Los ayuntamientos dejarán de poder gestionar las reservas de los viajes del Imserso a partir de la próxima temporada 2026-2027.

El Ejecutivo ha suspendido el sistema que permitía a los consistorios adscritos asistir a los usuarios en estos trámites. 

Desde el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 aseguran a 65YMÁS que la medida no constituye una decisión discrecional ni un cambio de criterio, sino que responde a la necesidad de cumplir con el marco jurídico vigente: estos acuerdos se consideran "legalmente extinguidos" al no haberse adaptado a la Disposición Adicional octava de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público.

Además, informan desde el Ministerio, los viajes ya programados para la temporada 2025/2026 no se verán afectados y los usuarios que participaban mediante las entidades locales ya constan en las bases de datos del Programa, por lo que podrán continuar accediendo a las plazas sin necesidad de intermediación municipal y en igualdad de condiciones que el resto de los beneficiarios.

Los municipios se oponen

Ahora bien, la decisión no ha sido bien recibida por las entidades locales, asociaciones de mayores y partidos políticos como el PP o Soria ¡Ya!.

Según han recordado desde la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en un comunicado, el apoyo que ofrecían las localidades era crucial "para las zonas con menor acceso a internet o para usuarios que no se manejan con las nuevas tecnologías".

El mecanismo de colaboración, que data de 1989, se basaba en un convenio suscrito entre la FEMP y el entonces Instituto Nacional de Servicios Sociales –ahora Imserso– para gestionar la reserva de plazas.

Mediante este acuerdo, al que se fueron adhiriendo ayuntamientos a través de convenios específicos, las entidades locales se convertían en un instrumento de proximidad, prestando asistencia presencial y ayudando con los trámites. 

Un apoyo, que resultaba de relevancia, sobre todo, en el entorno rural, donde no siempre hay agencias físicas, y para las personas, de este centenar de municipios, que no tenían un acceso sencillo a internet.

En una reunión celebrada este lunes 15 de junio con la directora del Imserso, Mayte Sancho, el secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Luis Martínez-Sicluna, le trasladó la inquietud de 120 municipios y de algunas federaciones territoriales por la suspensión de los convenios –en mayo la de Cantabria expresó públicamente su disconformidad con dicha decisión–. 

Según explican en un comunicado de la FEMP, ambos habrían acordado "mantener un próximo encuentro para articular, dentro del marco jurídico vigente, la posibilidad de que los ayuntamientos puedan seguir prestando este servicio".

Proposición no de Ley

Desde el Partido Popular también han mostrado su malestar con la medida. El pasado 4 de junio el Grupo del Partido Popular en el Congreso presentó una Proposición no de Ley, en la que se explica que hay "142 entidades locales adheridas" afectadas. Estarían distribuidas territorialmente de la siguiente manera, indican: 29 municipios en Canarias, 27 en Castilla y León, 26 en Cantabria, 16 en la Comunidad de Madrid, 14 en Andalucía, 11 en Galicia, 9 en Cataluña, 6 en Extremadura, 2 en Castilla-La Mancha, 1 en Aragón y 1 en La Rioja, evidenciando su especial implantación en territorios con elevada dispersión geográfica y envejecimiento poblacional".

En el texto, el grupo popular asegura que las razones dadas por el Ejecutivo –es decir, la necesidad de adecuarse a la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público– no son convincentes.

La proposición del PP señala que el Gobierno utilizaría esta legislación como excusa para ocultar una supuesta inacción administrativa.

En concreto, destacan la contradicción de que el actual Ejecutivo justifique la desaparición del servicio basándose en esta normativa, pero que, en paralelo, no se hayan adaptado los convenios al nuevo marco legal, permitiendo que se siga operando con normalidad durante más de once años tras la entrada en vigor de la ley, mediante "sucesivas prórrogas tácitas".

Por este motivo, exigen al Gobierno que adapte los convenios al régimen jurídico de la Ley 40/2015 en un plazo máximo de seis meses para dotarlos de plena seguridad jurídica, para así poder seguir prestando el servicio.

"El único punto cercano donde recibir ayuda"

No sólo el PP se ha mostrado públicamente en contra de esta postura. En declaraciones a 65YMÁS, el procurador en las Cortes de Castilla y León y portavoz y secretario general de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, sostiene "rotundamente" la necesidad de mantener la colaboración con los ayuntamientos en la gestión de los viajes del Imserso, denunciando que su supresión supone un abandono de este colectivo e "ignorar", una vez más, "a los habitantes de la España Vaciada".

Según el portavoz, el Gobierno incurriría en una contradicción al realizar promesas sobre el mundo rural mientras ejecuta actuaciones que "se olvida de nosotros sistemáticamente" y nos "vacía", advirtiendo con dureza que "si quieren cerrar los pueblos, que se atrevan a decirlo".

Ceña subraya que, para muchos pensionistas del ámbito rural, los ayuntamientos representan "el único punto cercano donde recibir ayuda, información y acompañamiento" ante las barreras digitales, la falta de cobertura y la ausencia de transporte público.

En este sentido, afirma que la tramitación municipal "posibilita una distribución territorial" más equilibrada y defiende que "perder esos convenios supone una pérdida de un servicio de proximidad que tenía un valor social mucho mayor que el mero reparto de plazas", marcando en muchos pueblos "la diferencia entre viajar o no viajar".

Los mayores se oponen

Tampoco la medida convence a los mayores. El presidente de la Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya y miembro del Comité Asesor de 65YMÁS, Josep Carné, entiende que "sería conveniente explorar fórmulas de colaboración entre el Imserso y las entidades locales que permitan mantener la proximidad en la atención sin renunciar a la eficiencia administrativa". 

De lo contrario, indica, "se pierde un canal de atención presencial de proximidad que muchos mayores utilizaban para informarse, así como tramitar documentación o resolver incidencias, Los ayuntamientos actúan en muchos casos como intermediarios de confianza, ayudando a evitar errores en solicitudes". 

"Aunque el programa mantiene sus canales ordinarios de gestión, consideramos que cualquier reforma debería garantizar que ningún mayor quede excluido por razones de distancia, brecha digital o falta de acompañamiento", afirma.

"En ningún caso va a suponer un perjuicio"

Ante la preocupación "trasladada por algunos ayuntamientos sobre una posible brecha digital", desde el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 puntualizan a este diario que "resulta importante precisar que el modelo de acceso al Programa no depende del uso de medios electrónicos ni genera barreras en este sentido".

Por el contrario, sostienen, los usuarios recibirán comunicaciones individualizadas en sus domicilios. "Este mecanismo elimina la necesidad de realizar gestiones complejas o digitales para acceder al Programa", apunta.

Además, afirman que esta modificación no restringe el acceso al Programa, sino que cambia el modelo de intermediación, trasladando las funciones de los ayuntamientos a operadores especializados.

En ese sentido, la reserva podrá también realizarse de forma íntegra en agencias de viajes físicas y se contará con un servicio de información telefónica, donde "resolver dudas y acompañar al usuario durante el proceso, facilitando el acceso en términos materiales".

"En definitiva, se trata de una adaptación necesaria al marco jurídico vigente que, al mismo tiempo, consolida un modelo más uniforme, accesible y equitativo, sin afectar al acceso real de las personas usuarias al Programa", justifican, asegurando que evita "diferencias territoriales derivadas de la existencia de cupos vinculados a convenios locales" y que, "en ningún caso, va a suponer un perjuicio".