Los impulsores de la ILP contra el maltrato al mayor piden el apoyo de la ONU y de Europa

Cuentan con el respaldo de más de 50 instituciones en España

Córdoba se suma a la ILP para una Ley de Protección Integral contra el maltrato a personas mayores (Bigstock) Miia

La Asociación por el Bienestar de la Tercera Edad (ABTE Candelaria) ha trasladado una petición formal a la Organización Mundial de la Salud (OMS), al Consejo de Europa y a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para recabar su respaldo institucional a favor de una futura Ley de Protección Integral contra el Maltrato a las Personas Mayores en España.

La solicitud se ha articulado mediante una carta formal y un dosier técnico ejecutivo basado en el Libro Blanco de la Estrategia Nacional por el Buen Trato y la Protección de las Personas Mayores, con el objetivo de que estos organismos emitan un pronunciamiento o recomendación que ayude a consolidar este marco legislativo.

Cabe recordar que la organización, que impulsó previamente una ILP para crear una legislación frente a esta lacra social, también están recogiendo, en paralelo, firmas a través de la plataforma Change.org. 

Un marco legal único

Así, desde ABTE advierten de que la dispersión regulatoria actual dificulta brindar una respuesta coordinada, ágil y eficaz ante episodios de abuso, negligencia, abandono o vulneración de derechos, ya se produzcan en el entorno familiar, residencial, sanitario o institucional.

La entidad señala la necesidad de trascender las intervenciones parciales y reactivas para dar paso a un cuerpo normativo específico, homogéneo y transversal que garantice la protección jurídica desde la prevención hasta la reparación efectiva.

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Los cuatro ejes de la propuesta legislativa

El dosier técnico remitido a las instancias internacionales estructura la protección en cuatro pilares operativos:

  • Prevención: Impulso de campañas de sensibilización social, formación especializada de profesionales y erradicación del edadismo.
  • Detección temprana: Implantación de protocolos de actuación coordinados entre los ámbitos sanitario, social, residencial, judicial y de fuerzas de seguridad.
  • Atención integral: Garantía de asistencia sanitaria, psicológica, jurídica y social adaptada a las necesidades específicas de las víctimas.
  • Sanción y reparación: Establecimiento de responsabilidades claras e instrumentos eficaces para restituir derechos y reparar los daños físicos, psicológicos, patrimoniales e institucionales.

Respaldo de más de 50 instituciones 

La propuesta presentada por la asociación cuenta con el respaldo documentado de más de 50 corporaciones y entidades de relevancia pública, entre las que se encuentran instituciones parlamentarias, administraciones territoriales, universidades, sociedades científicas, colegios profesionales y organizaciones del tercer sector.

Asimismo, recalcan, la iniciativa se fundamenta en los principios de dignidad humana, la integridad física y moral, los estándares europeos de derechos humanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030).