de dinero". Es cuestión de dignidad. De años en los que trabajar y cotizar significó quitar horas al sueño y al ocio cuando éramos jóvenes, y hacerlo con la ilusión de que aquel esfuerzo tendría algún día su reconocimiento.

Un paso, no la meta

El 22 de septiembre el Congreso aprobó la toma en consideración de la proposición de ley: 178 votos a favor, 136 abstenciones y 33 votos en contra. Conviene detenerse en esas 136 abstenciones. Una abstención no es un no, y puede convertirse en una puerta abierta. Quien se abstiene tiene la oportunidad de convertir ese silencio en propuesta: enmiendas, umbrales, calendarios, lo que considere. Cualquier cosa menos dejar pasar el tiempo.

Porque el riesgo ahora no es una votación en contra. Es el cajón: que el plazo de enmiendas se prorrogue semana tras semana hasta que la legislatura termine y la iniciativa decaiga sin que nadie haya tenido que votar que no.

Y lo que hoy ocurre es sencillo de enunciar: más de cuarenta años cotizados, y una pensión recortada más de un 20% para el resto de la vida. El sistema establece tramos, sí, pero la cuestión de fondo permanece.

Firmes en el objetivo y flexibles en la forma. No corresponde imponer una solución cerrada antes de hablar. Habrá que discutir umbrales, coeficientes, calendarios y mecanismos transitorios, y su impacto económico. Pero el reconocimiento de una desproporción y la voluntad de corregirla no deberían aplazarse.

También debe encontrarse una solución para quienes ya están jubilados. Si se concluye que una carrera extraordinariamente larga merece un tratamiento específico, difícilmente se entendería que quienes ya soportan esa penalización quedasen al margen.

Europa ya reconoce las carreras largas

España ya tiene en cuenta la duración de la carrera de cotización mediante diferentes coeficientes reductores, pero lo hace de forma limitada si lo comparamos con algunos países de nuestro entorno. Alemania, Francia, Italia, Bélgica o Portugal utilizan distintas fórmulas para reconocer carreras largas o el hecho de haber empezado a trabajar muy joven.

En Alemania, por ejemplo, quien acredita una carrera de cotización muy larga puede jubilarse antes de la edad ordinaria sin reducción alguna. No se trata de copiar, sino de preguntarnos si reconocemos de manera proporcional el esfuerzo contributivo de quien ha sostenido el sistema durante más de cuarenta años. Ese es el debate.

Lo que cuesta, y lo que cuesta de verdad

El Gobierno ha cifrado el coste bruto de la medida en 3.358 millones de euros, aproximadamente un 1,77% del gasto en pensiones. Pero bruto no significa neto. Según los datos del propio Gobierno, las pensiones medias del colectivo superan los 2.000 euros mensuales.

Con una estimación basada en un tipo marginal de IRPF cercano al 30%, alrededor de 1.000 millones de euros podrían retornar a las arcas públicas. El coste neto sería, por tanto, sensiblemente inferior al coste bruto, aunque su cuantificación exacta exigiría conocer la situación fiscal individual de los afectados.

Y si me dicen que el sistema no aguanta

El envejecimiento plantea un reto real para las pensiones. Pero una proyección a veinte o treinta años no debería contemplar únicamente la demografía. La inteligencia artificial, la automatización y la evolución de la productividad pueden modificar de forma relevante el valor generado por hora trabajada, y ese es un factor que hoy apenas entra en el debate.

Dentro de veinte años no importará solamente cuántos trabajadores haya por pensionista, sino también cuánto valor sea capaz de generar cada uno. Y si una parte creciente de ese valor procede del capital y de la tecnología, habrá que discutir cómo evolucionan las bases fiscales que financian nuestro sistema de protección social. No parece razonable proyectar durante décadas una sola variable y dejar las demás fuera de la ecuación.

Ahora toca negociar

Lo que pido ya no es sentarse, sino un resultado: una solución proporcional para quienes han cotizado durante más de cuatro décadas, aprobada en esta legislatura. Con responsabilidad presupuestaria, con datos y con voluntad de acuerdo.

Y pido también a quienes estamos concernidos que estemos a la altura del momento. Escribamos a los diputados de nuestra provincia en la Comisión de Trabajo, contémosles nuestro caso y hagámosles cómplices, no adversarios. No se trata de aplaudir un día y pasar a otra cosa, sino de acompañar la tramitación hasta el final.

Las elecciones pasarán. Pero quienes empezaron a trabajar con catorce, quince o dieciséis años ya hicieron su parte. Hablamos de cerca de 900.000 personas, detrás viene la generación del baby boom y este debate no va a desaparecer. Conviene recordarlo con serenidad: esas 900.000 personas votan, en esta cuestión y en otras muchas, y sabrán valorar a quien se siente a buscar una solución.

Tenemos un reto y tenemos una oportunidad: que Tomeu y Llorenç, y tantos otros como ellos, puedan sentir que aquellas noches sin dormir, aquellos años de trabajo y estudio y aquella juventud entregada también a cotizar tuvieron, finalmente, el reconocimiento que merecían.