Ver o no ver. Puede parecer una adaptación demasiado sencilla de la célebre pregunta de Shakespeare, pero para muchas personas mayores la cuestión es bastante menos literaria y mucho más cotidiana. Ver bien significa poder leer, reconocer a las personas, desplazarse con seguridad, utilizar un teléfono móvil, hacer una gestión bancaria, acudir al médico, coger un autobús o, sencillamente, seguir desenvolviéndose con autonomía.

Por eso, cuando hablamos de salud visual no estamos hablando únicamente de gafas. Estamos hablando de autonomía, prevención, participación social y calidad de vida.

Hemos recibido positivamente la ampliación económica del Plan VEO, porque parte de un principio que compartimos plenamente: las dificultades económicas no deberían convertirse en una barrera para acceder a una adecuada corrección visual.

Actualmente, el programa contempla ayudas de hasta 100 euros anuales para gafas o lentillas destinadas a menores de hasta 16 años con problemas de refracción y derecho a asistencia sanitaria pública. Además, dentro de la población destinataria, la ayuda no está condicionada por la renta familiar. Es decir, se reconoce que cuidar la visión es suficientemente importante como para evitar que el coste económico dificulte el acceso a estos productos sanitarios. Esto creemos que es un avance.

Pero precisamente porque compartimos su finalidad, creemos que merece la pena plantear una pregunta: ¿por qué detenernos a los 16 años?

Si aceptamos que unas gafas constituyen una necesidad relacionada con la salud y que su coste puede representar una barrera económica, deberíamos preguntarnos qué sucede en el otro extremo de la vida.

Porque cumplir años no hace desaparecer la necesidad de ver bien. Más bien sucede lo contrario.

El deterioro de la capacidad visual está estrechamente relacionado con el envejecimiento y sus consecuencias pueden afectar directamente a la independencia de las personas mayores. Una visión adecuada facilita las actividades de la vida diaria, permite desplazarse con mayor seguridad y resulta cada vez más necesaria para acceder a información, servicios públicos, aplicaciones móviles y otros recursos digitales.

Hay además una cuestión económica que no podemos ignorar. Recordemos que e indicador AROPE en 2025, nos situaba la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social en personas mayores de 65 años en un 21,3% para las mujeres y de un 16,5% para los hombres.

Para una persona que vive con una pensión reducida, cambiar unas gafas puede suponer un desembolso importante. Y cuando hay que elegir entre diferentes gastos cotidianos, renovar unas gafas cuya graduación ya no es adecuada puede terminar aplazándose.

Lo que aparentemente es un ahorro puede acabar teniendo un coste mucho mayor.

Una mala visión puede limitar la autonomía, dificultar las relaciones sociales y aumentar las dificultades para desenvolverse en una sociedad crecientemente digitalizada. Por eso, invertir en salud visual también debe entenderse como una forma de prevenir situaciones de dependencia y favorecer un envejecimiento activo y saludable.

Por eso proponemos no retirar ni reducir las ayudas destinadas a los niños. Todo lo contrario. No queremos entrar en esa peligrosa dinámica de enfrentar generaciones para decidir quién merece más protección.

Los derechos de unos no deben construirse a costa de los derechos de otros.

Lo que proponemos es ampliar la mirada.

Si hemos sido capaces de reconocer la necesidad de garantizar la salud visual durante la infancia, podemos avanzar hacia un modelo que contemple la salud visual a lo largo de toda la vida.

Por eso proponemos estudiar la creación de un verdadero “Plan VEO para mayores”, que podría prestar especial atención a pensionistas y personas mayores con menores ingresos. No necesariamente tendría que reproducir exactamente el mismo modelo destinado a los menores. Las necesidades y circunstancias son diferentes y, precisamente por ello, deberían analizarse y atenderse específicamente.

Se trataría de avanzar progresivamente hacia una cartera de salud visual más amplia, capaz de incorporar las necesidades asociadas al envejecimiento y de evitar que una persona deje de utilizar unas gafas adecuadas simplemente porque no puede permitírselas.

Esta cuestión tiene además una dimensión de equidad intergeneracional.

Una sociedad que aspira a ser inclusiva no puede considerar la salud visual esencial en una etapa de la vida y secundaria en otra únicamente en función de la fecha de nacimiento. Las políticas públicas deben responder a las necesidades reales de las personas y acompañarlas durante todo su ciclo vital.

En CEOMA llevamos años defendiendo que envejecer con dignidad significa poder conservar durante el mayor tiempo posible la capacidad de decidir, participar y vivir de manera autónoma. Para conseguirlo necesitamos políticas de prevención, entornos accesibles, participación social, competencias digitales y, naturalmente, una atención sanitaria que tenga en cuenta las necesidades específicas que aparecen con la edad.

Y para muchas personas, todo eso empieza por algo aparentemente tan sencillo como poder ver bien.

El Plan VEO ha abierto una puerta interesante. Nuestra propuesta es que no la cerremos cuando se cumplen 16 años.

Ampliemos la perspectiva. Hagamos de la salud visual una política que acompañe a las personas durante toda su vida y que proteja especialmente a quienes tienen menos recursos.

Porque, al final, ver o no ver no debería depender ni de la edad ni del dinero que tengamos en el bolsillo.

Esa es la cuestión.