Discriminación y maltrato a los mayores

Las personas mayores tienen los mismos derechos y libertades que el resto de la ciudadanía, pero en la práctica, a menudo se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad a la hora de ejercitar estos derechos debido a factores como la pobreza, la discapacidad, la enfermedad o el aislamiento social. Por este motivo, CCOO defiende la relevancia de los tres aspectos que engloba la protección jurídica: La formación en derechos, la orientación ante un problema concreto y la tutela judicial.

Pueden darse múltiples formas de maltrato, físico, psíquico, emocional o sexual, así como el abuso de confianza en cuestiones económicas. A pesar de la escasez de estudios que valoren la magnitud de la problemática, existen informes que permiten afirmar que la mayor parte de los agresores son las personas cuidadoras, cónyuges o parientes cercanos y que la mayor parte de las víctimas son mujeres y especialmente aquellas de mayor edad.

Se trata de una problemática que ha permanecido invisibilizada ya que pasa casi inadvertida, siendo relegada al ámbito de lo privado. Por eso llamamos a la necesidad de definir, detectar y resolver estas discriminaciones y potenciar el papel que cumplen los servicios de atención primaria de salud y los servicios sociales.

Desde la Federación Estatal de Pensionistas de CCOO no cesaremos en nuestro trabajo hasta conseguir un modelo socio-sanitario bajo la coordinación y supervisión de los servicios públicos de salud. La reorganización de los centros de atención de personas dependientes. La atribución a la jurisdicción social de los litigios en materia de Dependencia. Para ello es fundamental el Dialogo Social para que estas medidas se tomen en el menor tiempo posible.

En España se han venido introduciendo una serie de medidas y figuras jurídicas de protección para las personas mayores, que pese a no ser muy conocidas, van ganando relevancia como recurso.

La Ley de Protección Patrimonial de las Personas con Discapacidad pretende una mayor protección a las personas mayores o personas con discapacidad y su patrimonio a través de figuras como el patrimonio protegido y sus ventajas fiscales, autotutela y poderes en previsión de la propia discapacidad o demencia, novedades sucesorias, contrato de alimentos o el derecho de habitación.

El envejecimiento representa un nuevo reto también para los servicios jurídicos que han de atender las especificidades de las personas mayores. El desarrollo de mejores sistemas de información, orientación y protección jurídica de la población anciana se hace cada vez más importante.

Para ello, es necesario promover el trabajo tanto de diagnóstico, como de desarrollo de recursos como el divulgativo y la colaboración entre profesionales de diversos ámbitos es esencial. Sin olvidar que para resolver estas discriminaciones hay que potenciar el papel que cumplen los servicios de atención primaria de salud y los servicios sociales.