Coalición Canaria reclama que los ayuntamientos sigan pudiendo vender viajes del Imserso
El Gobierno eliminó esta posibilidad
Coalición Canaria ha registrado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para instar al Gobierno a dar marcha atrás en la supresión de las reservas de viajes del Imserso a través de los ayuntamientos, según ha informado Europa Press.
La formación nacionalista exige que se restablezca este cauce directo de gestión local para evitar que las personas mayores queden desprotegidas o afronten solas trámites digitales complejos.
El origen del conflicto se remonta al pasado mes de mayo, cuando el Instituto de Mayores y Servicios Sociales –dependiente del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que encabeza Pablo Bustinduy– notificó a las administraciones locales el fin de los convenios de colaboración vigentes para el Programa de Turismo Social.
El organismo justificó la extinción de estos acuerdos alegando motivos jurídicos: sostenía que no se ajustaban a las exigencias de la disposición adicional de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público de 2015.
Frente a esta decisión, Coalición Canaria subraya que estos convenios locales llevaban operando tres décadas con éxito, facilitando el acceso a las vacaciones a centenares de vecinos en distintos municipios de las islas.
A juicio del partido, suspender este mecanismo municipal traspasa toda la carga de la gestión a los propios usuarios, lo que perjudica de forma grave a las personas mayores y restringe su acceso igualitario de cara a la campaña 2026-2027.
Por este motivo, la iniciativa parlamentaria pide al Ministerio y al Imserso mantener transitoriamente la colaboración con los consistorios mientras se busca una salida consensuada.
Paralelamente, la formación solicita abrir una mesa de negociación inmediata con los ayuntamientos, los cabildos, la Federación Canaria de Municipios (FECAM) y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para adecuar los textos a la normativa vigente.
Asimismo, la propuesta reclama blindar la atención presencial, la orientación personalizada y el respaldo municipal en todo el proceso de inscripción, con el objetivo de garantizar que ninguna persona de edad avanzada quede excluida por barreras económicas, administrativas o por la brecha digital.
No es el primer partido que la presenta
El pasado 4 de junio el Grupo del Partido Popular en el Congreso ya presentó también una Proposición no de Ley, en la que se explica que hay "142 entidades locales adheridas" afectadas. Estarían distribuidas territorialmente de la siguiente manera, indican: 29 municipios en Canarias, 27 en Castilla y León, 26 en Cantabria, 16 en la Comunidad de Madrid, 14 en Andalucía, 11 en Galicia, 9 en Cataluña, 6 en Extremadura, 2 en Castilla-La Mancha, 1 en Aragón y 1 en La Rioja, evidenciando su especial implantación en territorios con elevada dispersión geográfica y envejecimiento poblacional".
En el texto, el grupo popular asegura que las razones dadas por el Ejecutivo –es decir, la necesidad de adecuarse a la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público– no son convincentes.
La proposición del PP señala que el Gobierno utilizaría esta legislación como excusa para ocultar una supuesta inacción administrativa.
En concreto, destacan la contradicción de que el actual Ejecutivo justifique la desaparición del servicio basándose en esta normativa, pero que, en paralelo, no se hayan adaptado los convenios al nuevo marco legal, permitiendo que se siga operando con normalidad durante más de once años tras la entrada en vigor de la ley, mediante "sucesivas prórrogas tácitas".
Por este motivo, exigen al Gobierno que adapte los convenios al régimen jurídico de la Ley 40/2015 en un plazo máximo de seis meses para dotarlos de plena seguridad jurídica, para así poder seguir prestando el servicio.
"El único punto cercano donde recibir ayuda"
No sólo el PP y Coalición Canaria se han mostrado públicamente en contra de esta postura. En declaraciones a 65YMÁS, el procurador en las Cortes de Castilla y León y portavoz y secretario general de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, sostenía "rotundamente" la necesidad de mantener la colaboración con los ayuntamientos en la gestión de los viajes del Imserso, denunciando que su supresión supone un abandono de este colectivo e "ignorar", una vez más, "a los habitantes de la España Vaciada".
Según el portavoz, el Gobierno incurriría en una contradicción al realizar promesas sobre el mundo rural mientras ejecuta actuaciones que "se olvida de nosotros sistemáticamente" y nos "vacía", advirtiendo con dureza que "si quieren cerrar los pueblos, que se atrevan a decirlo".
Ceña subrayaba que, para muchos pensionistas del ámbito rural, los ayuntamientos representan "el único punto cercano donde recibir ayuda, información y acompañamiento" ante las barreras digitales, la falta de cobertura y la ausencia de transporte público.
En este sentido, afirmaba que la tramitación municipal "posibilita una distribución territorial" más equilibrada y defiende que "perder esos convenios supone una pérdida de un servicio de proximidad que tenía un valor social mucho mayor que el mero reparto de plazas", marcando en muchos pueblos "la diferencia entre viajar o no viajar".
