Los tiempos de espera para recibir una ayuda a la Dependencia siguen siendo muy superiores a los máximos estipulados tanto en la Ley recientemente tramitada por el parlamento como en la anterior norma.

Según el último Panel de SAAD –con datos hasta el 30 de septiembre–, que fue presentado este lunes por parte del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, la demora a nivel de toda España era de 293 días –más de nueves meses–. 

Esta espera excede en más de un trimestre el plazo de medio año establecido en la legislación de 2006. Además, con su reforma, que reduce este máximo a tres meses, el desfase frente al nuevo límite legal rozaría los siete meses. Cabe recordar que la modificación de la Ley de Dependencia entrará en vigor el 23 de octubre –20 días después de su publicación en el BOE– y las comunidades tendrán un año para promover los cambios necesarios para su aplicación. 

Así, actualmente, salvo en el caso de Ceuta –71 días–, ninguna autonomía cumpliría con este nuevo requisito de tres meses. Las que más se acercan son Aragón –109 días– y Castilla y León –120–. Y teniendo en cuenta el máximo de seis meses de la regulación de 2006, sólo ocho regiones registrarían demoras inferiores: Melilla –178–, Cantabria –169–, Castilla-La Mancha –166–, País Vasco –130–, La Rioja –130–, Castilla y León, Aragón y Ceuta. 

Eliminar las listas de espera

Cabe recordar que el Gobierno aseguró que trabajan con el objetivo de reducir a la mitad las listas de espera en 2027 y eliminarlas en 2028. Para intentar lograrlo, este año y el próximo se ha ampliado la financiación, llegando a una aportación de la administración central del 50% del total de la partida destinada al sistema de cuidados –era una reivindicación histórica de las regiones, del sector y de los propios usuarios y un compromiso del acuerdo de Gobierno PSOE-SUMAR–. 

Además, la nueva regulación incluye medidas que caminan hacia la desburocratización de los procedimientos, que deberían ayudar a descongestionar el sistema, y se garantiza, por Ley, una financiación equivalente al 50% del gasto total certificado por cada comunidad en el ejercicio precedente, descontando la aportación de los beneficiarios. 

Asimismo, la norma recientemente modificada estipula que "el derecho de acceso a las prestaciones derivadas del reconocimiento de la situación de dependencia se generará desde la fecha de la resolución de reconocimiento de las prestaciones o, en su caso, cuando haya transcurrido el plazo de seis meses desde la presentación de la solicitud sin haberse dictado y notificado resolución expresa de reconocimiento de la prestación". 

Lista de espera

En total, en España habría 236.736 personas inmersas en trámites para conseguir una prestación, un 16,6% menos que hace un año, cuando eran 284.020, según un cálculo realizado por Europa Press a partir de los datos publicados este lunes por el Gobierno.

De ellas, 134.734 personas llevan más de seis meses esperando y 76.781, menos de seis meses. A ellas, habría que sumar 25.221 casos en los que el motivo de encontrarse a la espera de la dependencia no es imputable a la Administración.

Teniendo en cuenta el número total (más de 6 meses y menos de 6 meses), a 30 de septiembre de 2026, 85.976 estaban pendientes de la resolución de grado; 117.017 estaban a la espera de la resolución del Programa Individual de Atención (PIA) y 33.743 tenían la resolución del PIA y estaban pendientes de que la prestación se hiciera efectiva.

Faltan 260.000 trabajadoras

Según han dado a conocer en un comunicado, el Ministerio de Derechos Sociales habría fijado asimismo las condiciones laborales del sector como un objetivo prioritario y la necesidad de incorporar más trabajadores.

Según datos de la Encuesta de Población Activa, el empleo en cuidados habría crecido un 8,9% en dos años, desde los 386.900 puestos en diciembre de 2023 hasta los 421.200 puestos a diciembre de 2025 –equivalentes a jornada completa–.

Los servicios sociales sin alojamiento son el principal motor que impulsa este crecimiento en el empleo de cuidados: suman 36.300 puestos más (+23,6%) en ese periodo, hasta los 190.300, mientras que el empleo en los establecimientos residenciales se mantiene estable.

Según interpresentan desde el Gobierno, este crecimiento respondería "tanto a la reducción de la lista de espera como a la mejora de los servicios".

No obstante, Derechos Sociales estima que en 2030 se necesitarán 260.000 trabajadoras más para garantizar los cuidados de larga duración ante el reto demográfico que afrontará España en la próxima década.