Defender la sanidad y las pensiones: la misma tarea

COESPE ve la subida de pensiones insuficiente: "Los precios reales han subido un 9% como mínimo"

 

Este domingo, 7 de abril, es el Día Mundial de la Salud. En nuestro país, COESPE (@CoespeOficial), junto con decenas de organizaciones sociales y sindicatos, vamos a movilizarnos unitariamente en defensa del derecho a la salud.

Nada más vinculado a la vida que el mantener un sistema de salud universal, público, al servicio de las personas y no de los negocios privados.

Debemos defender, directamente y en la forma que nos sea posible, nuestro derecho a una vida digna y a un acceso a los avances sanitarios, que hemos pagado con nuestro trabajo e impuestos durante toda la vida. Las listas de espera matan, porque convierten dolencias curables en enfermedades mortales, porque aumentan el dolor y el sufrimiento de quienes las padecen.

Las personas mayores, junto con los niños, somos usuarios destacados del sistema de salud. Su destrucción nos afecta como usuarios por razones obvias, pero también indirectamente a toda la sociedad, porque los mayores con mala salud son más dependientes, suponen un mayor gasto social, pueden colaborar menos con sus familias y la sociedad para transmitir sus conocimientos y ejercer su colaboración en el cuidado de otras personas.

Pero la defensa de un sistema público de salud tiene otra vertiente, la de las personas trabajadoras en los servicios sanitarios de todo tipo y categoría. Confrontados a tener que realizar horarios imposibles, cargas de trabajo insoportables, jornadas irregulares de forma sistemática para atender a seres humanos que sufren ante sus ojos cada vez que no alcanzan a prestarles un servicio en condiciones. El personal sanitario está sometido a un inaceptable chantaje de manera continuada, lo que hace de este sector uno de los más duros y con mayor desgaste físico y psíquico.

La salud pública no puede ser un negocio

La fórmula de las empresas privadas y de los fondos de inversión que las controlan, en último término, es muy clara: ganar el máximo dinero posible, en el mínimo tiempo posible. Para ello, no hay que inventar la sopa de ajo, se trata de que, con las concesiones y pagos que les da la Administración, pagan peor a sus trabajadores y gastan lo menos posible en los servicios que ofrecen, empeorando los servicios médicos. Sus beneficios son, literalmente, nuestro dolor.

La salud no puede ser un negocio. En todos los lugares que funciona de forma privada, su calidad es francamente peor y su coste mucho mayor. Estados Unidos tiene un gasto sanitario por persona que es triple que el español. Totalmente privado. Sin embargo, su esperanza de vida es un 9% inferior a la nuestra: 76,3 años respecto a 83,1. Tener salud privada quiere decir que toda la gente va a vivir de media un año menos de cada diez de su vida. ¿Cómo puede defenderse un sistema tan ineficiente?

Los motivos los conocemos de sobra. Los fondos de inversión han desarrollado un enorme lobby de ONGs, influencers y corruptores que presionan sobre nuestras instituciones y representantes para conseguir el máximo posible de negocio. La descentralización autonómica de la sanidad, que debía servir para acercar las administraciones a la ciudadanía, ha sido utilizada para descentralizar la corrupción, duplicar servicios y ocultar las cuentas y los resultados, frente a un Ministerio de Sanidad que está de vacaciones permanentes.

Por ello, es tan importante el tejido social que estamos construyendo en todo el Estado para generalizar las denuncias, las movilizaciones, la red de movimientos activos en la defensa de nuestros derechos. Nuestra participación debe ser lo más activa posible, pero en el transcurso de su preparación han aparecido nuevas cuestiones vinculadas a la salud de los mayores.

'No' a los planes de pensiones de empleo

Parece ser que los altos dirigentes de algunos sindicatos están negociando, en los convenios colectivos, la inclusión de una vía de privatización de las pensiones. Lo denominan cláusulas de planes de empleo, pero su contenido, en lugar de permitir el acceso a los jóvenes adelantando las jubilaciones, tiene un propósito muy distinto. Se trata de obligar a los trabajadores a que una parte de cotizaciones sociales que pagan sus empresarios vayan a fondos privados de pensiones. Otra vez se ponen rimbombantes nombres a lo que simplemente es, solo y claramente, un robo.

Las pensiones privadas quiebran sistemáticamente. Estamos viendo cómo las mutuas de los colegios profesionales están en quiebra técnica y dejan sin pensión a los incautos (sobradamente preparados) que confiaron en ellas, frecuentemente obligados por su colegio profesional.

Todo el dinero que no vaya a la Seguridad Social y vaya a las pensiones privadas se perderá en el futuro. Es un robo del salario diferido de los actuales trabajadores. Afortunadamente, cada vez más personas están denunciando este vergonzoso proceso. COESPE llama a iniciar e impulsar campañas de denuncia de forma unitaria con recogidas de firmas, asambleas, acciones de todo tipo, incluyendo aquellos que votaron o están afiliados a sindicatos cuyos dirigentes están en secreto negociando este tipo de acuerdos.

Y esto también tiene que ver con la salud. No solo porque los beneficiarios del robo de las pensiones son los mismos que los que privatizan la sanidad: los fondos de inversión; sino porque acceder a una pensión digna es el primer elemento para garantizar una buena salud de las personas. La pobreza, la incertidumbre económica, el enfrentar una vida en que la pensión pierde cada año valor de compra, es uno de los factores más importantes de perdida de condiciones de salud para nuestros mayores.

Pero, por el contrario, la lucha, la complicidad, la participación y el esfuerzo por mantenernos como personas dignas y empoderadas es una manera de ganar salud y de mostrar ejemplo a las generaciones futuras.

Todas y todos a luchar por una sanidad y pensiones dignas y públicas.

¡Gobierne quien gobierne las pensiones y los derechos se defienden!