Viajes del Imserso: los ayuntamientos presionan para que les devuelvan la gestión de las reservas
Defienden que la ayuda que prestan es de gran utilidad para los mayores de las zonas más rurales
Los municipios no se resignan a dejar de ayudar a los mayores para hacer sus reservas en los viajes del Imserso.
Este apoyo llevaba prestándose desde hace años por parte de más de un centenar de localidades, muchas de ellas, en zonas rurales del país.
En concreto, era de especial utilidad para quienes tenían más edad, no manejaban con soltura las nuevas tecnologías o vivían en entornos con escasa conexión a internet.
Ahora bien, el Gobierno ha tomado este año la decisión de que, a partir de la próxima temporada 2026-2027, los trámites pasarán a ser gestionados únicamente por las agencias.
Una decisión que no ha sido del agrado de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), cuyo secretario general Luis Martínez-Sicluna, se ha reunido ya dos veces con la directora del Imserso, Mayte Sancho, para trasladarle la inquietud de los ayuntamientos afectados.
El último encuentro –el primero tuvo lugar en el marco de la Cumbre de Ciudades Amigables a mediados de junio– se ha celebrado este jueves, y en él, Martínez-Sicluna habría reiterado la posición de la federación y trasladado las peticiones de varios ayuntamientos y federaciones territoriales, en especial Canarias y Cantabria, sobre este asunto.
Según fuentes de la FEMP, se habría pedido al Ejecutivo ser "flexibles", no dar este asunto "por zanjado" y buscar "algún tipo de posibilidad" para que los municipios puedan seguir ayudando a los mayores, pero no se habría llegado a ningún acuerdo concreto.
Por su parte, desde el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, aseguran a este diario que la reunión con la FEMP fue "para buscar de manera conjunta mecanismos que puedan fortalecer la colaboración del Imserso con las entidades locales de cara a la gestión del programa, de tal forma que los ayuntamientos y los municipios cuenten con la información y las herramientas necesarias que les permitan continuar facilitando en la medida de lo posible el acceso de las personas mayores al programa, con un acompañamiento durante el proceso de presentación de las oportunas solicitudes y el proceso de reserva y compra de los viajes, prestando toda la colaboración posible".
Y apuntan que "desde el Imserso se continúa trabajando para que todas las personas usuarias puedan acceder a los viajes del programa de la manera más sencilla posible, evitando las situaciones que se puedan presentar al respecto derivados de la brecha digital, o de las dificultades inherentes a las zonas rurales o afectadas por la despoblación, como el acceso a las tecnologías o la falta de infraestructuras y servicios. En esa dirección, se trata de avanzar en la implementación de soluciones que puedan dar una efectiva respuesta a esas cuestiones, con el objetivo de facilitar el proceso de solicitud y reserva de los viajes para que las personas usuarias puedan acceder a los viajes del programa".
El mecanismo de colaboración
Cabe recordar que el mecanismo de colaboración, que data de 1989, se basaba en un convenio suscrito entre la FEMP y el entonces Instituto Nacional de Servicios Sociales –ahora Imserso– para gestionar la reserva de plazas.
Mediante este acuerdo, al que se fueron adhiriendo ayuntamientos a través de convenios específicos, las entidades locales se convertían en un instrumento de proximidad, prestando asistencia presencial y ayudando con los trámites.
La justificación del Gobierno para suspenderlo
Según explican desde el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a 65YMÁS, la medida de acabar con este mecanismo respondería a la necesidad de cumplir con el marco jurídico vigente: estos acuerdos se consideraban legalmente extinguidos al no haberse adaptado a la Disposición Adicional octava de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público.
Ante esta situación, el Gobierno argumenta que no es posible "mantener este instrumento en las condiciones en las que venía funcionando".
Además, el Ministerio subraya que los viajes ya programados para la temporada 2025/2026 "no se ven afectados por este cambio" y garantiza que los usuarios que participaban a través de sus ayuntamientos ya están integrados en el sistema y "podrán seguir participando sin necesidad de intermediación municipal".
Según afirman, el objetivo de esta reestructuración es avanzar hacia un modelo "más homogéneo, evitando diferencias territoriales" provocadas por los cupos vinculados a convenios locales, garantizando así un acceso "en condiciones de igualdad" para todos.
Frente a la preocupación mostrada por algunos consistorios sobre la exclusión tecnológica de las personas mayores, el Ministerio afirma que "el modelo de acceso al Programa no depende del uso de medios electrónicos ni genera barreras en este sentido".
Así, indican, para asegurar una "accesibilidad efectiva", el sistema se basará en tres pilares tradicionales: los usuarios recibirán una "comunicación individualizada" por carta, dispondrán de un "canal de atención telefónica" para resolver dudas, y podrán formalizar la reserva en agencias de viajes físicas "sin exigencias tecnológicas".
No sólo la FEMP, PP, Soria ¡Ya! y los mayores se oponen
Cabe recordar que no sólo los municipios criticaron la medida del Gobierno. El pasado 4 de junio el Grupo del PP en el Congreso presentó una Proposición no de Ley, en la que se explica que hay "142 entidades locales adheridas" afectadas. Estarían distribuidas territorialmente de la siguiente manera, indicaban: 29 municipios en Canarias, 27 en Castilla y León, 26 en Cantabria, 16 en la Comunidad de Madrid, 14 en Andalucía, 11 en Galicia, 9 en Cataluña, 6 en Extremadura, 2 en Castilla-La Mancha, 1 en Aragón y 1 en La Rioja, evidenciando su especial implantación en territorios con elevada dispersión geográfica y envejecimiento poblacional".
En el texto, el grupo popular aseguraba que las razones dadas por el Ejecutivo –es decir, la necesidad de adecuarse a la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público– no eran convincentes.
La proposición señalaba que el Gobierno utilizaría esta legislación como excusa para ocultar una supuesta inacción administrativa.
Destacaban la contradicción de que el actual Ejecutivo justifique la desaparición del servicio basándose en esta normativa, pero que, en paralelo, no se hayan adaptado los convenios al nuevo marco legal, permitiendo que se siga operando con normalidad durante más de once años tras la entrada en vigor de la ley, mediante "sucesivas prórrogas tácitas".
Por este motivo, exigían al Gobierno que adaptase los convenios al régimen jurídico de la Ley 40/2015 en un plazo máximo de seis meses para dotarlos de plena seguridad jurídica, para así poder seguir prestando el servicio.
Por su parte, en declaraciones a 65YMÁS, el procurador en las Cortes de Castilla y León y portavoz y secretario general de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, sostenía, a mediados del mes de junio, la necesidad de mantener la colaboración con los ayuntamientos en la gestión de los viajes del Imserso, denunciando que su supresión supone un abandono de este colectivo e "ignorar", una vez más, "a los habitantes de la España Vaciada".
Según el portavoz, el Gobierno incurriría en una contradicción al realizar promesas sobre el mundo rural mientras ejecuta actuaciones que "se olvida de nosotros sistemáticamente" y nos "vacía", advirtiendo con dureza que "si quieren cerrar los pueblos, que se atrevan a decirlo".
Ceña subrayaba que, para muchos pensionistas del ámbito rural, los ayuntamientos representan "el único punto cercano donde recibir ayuda, información y acompañamiento" ante las barreras digitales, la falta de cobertura y la ausencia de transporte público.
En este sentido, afirmaba que la tramitación municipal "posibilita una distribución territorial" más equilibrada y defiende que "perder esos convenios supone una pérdida de un servicio de proximidad que tenía un valor social mucho mayor que el mero reparto de plazas", marcando en muchos pueblos "la diferencia entre viajar o no viajar".
Finalmente, el presidente de la Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya y miembro del Comité Asesor de 65YMÁS, Josep Carné, también entendía que "sería conveniente explorar fórmulas de colaboración entre el Imserso y las entidades locales que permitan mantener la proximidad en la atención sin renunciar a la eficiencia administrativa".
De lo contrario, indicaba, "se pierde un canal de atención presencial de proximidad que muchos mayores utilizaban para informarse, así como tramitar documentación o resolver incidencias, Los ayuntamientos actúan en muchos casos como intermediarios de confianza, ayudando a evitar errores en solicitudes".
"Aunque el programa mantiene sus canales ordinarios de gestión, consideramos que cualquier reforma debería garantizar que ningún mayor quede excluido por razones de distancia, brecha digital o falta de acompañamiento", concluía.
