Atados con sábanas: las residencias clandestinas de Portugal y la escasez que las alimenta
En una residencia la policía encontró a mayores inmovilizados con sábanas y puertas sin manillas
El 2 de octubre, una brigada de la PSP de Sintra, acompañada por la policía municipal y por los servicios de salud pública y de protección civil, entró en una residencia para mayores de Belas que ya había sido señalada por funcionar sin licencia. Según el comunicado policial, encontró a residentes aislados en sus habitaciones e inmovilizados con sábanas a sillones inadecuados para ese fin. Las puertas de los cuartos no tenían manillas ni por dentro ni por fuera: se abrían con un dispositivo extraíble guardado junto a los llaveros, lo que hace sospechar que los mayores quedaban encerrados por la noche. Los medicamentos se guardaban en neveras de comida, no había enfermería ni personal formado en cuidados geriátricos, y protección civil describió un edificio en avanzado estado de degradación, sin detección de incendios ni salidas de emergencia despejadas. Según el Correio da Manhã, vivían allí 32 personas. La gerencia alegó «motivos de seguridad». El caso está ya en manos del Ministerio Público. Y, según la cadena TVI, una semana después de la inspección los residentes seguían en el mismo lugar.
No es un episodio aislado, sino una rutina. En la noche del 29 de septiembre, la Seguridad Social retiró a 22 mayores de entre 80 y 89 años de una residencia ilegal en Olhão, en el Algarve, que llevaba alrededor de un año funcionando con comida y agua insuficientes y sin higiene ni cuidados básicos; según SIC Notícias, los inspectores lo habían intentado dos veces sin lograr entrar. En mayo cayeron otras dos en el distrito de Setúbal, con 11 y 13 residentes. En enero, un reportaje de la RTP destapó otra en Catribana, también en Sintra, con ancianos atados en la misma posición durante más de 14 horas. Ese centro ya tenía una orden de cierre y multas de 26.000 y 23.000 euros, y la Seguridad Social solo volvió a inspeccionarlo cuando los periodistas empezaron a hacer preguntas.
La magnitud del fenómeno la dio el semanario Expresso en julio de 2025, con datos del Ministerio de Trabajo: entre enero de 2020 y junio de 2025, la Seguridad Social inspeccionó 3.504 residencias y encontró 1.605 funcionando ilegalmente, alrededor del 45 %. Son 24 residencias clandestinas detectadas al mes durante cinco años y medio, de las que solo 128 se cerraron en el acto. La investigadora Carla Ribeirinho advertía entonces que podían ser «solo la punta del iceberg» y resumía el problema en una frase que debería estar enmarcada en el despacho de cualquier ministro: «Si se denuncian y se cierran, los residentes no tienen adónde ir».
Ahí está el nudo. Portugal no dispone de una red de residencias de gestión directa del Estado: la oferta financiada depende de las instituciones de solidaridad social, las IPSS. Según la Carta Social de 2023, los datos oficiales más recientes citados por el Diário de Notícias, esa red cubre apenas al 8,7 % de los mayores de 75 años, con ocupaciones superiores al 92 % y listas de espera que se cuentan en años. La cobertura conjunta de residencias, centros de día y ayuda a domicilio cayó en el continente del 12,5 % al 11,6 % entre 2019 y 2022, según el informe de la estrategia Portugal 2030. Quien no encuentra plaza concertada acude al mercado privado, donde la mensualidad media alcanzó en enero los 1.852 euros, un 10 % más que un año antes, según Lares Online, y donde el 70 % de las residencias no tiene vacantes, según Via Senior. Incluso en el sector social, una plaza puede costar 1.873,52 euros, de los que el Estado aporta 666,90. Con una pensión media de vejez que, como recordaba el DN, difícilmente supera los 600 euros, las cuentas no salen.
La demanda, mientras tanto, no espera. Los datos del Inquérito Nacional de Saúde sobre la población mayor, publicados por el INE el 1 de octubre, indican que el 45,9% de los portugueses de 65 años o más tiene dificultades para realizar al menos una tarea doméstica y el 16,9%, para su propio cuidado personal. El primer barómetro de demanda de Via Senior, presentado en julio, retrata cómo se toma la decisión: el 78 % de quienes ingresan tiene limitaciones funcionales, la mitad de los ingresos se resuelve en un máximo de 15 días y el 52 % de las familias con un presupuesto de hasta 1.500 euros acaba pagando más de lo previsto. Quien decide suele ser un hijo de entre 45 y 65 años, esa «generación sándwich» que cuida a la vez de sus padres y de sus hijos. Para la familia que no puede esperar años ni pagar 2.000 euros al mes, el centro clandestino del barrio no es una elección: es lo que queda.
Portugal no está de brazos cruzados. Con fondos del Plan de Recuperación se han firmado contratos para más de 8.000 nuevas plazas residenciales, según el informe de Portugal 2030. Pero la construcción avanza más despacio que el envejecimiento, y el sector mira a España. Via Senior propone un «cheque sénior» inspirado en nuestra Prestación Económica Vinculada al Servicio, la ayuda de la Ley de Dependencia que contribuye a pagar una plaza privada cuando la red pública no puede ofrecerla. El lector español conoce sus límites: los plazos de la valoración de la dependencia y unas cuantías que no siempre alcanzan para pagar la plaza. Pero tiene una virtud que Portugal necesita con urgencia: vincula el dinero público a centros legales y abre a las familias una alternativa al circuito clandestino.
La lección de Belas es incómoda para todos. Para el Estado, porque una inspección sin capacidad de realojo se convierte en un acta notarial del abandono: se certifica el maltrato y los ancianos siguen allí. Para la sociedad, porque estos centros funcionan a la vista de todos; en Olhão, según SIC Notícias, la situación irregular era conocida en el vecindario desde hacía un año. España aprendió en la primavera de 2020, de la forma más amarga, que las residencias son el eslabón más frágil del Estado del bienestar y que su vigilancia no puede descansar en la buena fe. Portugal necesita tres cosas a la vez: plazas de acogida de emergencia para que cerrar un centro no signifique dejar a nadie en la calle, financiación ligada a la persona y no solo al edificio, e inspecciones que no esperen a la denuncia ni a las cámaras de televisión.
Una sociedad no se mide por su superávit, sino por cómo trata a quienes ya no pueden quejarse. ¿Cuántos Belas más harán falta para que la falta de plazas deje de ser un problema de cada familia y se convierta, por fin, en un problema del Estado?
