Cuidados para vivir mejor: más apoyos, más profesionales y más derechos para mayores y cuidadoras

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Según datos oficiales (Ministerio de Derechos Sociales: empleo en cuidados, necesidades de profesionales y financiación) el empleo en el ámbito de los cuidados creció un 8,9 % en dos años, pero España necesitará 260.000 trabajadoras más de aquí a 2030. Reforzar los servicios, mejorar las condiciones laborales y garantizar una atención centrada en cada persona son los grandes retos del sistema de cuidados.

Recibir los apoyos necesarios para vivir con autonomía, permanecer en el propio hogar siempre que sea posible y contar con una atención digna cuando se necesita ayuda son cuestiones fundamentales para el bienestar de las personas mayores. Garantizar estos derechos requiere un sistema de cuidados capaz de responder a las necesidades actuales y de prepararse para las que surgirán en los próximos años. Se trata de una cuestión radical que no debe demorarse. 

Si bien es cierto que el sector está creciendo (Según la EPA, el empleo en cuidados aumentó un 8,9 % entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, pasando de 386.900 a 421.200 puestos), sin embargo, el desafío sigue siendo considerable: necesitamos seguir incorporando profesionales para garantizar una cobertura suficiente.

Más atención en el hogar y en el entorno comunitario

Todos los estudios que indagan y analizan las preferencias de las personas sobre dónde desean vivir, obtienen el mismo resultado (en el propio domicilio) Es coherente, por tanto, que uno de los cambios más destacados que reflejan las estadísticas sea el aumento del empleo en los servicios sociales sin alojamiento. Entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, estos servicios sumaron 36.300 puestos de trabajo, un incremento del 23,6 %, hasta alcanzar los 190.300. Pero ese incremento continúa siendo muy escaso para cubrir la demanda. Mientras tanto, el empleo en los establecimientos residenciales se mantuvo estable.

La evolución creciente de los recursos domiciliarios y de proximidad no debe entenderse como que deban sustituir a la atención residencial. Las necesidades son diversas entre personas y también son cambiantes a lo largo del tiempo. Lo que resulta crucial es disponer de una red de servicios suficientemente amplia, coordinada y flexible, que permita ofrecer a cada persona y en cada momento de su proceso la atención más adecuada, respetando sus preferencias y circunstancias. Y en el caso de las residencias sí es exigible que continúen evolucionando hacia el modelo hogar, que apliquen el enfoque de personalización y se sitúen en el entorno comunitario. Así, deberían consolidar acuerdos que creen redes de coordinación con el sistema sanitario, con los recursos socioculturales cercanos y convertirse en centros de recursos abiertos a la comunidad, ofreciendo sus servicios también a las personas que viven en su domicilio. 

Cuidar bien requiere financiación suficiente y contar con profesionales suficientes

Según las estimaciones del Ministerio de Derechos Sociales, en 2030 se necesitarán 260.000 trabajadoras más para garantizar los cuidados de larga duración de calidad que España necesita para responder a la creciente demanda, en especial por el exponencial crecimiento de personas de 80 años y más. Por ello, es imprescindible seguir ampliando los servicios, reducir la burocracia y asegurar que las personas que necesitan apoyos puedan acceder a ellos en un plazo razonable. En este sentido, habría que garantizar que el incremento considerable de financiación del SAAD que ya es una realidad y que hemos venido pidiendo y celebramos desde la PMP (85,5% para el nivel mínimo este año, más 6.270 millones de euros para el próximo), se traduzca en que esos recursos económicos, que ya están llegando a las Comunidades Autónomas, tenga un carácter finalista y se traduzcan en contratación de más profesionales, más atención efectiva, una mejor cobertura y una reducción de las listas de espera. 

Hay muchas personas mayores y muchas familias cuidadoras para quienes la financiación tiene una traducción muy concreta: poder recibir a tiempo la ayuda que necesitan, contar con profesionales suficientes y encontrar respuestas adecuadas cuando su situación cambia.

El gasto en cuidados se duplicará hasta 2050 y complicará el futuro de las pensiones

Cuidar bien también significa cuidar a quienes cuidan

La responsabilidad de los cuidados tampoco puede seguir recayendo como hasta ahora en las familias, ni seguir descansando mayoritariamente sobre las mujeres. Las personas cuidadoras del entorno afectivo más cercano necesitan apoyos y recursos efectivos, además de reconocimiento, para que cuidar no suponga renunciar a la propia salud, al empleo o a la vida personal.

En cuanto al cuidado profesional, la calidad de la atención depende en gran medida de las condiciones en las que trabajan las personas que la prestan. Sin profesionales suficientes, con estabilidad, con formación adecuada y condiciones laborales dignas, resulta difícil garantizar una atención continuada y de calidad.

Además, los cuidados profesionales siguen siendo un sector profundamente feminizado. Según la EPA y los estudios de la Fundación Pilares, las mujeres representan el 88% de las profesionales que trabajan en residencias y el 91 % de quienes prestan atención domiciliaria y la mayoría de ellas no tienen formación suficiente, sobre todo en los aspectos que requiere la aplicación del nuevo modelo de cuidados (integral y centrado en las personas). Esta realidad hace necesario avanzar en igualdad y corresponsabilidad, así como reconocer el valor social y económico de un trabajo imprescindible. Mejorar los salarios, la formación, la estabilidad laboral y las condiciones de trabajo es también una forma de mejorar la atención que reciben las personas mayores y eso se logra también mediante la negociación colectiva para llegar a un acuerdo entre los agentes sociales que permita actualizar el convenio colectivo del sector. En este sentido, hacemos nuestras las palabras de Rosa Martínez, secretaria de Estado de Derechos Sociales: “No hay mejora posible del sistema sin mejorar las condiciones de las profesionales que cuidan”.

Una reforma para ampliar derechos y mejorar la atención

Desde la PMP y las organizaciones que la componen celebramos la culminación de las reformas de las leyes de dependencia y discapacidad, aprobadas definitivamente por el Congreso de los Diputados el 16 de septiembre de 2026 y recogida en la Ley 4/2026. La convalidación entre grados de discapacidad y dependencia, la ampliación de los servicios de apoyo, el refuerzo de la teleasistencia, la asistencia personal, la flexibilización de determinadas incompatibilidades, y que el Estado asuma por fin el 50% de los costes se han incorporado a esta reforma tal como pedíamos desde el movimiento representativo de personas mayores y de las entidades sociales. 

Se trata de cambios muy relevantes porque pueden facilitar el acceso a apoyos y cuidados pertinentes y continuados a las personas y simplificar algunos trámites, tal como estaba siendo reivindicado. Desde nuestra Plataforma pedimos ahora que por parte de las Comunidades Autónomas se actúe con diligencia y dispongan los créditos necesarios para la parte que les toca asumir y que el alcance real de la reforma se realice diligentemente. 

Envejecer con autonomía, dignidad y derechos

El futuro de los cuidados debe construirse, de acuerdo con los principios del modelo AICP, teniendo en cuenta las necesidades, derechos y decisiones de las personas mayores. Esto implica saber escucharlas, reconocer su derecho a decidir y ofrecer alternativas reales para permanecer en casa cuando sea posible, garantizar plazas residenciales o de alojamiento adecuadas cuando se necesiten y facilitar el acceso a servicios profesionales sin trasladar toda la responsabilidad a las familias, que también deben ser apoyadas. Se trata de evitar que la edad o una situación de salud, discapacidad o dependencia supongan una pérdida de derechos, autonomía o participación social.

Fuentes bibliográficas: