¿Cuántos molinos nos quedan, Sancho?
Cuando me jubilé a los 63 años, llevaba más de 45 años cotizados. Mi pensión fue reconocida con una reducción que continúa ahí, puntual como un recibo domiciliado, mes tras mes y año tras año.
No soy el único. Somos muchas las personas que empezamos a trabajar pronto y que, después de cotizar durante más de cuarenta años, nos jubilamos anticipadamente con una penalización permanente. Desde entonces pedimos algo bastante sencillo de explicar, aunque parece extraordinariamente complicado de resolver: que se reconozca de manera justa una vida laboral tan larga.
No se trata de una reclamación aislada. Las asociaciones que representan a los jubilados afectados llevan años defendiendo esta reforma, presentando propuestas, manteniendo contactos con los grupos parlamentarios y reuniendo miles de firmas en apoyo de una reivindicación que muchos consideramos una cuestión elemental de justicia. Sin ese trabajo persistente, difícilmente se entendería el paso dado en el Congreso.
El pasado 22 de septiembre pareció abrirse una puerta. El Congreso tomó en consideración, con 178 votos a favor, 33 en contra y 136 abstenciones, una proposición de ley presentada por el Grupo Mixto a iniciativa de Podemos. El texto planteaba eliminar la penalización por jubilación anticipada a partir de cuarenta años cotizados y permitía solicitar el recálculo a quienes ya nos habíamos jubilado.
Conviene aclararlo: aquel día no se aprobó una ley. Se aprobó comenzar a tramitarla. En el lenguaje parlamentario, entrar por la puerta no significa haber llegado al salón; detrás suelen quedar pasillos, escaleras, enmiendas, informes y alguna que otra puerta giratoria.
Aun así, la votación tenía valor. Después de años de reivindicaciones, podíamos señalar un texto concreto y un respaldo parlamentario amplio, aunque no unánime. Habíamos llegado, al menos, a la línea de salida. Y quienes llevamos tiempo esperando sabemos que, en determinados asuntos, alcanzar ese punto ya puede presentarse como una victoria.
Pero la política tiene su propio calendario, que rara vez coincide con el de las personas.
El 5 de octubre, apenas trece días después de aquella votación, se anunciaron elecciones generales para el 29 de noviembre. Con la disolución de las Cortes efectiva mediante su publicación oficial, la proposición de ley caduca. La futura Cámara podrá recuperar el asunto, naturalmente, pero tendrá que hacerlo mediante una nueva iniciativa.
Es decir: podremos volver a la casilla de salida, siempre que alguien encuentre otra vez el tablero.
Comprendo que una reforma de las pensiones exige calcular su coste y determinar cómo se financia. Es razonable exigir esas cuentas. También lo es explicar claramente a quién alcanzaría la medida, porque no supone lo mismo aplicarla únicamente a las nuevas jubilaciones que incluir a quienes llevamos años cobrando una pensión reducida.
En mi caso, ni siquiera bastaría con anunciar que se elimina el 12%. No busco promesas redondas ni porcentajes que después adelgacen al pasar por la calculadora. Quiero saber qué mejora real me correspondería, si finalmente me corresponde alguna.
Mi pensión es solo una entre muchas. Por eso, la pregunta que empezó siendo personal hace tiempo que dejó de ser únicamente mía.
Mientras tanto, la vida continúa sin esperar a los expedientes parlamentarios. Cada legislatura puede traernos una nueva oportunidad, pero también una nueva forma de empezar desde el principio. Los procedimientos se reinician; nuestros años, por alguna razón, no.
No sé si Don Quijote habría entendido los coeficientes reductores, los límites máximos o las caducidades parlamentarias. Probablemente habría cargado contra todo ello sin esperar el informe económico. Sancho, más prudente, quizá le habría advertido de que algunos molinos no se vencen con una lanza, sino con perseverancia, memoria y votos suficientes.
Y aquí seguimos, sin confundir molinos con gigantes, pero viendo perfectamente los obstáculos.
La pregunta, después del anuncio electoral, resulta inevitable: ¿cuántos molinos nos quedan, Sancho, antes de alcanzar una ley justa y duradera?
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