Portugal regala a sus pensionistas con una mano lo que el BCE les quita con la otra
El primer ministro Luís Montenegro anunció un suplemento extraordinario a las pensiones más bajas
Hay semanas en las que la realidad portuguesa se pliega sobre sí misma con una ironía que ni el mejor fado podría mejorar. El martes 8 de septiembre, mientras la Assembleia da República debatía la tercera moción de censura que afronta Luís Montenegro en poco más de dos años de mandato —presentada por el partido de extrema derecha Chega y rechazada con los votos en contra de socialistas, liberales y la coalición gobernante—, el primer ministro decidió convertir la defensa en ataque y anunció dos medidas con las que pretendía acallar a sus críticos: un nuevo suplemento extraordinario para más de dos millones de pensionistas y una reducción del impuesto sobre la renta (IRS) hasta el sexto escalón. Coste estimado: 800 millones de euros, 400 por cada medida. Aplausos en la bancada del Gobierno. Titulares en los telediarios. Y la sensación, fugaz pero eficaz, de que alguien se ocupa de los jubilados.
Cuarenta y ocho horas después, el jueves 10 de septiembre, el Banco Central Europeo subió los tipos de interés en 25 puntos básicos, hasta el 2,5%, la segunda subida del año tras la de junio. Christine Lagarde justificó la decisión con un argumento inapelable: la inflación en la zona euro aceleró hasta el 3,3% en agosto, impulsada por los precios de la energía, que siguen desbocados por el conflicto en Oriente Medio y la tensión en el estrecho de Ormuz. Para las familias portuguesas con hipotecas a tipo variable —que son la mayoría—, la noticia se traduce en prestaciones mensuales más caras. Para los pensionistas, supone que el coste de la vida seguirá subiendo más deprisa que sus prestaciones. El coordinador del Bloco de Esquerda, José Manuel Pureza, lo resumió con una frase que hizo fortuna: el suplemento del Gobierno son «migalhas ya engullidas» por la subida de tipos.
Conviene diseccionar el suplemento para entender su alcance real. Según lo anunciado por Montenegro y confirmado por el ministro de Finanzas, Joaquim Miranda Sarmento, los pensionistas que perciban hasta un Indexante dos Apoios Sociais (IAS) —537,13 euros mensuales en 2026— recibirán en diciembre un pago único de alrededor de 200 euros. Quienes cobren entre uno y dos IAS (hasta 1.074,26 euros) recibirán unos 150 euros, y quienes se sitúen entre dos y tres IAS (hasta 1.611,39 euros) obtendrán 100 euros. Es el tercer año consecutivo que el Gobierno de la Aliança Democrática recurre a este mecanismo. Y esa repetición, lejos de ser una buena señal, revela la incapacidad política de convertir una ayuda extraordinaria en un derecho estructural. El propio Montenegro lo admitió en el Parlamento: el suplemento «aún no es permanente» porque hay que «preservar el equilibrio de las cuentas públicas».
Aquí reside la paradoja central. Portugal acaba de recibir una de las mejores noticias económicas de la última década: Fitch elevó su calificación soberana de A a A+, con perspectiva estable, un nivel que el país no ostentaba desde marzo de 2011. La agencia subraya la trayectoria de reducción de deuda —del 89,7% del PIB en 2025 al 82,9% previsto para 2028— y un crecimiento del empleo que lidera la Unión Europea, con un aumento del 1% en el segundo trimestre de 2026 según Eurostat. Si las cuentas están tan saneadas, ¿por qué el Gobierno no se atreve a blindar las pensiones con una subida estructural vinculada al coste de la vida, como hizo España en 2021 con la revalorización automática por IPC?
La respuesta es política, y tiene nombre y apellidos: inestabilidad parlamentaria. Un Gobierno minoritario que acumula tres mociones de censura en dos años no puede negociar reformas de calado con la oposición. El PS de José Luís Carneiro se abstuvo en la moción del Chega para evitar una crisis, pero no por lealtad al Ejecutivo: simplemente porque tres elecciones en tres años ya han agotado la paciencia de los portugueses. Esa frágil aritmética parlamentaria condena al país a gobernar a golpe de decreto puntual, sin horizonte legislativo para los grandes pactos que el envejecimiento demográfico exige. Y los jubilados, que representan casi una cuarta parte de la población lusa —los mayores de 65 ya superan el 24%—, son los grandes rehenes de ese bloqueo.
La comparación con España resulta inevitable y, para los lectores de este lado de la frontera, aleccionadora. El sistema español, pese a sus tensiones —la contribución de solidaridad intergeneracional, el mecanismo de equidad intergeneracional, el debate sobre la sostenibilidad del Fondo de Reserva—, ofrece una certidumbre que el portugués envidia: las pensiones suben por ley con el IPC. En 2027 podrían hacerlo un 3,2%, según las previsiones. Es caro, sí. Es discutible en el largo plazo, también. Pero da a los pensionistas algo que ningún bono extraordinario puede ofrecer: previsibilidad. Saber que la pensión de enero será más alta que la de diciembre, sin depender de que un primer ministro acorralado necesite un titular amable para salir de una moción de censura.
Mientras tanto, los números se encargan de erosionar la generosidad retórica. Con una inflación del 3,3% y una subida de pensiones del 2,8% a principios de año, el poder adquisitivo real de los pensionistas portugueses ya se ha contraído. La subida de tipos encarece el crédito —los juros de las hipotecas alcanzaron el 3,14% en julio, el séptimo mes consecutivo de aumento— y también encarece la deuda pública, lo que a medio plazo restringirá el margen de gasto social. Y Fitch, en el mismo informe en que celebra la solidez fiscal, advierte de que el gasto en Defensa —la OTAN quiere llevarlo al 5% del PIB para 2035— y el envejecimiento demográfico «añadirán presión significativa a las finanzas públicas». Traducción para mayores de 50: el colchón que hoy paga los bonos de diciembre mañana podría estar destinado a comprar fragatas.
Más de 1,6 millones de pensionistas portugueses cobran menos de 870 euros al mes. Para ellos, 200 euros en diciembre no son una anécdota: son la diferencia entre encender o no la calefacción. Pero la pregunta que debería desvelar a cualquier senior atento, en Lisboa o en Madrid, no es cuánto valdrá el próximo bono, sino cuándo Portugal —y Europa— dejará de tratar las pensiones como una variable de ajuste electoral para convertirlas en lo que deberían ser: un derecho blindado, previsible y suficiente. La moción de censura ha sido rechazada. El bono está anunciado. Pero la inflación no entiende de debates parlamentarios, y los tipos de interés tampoco votan.
