Superávit histórico y precios por las nubes: la paradoja portuguesa que castiga a los pensionistas

Portugal acaba de cerrar 2025 con un superávit presupuestario del 0,7% del PIB, el segundo mayor de su historia democrática, y ha reducido su deuda pública por debajo del 90%. El ministro de Finanzas, Miranda Sarmento, calificó las cifras de "absolutamente históricas". Sin embargo, a pocas manzanas de los despachos ministeriales, una pensionista calcula si puede permitirse comprar aceite de oliva esta semana. El cabaz essencial —la cesta de productos básicos portuguesa— ha alcanzado máximos históricos, superando los 254 euros. Nunca fue tan caro alimentarse en Portugal.

La paradoja es tan cruel como reveladora. Un Estado que presume de disciplina fiscal y salud macroeconómica convive con una ciudadanía que ve cómo su poder adquisitivo se erosiona semana tras semana. Y quienes más sufren esa erosión son, como siempre, quienes viven de ingresos fijos: los pensionistas. Porque la inflación no distingue entre estadísticas y neveras, y una pensión media portuguesa —que ronda los 580 euros mensuales— no crece al mismo ritmo que el precio del gasóleo, la leche o las verduras.

El desencadenante inmediato de esta espiral tiene nombre propio: Oriente Medio. La escalada bélica entre Estados Unidos e Irán ha disparado el precio del petróleo, y el gasóleo —el combustible más utilizado en la Península Ibérica— ha subido ya 45 céntimos en Portugal, superando los 2 euros por litro. La energía es el hilo que tira de todos los precios: transporte de mercancías, calefacción, producción agrícola. Todo sube. Y como ha documentado el semanario Expresso, el cabaz alimentar portugués ha subido 12,49 euros solo desde enero de 2026. Si retrocedemos a 2022, la diferencia es de más de 66 euros. Para un jubilado que destina el 40% o más de su pensión a alimentación, estas cifras no son abstractas: son la diferencia entre comer fruta fresca o renunciar a ella.

Mientras tanto, las grandes corporaciones portuguesas —Sonae, Jerónimo Martins, Galp, EDP— siguen registrando beneficios récord. La distribución alimentaria, el sector energético y la gran superficie no solo han absorbido la inflación, sino que han aumentado sus márgenes. A esto se suma una decisión política de calado: el Gobierno de Luís Montenegro redujo el impuesto de sociedades (IRC), con los votos favorables de PSD, Chega, Iniciativa Liberal y CDS. Según estimaciones parlamentarias, esta rebaja supondrá que el Estado recaude 300 millones de euros menos al año. Trescientos millones que podrían haberse destinado a complementos de pensiones, a aliviar el coste de los medicamentos o a garantizar calefacción digna para los más vulnerables.

La analogía con España es inevitable y dolorosa. También aquí vivimos la tensión entre las grandes cifras macroeconómicas y la realidad cotidiana de millones de jubilados. España, al menos, ha ligado la revalorización de sus pensiones al IPC real, una decisión que, con todos sus defectos, protege parcialmente el poder adquisitivo de los mayores. Portugal carece de un mecanismo automático equivalente de esa contundencia. Las actualizaciones de las pensiones portuguesas dependen en buena medida de decisiones gubernamentales anuales, lo que convierte cada ejercicio presupuestario en una ruleta para millones de personas. Es significativo que, mientras España debate cómo financiar la sostenibilidad de su sistema de pensiones a largo plazo, Portugal ni siquiera ha resuelto cómo garantizar que la pensión de hoy cubra la cesta de la compra de mañana.

A esta fotografía inquietante hay que añadir un horizonte que no mejora. El Parlamento Europeo ha confirmado esta semana que Portugal recibirá menos fondos comunitarios a partir de 2028, como consecuencia del nuevo marco financiero plurianual de la UE. Solo ocho Estados miembros escaparán a los recortes, y Portugal no está entre ellos. Es decir: menos dinero europeo para cohesión social, para infraestructuras sanitarias, para políticas de envejecimiento activo. Y todo ello en un país donde un tercio de la población tiene ya más de 60 años y donde el índice de envejecimiento es de los más altos de Europa.

Hay una pregunta que el Gobierno de Lisboa no puede seguir eludiendo: ¿para qué sirve un superávit si no protege a quienes más lo necesitan? La disciplina fiscal no es un fin en sí misma; es un medio para garantizar servicios públicos de calidad, pensiones dignas, un sistema sanitario que funcione. Presumir de cuentas saneadas mientras los pensionistas recortan en alimentación y calefacción no es buena gestión: es indiferencia con traje de rigor presupuestario. Portugal tiene hoy margen fiscal; la cuestión es si tiene voluntad política para usarlo en favor de quienes construyeron el país durante décadas y ahora descubren que el país no les devuelve lo que les debe.

También las rentas de vivienda golpean con fuerza. En los últimos cinco años, los alquileres han subido un 76% en Portugal. Un T1 (equivalente a nuestro piso de un dormitorio) cuesta de media 800 euros mensuales. Para un jubilado que se queda viudo en una gran ciudad y necesita mudarse a algo más pequeño, el mercado inmobiliario se ha convertido en un muro. Y el Banco de Portugal ha alertado esta misma semana de que comprar vivienda exige ya un esfuerzo superior al 40% del ingreso mediano. Los mayores, atrapados entre pensiones insuficientes y un mercado de vivienda desbocado, ven cómo se estrecha el espacio vital en el que pueden envejecer con dignidad.

La lección portuguesa es clara y conviene que la escuchemos desde España: el equilibrio presupuestario sin justicia social no es progreso, es contabilidad. Los dos mil millones de euros de superávit que celebra Miranda Sarmento son, para millones de pensionistas portugueses, una cifra tan abstracta como lejana. Lo que ellos miden no son décimas del PIB, sino céntimos en el supermercado. Y esos céntimos, esta semana, vuelven a jugar en su contra.