La clasificación de la seguridad privada como profesión de riesgo es una necesidad urgente basada en la realidad operativa de sus funciones. A continuación, presento los puntos clave para fundamentar esta petición formal:

Justificación de riesgo laboral

​Exposición a la violencia: los vigilantes enfrentan agresiones físicas, robos a mano armada y conflictos sociales, siendo a menudo la primera línea de respuesta ante el delito.

Funciones de auxilio: colaboran estrechamente con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, asumiendo peligros similares en la protección de infraestructuras críticas y espacios públicos.

​Penosidad y turnicidad: el trabajo nocturno y las jornadas extensas generan un desgaste psicofísico que aumenta la vulnerabilidad ante incidentes críticos.

Mortalidad y lesiones: las estadísticas muestran un incremento constante en las bajas laborales derivadas de intervenciones directas y actos de servicio.

Beneficios de la calificación

​Coeficientes reductores: permitiría el acceso a una jubilación anticipada digna debido al desgaste físico y mental.

Protección jurídica: reforzaría la cobertura legal y las indemnizaciones en caso de incapacidad derivada del servicio.

Reconocimiento social: dignifica el sector y profesionaliza una labor esencial para la convivencia ciudadana.

Conclusión

No es una cuestión de estatus, sino de seguridad y justicia social. Un vigilante que arriesga su integridad cada día merece el respaldo legal de una profesión de riesgo.

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