La nueva Ley de Dependencia ya es una realidad. Tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), este 23 de octubre entra en vigor la reforma de la norma que regula el sistema de cuidados –la primera versión fue aprobada en 2006, con José Luis Rodríguez Zapatero de presidente del Gobierno–. 

A partir de este viernes, y dentro del plazo de un año, las comunidades autónomas, que son quienes ostentan la competencia de servicios sociales, deberán ir progresivamente aplicando todas las novedades incluidas en el texto tramitado recientemente por las Cortes.  

Este cambio legislativo nace con una meta clara: procurar que la ayuda llegue en tiempo y forma a los dependientes, adaptándose a sus necesidades, y que mejoren, en paralelo, las condiciones de quienes cuidan.

Y es que, hasta la fecha, el sistema no ha logrado ofrecer una atención suficiente y adecuada a los usuarios, ni ha reconocido debidamente la labor de quienes prestan el servicio –ya sea familiar o profesional– y ha tenido graves deficiencias como la generación de interminables listas de espera; tres externalidades negativas que la nueva norma pretende corregir.

Los cambios 

En concreto, las principales novedades que incluye la reforma de la Ley son la eliminación de incompatibilidades entre prestaciones –lo que permitirá compaginar centros de día, ayuda a domicilio, etc.–, la reducción del plazo máximo de resolución a tres meses –actualmente, de facto, se superan los nueve meses (293 días) de demora media a nivel nacional– y el blindaje de la financiación estatal al 50% del gasto total certificado por cada comunidad autónoma en el ejercicio precedente.  

Además, se aprueba el reconocimiento automático de la discapacidad a partir del grado de dependencia, para aligerar la burocracia; se valora al cuidador principal y se complementa con la figura del no profesional, introduciendo que personas del mismo entorno relacional puedan ofrecer estos apoyos; se garantiza que la administración abone las cotizaciones de los cuidadores principales, así como la continuidad de su labor, en caso de enfermedad grave u hospitalización; se amplían las funciones que realiza la ayuda a domicilio, cuyos trabajadores podrán hacer ahora acompañamientos; se fomenta la prestación de servicios en las viviendas colaborativas; se consagra la teleasistencia como derecho subjetivo; y se regula el asistente personal y flexibiliza su uso, sin restringirlo a los ámbitos educativo y laboral; entre otras modificaciones. 

Las novedades introducidas en la Ley se enmarcan dentro de la senda reformista iniciada tras la pandemia de Covid-19, para modernizar el sistema de cuidados. Algunas de las medidas más destacadas aprobadas anteriormente en esa misma línea fueron el Plan de Choque de la Dependencia de 2021 –primer aumento de fondos que se hizo desde la crisis– o el nuevo modelo de residencias de 2022 –creación de unidades de convivencia, centros más hogareños...–, ambos tramitados durante la legislatura anterior con el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, y la Estrategia de Desinstitucionalización de 2024 –potenciar los cuidados en el entorno comunitario–, aprobada ya con el actual Ejecutivo, PSOE-SUMAR.   

Todavía queda mucho por hacer

Ahora bien, pese a que, por lo general, el sector, los usuarios y los trabajadores han recibido con buenos ojos la reforma legislativa, según ha podido comprobar 65YMÁS, existe un sentimiento de inquietud generalizado, puesto que aprobar la Ley no garantiza que se cumpla. Por ello, argumentan, lo importante en estos momentos es que se pongan los medios necesarios y se involucren todos los actores para que de verdad el sistema de cuidados cambie, se adapte a las necesidades de los dependientes y la reforma no quede en papel mojado. 

En ese sentido, desde la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA), su presidente, José Luis Fernández, recuerda que existen desafíos pendientes. Aunque celebra el acortamiento de seis a tres meses del plazo legal para resolver las prestaciones, advierte de que este periodo continúa siendo "insuficiente", sobre todo para la población vulnerable con pensiones más reducidas. En el ámbito económico, la organización, que valora que la Administración General del Estado asuma el 50% de la financiación, considera imprescindible estructurar un plan plurianual que permita alcanzar progresivamente el 1,6% del PIB en inversión en Dependencia. Además, Fernández pide mayor reconocimiento y formación para los cuidadores familiares, elevar las exigencias a los profesionales para evitar malas prácticas y crear comisiones junto a las entidades del sector que evalúen anualmente el cumplimiento de las medidas para asegurar que las ayudas asignadas sean "inmediatas" y que los objetivos marcados por el Gobierno, como el de reducir las listas de espera en 2027 a la mitad y eliminarlas en 2028, se cumplan. Cabe recordar que en las últimas dos décadas, cada año, han fallecido varias decenas de miles de solicitantes inmersos en estos trámites con la administración, sin haber recibido una prestación.

Por su parte, la presidenta de la Confederación Estatal De Mayores Activos (Confemac), Gloria Veiga, afirma que "para que la reforma sea efectiva y no colapse en su primer año", las administraciones se deberían centrar en tres "acciones críticas": un plan de choque contra estas listas, habilitar la compatibilidad de las ayudas con los sistemas de gestión y modificar los pliegos de contratación de la ayuda a domicilio.

El portavoz de la Plataforma Estatal de Familiares de Residencias, Miguel Vázquez, que califica el cambio como "un paso adelante importantísimo", advierte asimismo de que las mejoras no llegarán "de la noche a la mañana", pues todavía deben ser implementadas por las autonomías. En ese sentido, alerta de que la institucionalización en las residencias, que califica de "sistema cuartelario", persistirá si no se condicionan las partidas a exigencias vinculantes, denunciando además que la norma no ataja el problema estructural de las plantillas: "Sin personal no hay ni atención centrada en la persona, ni respeto a sus preferencias, ni atención libre de sujeciones, ni alimentación digna". Por otro lado, Vázquez muestra igualmente su preocupación por el "escaso nivel de concreción" y reclama que los recursos estatales se transfieran con "carácter finalista" a las regiones para impedir que las metas asistenciales "se conviertan en papel mojado".

