Hay preguntas que uno empieza a hacerse cuando llega a la jubilación. En mi caso, no son cuestiones ajenas: me afectan personalmente tres situaciones que considero merecen una reflexión colectiva.

La primera es la penalización que sufren quienes se han visto obligados a jubilarse anticipadamente, pese a haber cotizado más de 40 años. Muchos comenzaron a trabajar muy jóvenes y han dedicado buena parte de su vida a contribuir al sistema. Sin embargo, cuando llega el momento de retirarse, algunos ven reducida su pensión de forma permanente. Cabe preguntarse si es justo que una trayectoria laboral de más de cuatro décadas no tenga un reconocimiento suficiente a la hora de calcular la pensión.

La segunda cuestión es la fiscalidad de las pensiones. Después de tantos años trabajando, nuestros salarios ya tributaron en su momento. Ahora, al jubilarnos, la pensión vuelve a estar sujeta al IRPF como rendimiento del trabajo. Soy consciente de que, jurídicamente, no se trata necesariamente de una doble imposición, porque el salario y la pensión son rentas distintas. Pero muchos jubilados nos preguntamos si sería posible establecer un tratamiento fiscal específico para las pensiones públicas, diferenciado del régimen general de los rendimientos del trabajo, que reconociera mejor su naturaleza y el esfuerzo contributivo acumulado. No se trata simplemente de pagar menos, sino de abrir un debate sobre la equidad y la justicia de nuestro sistema fiscal.

La tercera cuestión es la sostenibilidad de las pensiones públicas. Se nos habla constantemente de reformas, ajustes y dificultades demográficas, mientras se fomenta el ahorro privado como complemento para la jubilación. Es legítimo preguntarse si estamos explicando con suficiente claridad cómo se financiará el sistema en el futuro y qué parte corresponde a las cotizaciones y cuál a los Presupuestos Generales del Estado. La sostenibilidad exige soluciones, pero también transparencia y responsabilidad. Quienes hemos cotizado durante décadas necesitamos saber que los compromisos adquiridos con los trabajadores se afrontan con seriedad y que garantizar nuestra jubilación no se convierte progresivamente en una responsabilidad exclusivamente individual.

Quizá el problema sea que estamos tratando estas tres cuestiones por separado, cuando en realidad forman parte de una misma reflexión: qué reconocimiento damos a quienes han dedicado más de cuarenta años de su vida al trabajo y a sostener nuestro sistema público.

No pretendo negar las dificultades económicas ni enfrentar a unas generaciones con otras. Tampoco reclamo privilegios. Pido que se escuche a quienes se sienten perjudicados, que se expliquen con claridad las decisiones que afectan a sus pensiones y que se estudien soluciones con criterios de equidad y respeto.

Por eso creo que sería conveniente impulsar un planteamiento global, con la participación de los jubilados, los expertos y los responsables políticos. No para alimentar la desconfianza, sino para recuperar algo esencial: la certeza de que el esfuerzo de toda una vida cuenta y de que las reglas del sistema responden a compromisos que merecen ser respetados.

Después de más de cuarenta años cotizando, uno no pide privilegios. Pide justicia, claridad y tranquilidad para afrontar la última etapa de su vida.

¿No ha llegado el momento de que hablemos, con serenidad y sin partidismos, de qué jubilación queremos y de qué futuro estamos construyendo para quienes vendrán detrás?

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