Mutualistas: cuando el tiempo del Estado no es el del ciudadano

 

Hay una diferencia silenciosa, pero determinante, entre el tiempo del ciudadano y el tiempo de la Administración. El primero está lleno de fechas, obligaciones y consecuencias. El segundo, en cambio, parece habitar una dimensión distinta: más flexible, más difusa, casi inmune al paso de los meses.

Eso es lo que están comprobando miles de mutualistas que, tras haber solicitado la devolución de lo indebidamente pagado en el IRPF, continúan atrapados en un proceso sin horizonte definido. No se trata ya de una demora puntual ni de una incidencia técnica. Lo que se percibe es algo más profundo: un sistema que ha interiorizado el retraso como parte de su funcionamiento ordinario.

Durante meses se anunció una solución ágil, ordenada y definitiva. Se habló de digitalización, de simplificación y de eficiencia. Pero la experiencia real ha sido muy distinta. Los expedientes no se deniegan, tampoco se resuelven: simplemente permanecen. En una especie de estado intermedio donde nada ocurre, pero todo sigue pendiente.

Los datos oficiales son elocuentes: según información facilitada por la propia Agencia Tributaria, más de 830.000 ciudadanos —de los 2,4 millones que presentaron solicitud— llevan más de un año esperando una resolución que la ley exigía en seis meses. La Administración lo sabe, lo reconoce en sus propias estadísticas, pero no fija fecha para resolverlo.

La ausencia de plazos concretos no es un detalle menor. Es el núcleo del problema. Cuando no hay fechas, tampoco hay compromisos. Y cuando no hay compromisos, el ciudadano queda desprovisto de referencias. La incertidumbre deja de ser una situación excepcional para convertirse en la norma.

Se ha instalado así una lógica preocupante: la de una Administración que exige exactitud absoluta en el cumplimiento de las obligaciones fiscales, pero que no se somete a esa misma exigencia cuando le corresponde actuar. El desequilibrio es evidente. No se trata solo de eficacia, sino de equidad institucional.

En este contexto, la explicación recurrente —la "carga de trabajo"— empieza a mostrar sus límites. Puede justificar un retraso puntual, pero no una demora prolongada, ni mucho menos la ausencia total de información útil. Cuando una justificación se repite indefinidamente, deja de ser una explicación para convertirse en una coartada.

Y, sin embargo, lo más llamativo no es el retraso en sí, sino la falta de respuesta clara. No se pide un trato de favor ni una solución excepcional. Se pide algo mucho más básico: saber. Saber en qué punto está el expediente, qué falta para resolverlo y cuándo puede esperarse una decisión. Información mínima en cualquier sistema que aspire a ser transparente.

Porque lo que está en juego no es solo una devolución económica. Es la credibilidad del propio sistema. Cada expediente que permanece indefinidamente «en tramitación» no es solo un trámite pendiente; es una promesa incumplida.

El problema, en el fondo, no es que el procedimiento sea complejo. Es que el ciudadano ha dejado de ser el centro del procedimiento. Y cuando eso ocurre, el tiempo deja de ser un instrumento de gestión para convertirse en un problema en sí mismo.

El valor del tiempo

El Estado mide con precisión el tiempo del contribuyente. Sabe cuándo debe declarar, cuándo debe pagar y cuándo incurre en retraso. Esa precisión debería ser bidireccional. Porque el tiempo no puede ser exigente en una sola dirección.

Los mutualistas no están reclamando rapidez; están reclamando reciprocidad. Que el mismo rigor que se les exige se aplique también cuando la Administración tiene que responder.

Porque, al final, la verdadera cuestión no es cuánto tarda un expediente. La cuestión es si ese tiempo es justo.

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