También reconocen la existencia de desafíos en el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD). En un comunicado emitido con motivo del fin de la tramitación parlamentaria de la norma, aseguraban que "el éxito de la reforma no se medirá por el número de derechos reconocidos en el BOE, sino por la capacidad de las administraciones para hacerlos efectivos en la vida diaria de las personas". Por ello, reclamaban:

• Un Pacto de Estado por la Dependencia y la Discapacidad. 
• Financiación suficiente y finalista.
• La creación de órganos independientes de control, evaluación e inspección. 
• Más transparencia y rendición de cuentas. 
• La garantía efectiva de la libertad de elección. 
• El desarrollo de nuevos recursos y profesionales. 

"El papel lo aguanta todo. Lo verdaderamente importante es comprobar dentro de uno, dos o tres años si han disminuido las listas de espera, si las diferencias territoriales se han reducido y si las familias reciben realmente los apoyos prometidos", apuntaban. 

En el caso de HelpAge International España recordaban el mes pasado que la reforma "debe ir acompañada de una implementación efectiva, una financiación suficiente y una coordinación adecuada entre administraciones, para corregir las desigualdades territoriales que aún persisten". "La consolidación de la aportación estatal y el compromiso de reforzar el sistema son pasos positivos, pero será necesario hacer un seguimiento riguroso de su aplicación y de sus resultados", señalaban. Además, reclamaban que se "incorpore una perspectiva de edad, género y derechos humanos" en todo el proceso de implementación.  

Por su parte, José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que califica la entrada en vigor de la Ley como "el mayor avance que se ha dado en España en protección social en el último lustro", advierte no obstante a 65YMÁS de la urgencia de atajar las demoras, señalando que en estos momentos "236.736 personas están en las listas de espera" y que al ritmo actual se tardaría "ocho años" en "lograr la plena atención". Además, pese a que el Estado ha duplicado las aportaciones mensuales con un incremento de 1.700 millones de euros, Ramírez denuncia que "todavía no hemos visto ese efecto en la reducción" de las cifras y reclama a las comunidades autónomas consignar esos fondos en sus presupuestos del año que viene. Finalmente, propone aprovechar el nuevo escenario para aumentar las cuantías de las prestaciones, equiparar los salarios de las auxiliares e implantar una "gestión con pericia, agilidad administrativa y, sobre todo, decisiones con alma que miren el rostro humano" del colectivo en situación de dependencia.

El coordinador del Sector de Dependencia de UGT Servicios Públicos, Hugo Sánchez, avisa de que la nueva inyección económica destinada a la atención social "solo resultará legítima y eficaz si repercute directa y tangiblemente en la mejora de las condiciones de trabajo y salariales" del convenio colectivo. Desde el sindicato alertan del riesgo de que los recursos se orienten prioritariamente a subsidios familiares en lugar de a la profesionalización, lo que "no solo precariza la atención al usuario, sino que perpetúa la informalidad de los cuidados" sobre las mujeres en el hogar. Asimismo, la organización denuncia un "bloqueo de transferencia" por la rigidez de la normativa de desindexación y contratación pública –que impide actualizar las tarifas de los conciertos vigentes para asumir alzas retributivas– y alerta de que el reparto autonómico sin carácter finalista puede provocar tanto la "inejecución de fondos" por disputas políticas como su desvío para "cubrir otros déficits presupuestarios" ajenos a la dependencia.

Desde el ámbito empresarial, Rafael Sánchez-Ostiz, presidente de la patronal de la Dependencia CEAPs, valora la reforma, reconociendo avances clave en materia presupuestaria, en la que el Estado asume "el 50% del coste de la factura" para aliviar el esfuerzo económico de las comunidades, además de destacar la "universalización de un servicio como el de la teleasistencia" y la compatibilización de prestaciones. Con todo, enfatiza que la norma mantiene graves carencias estructurales y avisa de que "se sigue sin resolver de forma clara lo que es la profesionalización de los cuidados" frente al inminente "déficit de los recursos humanos" provocado por el envejecimiento y la jubilación de la generación del baby boom –el Gobierno calcula que de aquí a 2030 serán necesarios 260.000 trabajadores más–. Asimismo, critica que "la prevención sigue siendo la gran ausente" para intervenir en "situaciones de fragilidad" y denuncia la desatención médica en los centros residenciales al remarcar que "es su domicilio, por lo cual tendrían que tener derecho a una atención sanitaria universal de calidad y gratuita".

Ignacio Gamboa, presidente de la patronal de ayuda a domicilio ASADE, entiende asimismo que se trata de un paso relevante "para seguir avanzando hacia unos cuidados más personalizados y más cercanos a las personas y que puede aportar algo más de certidumbre en la financiación del sector", pero matiza que "ahora viene lo realmente importante, que es llevarlo a la práctica y para eso hacen falta recursos, cambios normativos en las leyes que regulan la prestación de estos servicios, una buena coordinación entre las administraciones y, sobre todo, más profesionales". 

En la misma línea se manifiesta el presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia (FED), Ignacio Fernández-Cid, que valora el paso dado, pero reconoce que aún "quedan numerosos aspectos pendientes de concretar para garantizar su correcta aplicación" y asegura que "el éxito" dependerá, "en gran medida, de una coordinación eficaz entre el Gobierno central y las comunidades autónomas". "Creemos que una reforma de esta importancia requiere una mayor planificación, criterios claros y homogéneos y seguridad jurídica para las entidades que prestan los servicios", comenta.