En el actual sistema de pensiones español se está produciendo una situación que, desde un punto de vista técnico y de equidad contributiva, resulta difícil de justificar: la llamada “doble penalización” en las jubilaciones anticipadas de trabajadores con largas carreras de cotización.

Hablamos de personas que han cotizado durante más de 40 años, muchas de ellas por bases superiores a la base máxima durante décadas. Es decir, perfiles que han sostenido el sistema con aportaciones elevadas y continuadas. Sin embargo, cuando acceden a la jubilación anticipada, se encuentran con una penalización que va más allá de lo razonable.

El mecanismo es conocido: primero se calcula la base reguladora conforme a las reglas vigentes, y a partir de ahí, si el trabajador accede a la jubilación anticipada, se aplican los coeficientes reductores correspondientes. Hasta aquí, el esquema podría considerarse coherente.

El problema surge cuando esa reducción no se aplica sobre la base reguladora real del trabajador, sino sobre la pensión máxima. Es decir, aunque la base reguladora calculada sea superior al límite máximo de pensión, el recorte se aplica directamente sobre esa pensión máxima, generando una distorsión evidente.

En la práctica, esto implica una doble penalización:

- Por un lado, el trabajador ya está limitado por el tope máximo de pensión, lo que supone que no percibe en proporción directa a lo cotizado.

Por otro, los coeficientes reductores se aplican sobre ese límite, reduciendo aún más la prestación final.

El resultado es que dos trabajadores con historiales de cotización muy distintos pueden terminar con pensiones muy similares tras aplicar los coeficientes reductores. Esto rompe claramente el principio contributivo que debería regir el sistema.

Desde una perspectiva técnica, la solución es evidente: los coeficientes reductores deberían aplicarse sobre la base reguladora real, y solo después, en su caso, aplicar el límite de pensión máxima. De esta forma, se mantendría la coherencia del sistema y se evitaría penalizar en exceso a quienes más han contribuido.

Además, este diseño actual introduce un efecto desincentivador difícil de ignorar. ¿Qué sentido tiene cotizar durante décadas por la base máxima si, llegado el momento, el sistema no reconoce ese esfuerzo de forma proporcional? Este tipo de incoherencias erosiona la confianza en el sistema público de pensiones.

En este caso, no se trata de cuestionar la existencia de coeficientes reductores —que pueden tener sentido en términos de sostenibilidad—, sino de reclamar una aplicación justa y proporcional de los mismos.

En un contexto donde se insiste en la necesidad de carreras largas de cotización para garantizar la viabilidad del sistema, resulta contradictorio penalizar precisamente a quienes han cumplido sobradamente con ese objetivo.

Es necesario abrir un debate técnico y político sobre esta cuestión. Porque la sostenibilidad del sistema no puede lograrse a costa de sacrificar la equidad.

Y, sobre todo, porque un sistema de pensiones solo es sólido si es también percibido como justo.

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