El complemento de 720 euros: alivio necesario, examen pendiente para Portugal
El aumento del Complemento Solidario para Idosos mejora la red de seguridad
Portugal ha elegido el Día Internacional de la Persona Mayor para anunciar una medida de gran carga política y social: el valor de referencia del Complemento Solidario para Idosos (CSI) subirá 50 euros en 2027, hasta 720. Es la cuarta actualización desde 2024. En poco más de tres años, la referencia habrá pasado de unos 550 euros a 720. Para quien vive con una pensión muy baja, no es una cifra abstracta: puede ser la diferencia entre aplazar una compra necesaria y hacerla, entre pagar una factura completa o fraccionarla.
Conviene, sin embargo, poner el anuncio en su contexto. El CSI no es una pensión universal ni un aumento automático para todos los jubilados: es una prestación dirigida a mayores con recursos reducidos, cuyo importe completa los ingresos hasta un umbral. El Gobierno prevé que alcance aproximadamente a 248.000 beneficiarios y calcula que el gasto total de esta prestación superará los 700 millones de euros en 2027; solo el refuerzo anunciado costaría cerca de 100 millones. La magnitud presupuestaria confirma que ya no hablamos de una ayuda marginal, sino de una pieza estable de la política social portuguesa.
La decisión tiene una virtud evidente: concentra recursos allí donde cada euro rinde más bienestar. La pobreza en la vejez no se mide solo en la cuantía nominal de la pensión, sino en la capacidad de pagar vivienda, energía, alimentación, medicamentos y transporte. Un aumento selectivo puede corregir parte de la desigualdad que deja una carrera laboral marcada por salarios bajos, interrupciones de cotización o trabajo informal. Y tiene, además, una dimensión de género ineludible: las mujeres llegan a la jubilación con carreras más discontinuas y pensiones medias sensiblemente inferiores. En ese punto Portugal vuelve a recordar un problema que España conoce bien.
Hay asimismo una dimensión política que merece cautela. Las ayudas extraordinarias y los complementos son visibles, rápidos de anunciar y fáciles de convertir en símbolo de sensibilidad social. La sostenibilidad, en cambio, exige explicar cómo se financiarán en un país que envejece y que necesita invertir al mismo tiempo en salud, vivienda y productividad. No se trata de contraponer generaciones: una política responsable debe proteger hoy a quien no puede esperar y, a la vez, asegurar que quienes trabajan ahora no lleguen mañana a la misma inseguridad. La confianza se construye con cuentas claras y acuerdos que duren más que una legislatura.
Pero el éxito de una prestación focalizada depende de que llegue a quien tiene derecho. La brecha entre elegibilidad y acceso es uno de los grandes problemas de las ayudas sociales: personas que no solicitan el complemento por desconocimiento, por dificultades administrativas o porque consideran humillante declarar su precariedad. Subir el umbral sin simplificar el trámite deja intacta una parte de la pobreza invisible. Portugal debería aprovechar el aumento para revisar de oficio los casos potenciales, mejorar la comunicación en municipios y centros de salud y garantizar atención presencial para quienes no pueden resolver su vida ante una pantalla.
También hay una cuestión de diseño. El CSI alivia el ingreso mensual, pero no resuelve por sí solo el encarecimiento de la vivienda ni la dependencia. Una persona puede superar formalmente el umbral y seguir sin poder pagar un alquiler, una residencia o el transporte hasta una consulta médica. El debate portugués, como el español, suele separar pensiones, vivienda y cuidados en compartimentos administrativos. Para quien envejece, esas partidas forman una sola economía doméstica. La política pública debería medir la suficiencia no solo con la pensión, sino con el coste real de vivir y mantenerse autónomo en cada territorio.
El anuncio llega además mientras se discute el Presupuesto del Estado para 2027 y después de que las proyecciones apunten a que las pensiones de hasta 1.074 euros podrían subir por encima de la inflación si se cumplen las condiciones ligadas al crecimiento económico. La fórmula legal, que combina inflación y evolución del PIB, ofrece una protección automática valiosa, pero no elimina la incertidumbre: el resultado definitivo depende de los datos económicos y de precios. Para un jubilado, esperar a noviembre para saber cuánto recuperará no es una cuestión técnica cuando la compra semanal ya tiene un precio.
La lección para España no es copiar una cifra, sino observar la combinación de estabilidad y ambición. Portugal ha elevado el CSI varias veces y ha hecho visible una prioridad. Ahora debe evitar que el complemento se convierta en sustituto permanente de empleos dignos, cotizaciones suficientes y pensiones contributivas adecuadas. En España, donde también crecen los complementos y las ayudas vinculadas a rentas, la pregunta es idéntica: ¿estamos construyendo un suelo de derechos o administrando con parches una insuficiencia estructural?
Setenta y dos décadas de vida —o más— no deberían venir acompañadas de una prueba mensual de supervivencia. El aumento a 720 euros es un avance concreto y defendible. Su verdadera medida, sin embargo, no será el titular del anuncio, sino si permite vivir con menos miedo, si se solicita sin laberintos y si se integra con vivienda, salud y cuidados. Portugal ha dado un paso; el examen empieza cuando el presupuesto se convierta en derechos efectivos.
